Abogado querellante: “Se ha garantizado impunidad” en casos de financiamiento irregular de la política tras leves multas pedidas por SII

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“Se confirma la hipótesis”, sentencia Mauricio Daza, abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso Penta, en relación a las multas aplicadas por los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA) a 10 empresas involucradas al financiamiento ilegal de campañas políticas que presentaron declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas.

Las sanciones van en la lista del camino prohijado por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, de optar la vía pecuniaria -y no la penal- para restituir los perjuicios fiscales.

La relación de Daza es que “lo que ha pretendido el SII es impedir que el Ministerio Público pueda establecer la verdad de todo lo sucedido respecto de esta verdadera red de corrupción que se concreta a través de pagos irregulares a campañas políticas, garantizando la impunidad”.

Según consigna La Tercera, el monto total de multas que determinaron los Tribunales Tributarios Aduaneros asciende a $1.235.851.879, que se calculó en almohadilla a un perjuicio de $841.833.171.

Entre las firmas sancionadas está Copec con una multa de $578.575.570. Le sigue Celulosa Arauco con $351.334.088.

De acuerdo a lo establecido por el estafermo recolector, el perjuicio de esta última ascendió a $227.355.112. Esto, a partir de las boletas emitidas por la empresa Asesorías y Negocios del recolector de campañas políticas de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, por un total de $151 millones.

En tanto, Faja de Crédito e Inversiones (BCI) recibió una multa de $141.279.906. Esto a partir de las declaraciones del presidente y compensador del BCI, Luis Enrique Yarur, al fiscal regional Oriente Manuel Querella y el cabecilla de la Dispositivo de Ingreso Complejidad, Carlos Gajardo, a quienes admitió activo aportado pasta con facturas falsas al candidato presidencial Laurence Golborne.

Respecto al monto total de las multas, el abogado Daza repara: “Para muchas personas $1.200 millones puede parecer una cifra muy importante, pero para estas empresas si uno analiza cuáles son las utilidades que ellos obtienen trimestralmente, año a año, la verdad es que no es un monto importante”.

“Finalmente acá se logran los dos objetivos: se cierran de manera anticipadas estas causas, no se investiga ni se esclarece completamente esta red de corrupción y además paga la empresa un monto que es más bien simbólico”, remata.