Caso Junaeb escala y testimonio apunta a presiones de Escalona para adjudicar contrato directo a empresa de propiedad de un militante socialista

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El 16 de marzo de 2015, el ex senador socialista Camilo Escalona y el entonces director de la Trabazón Doméstico de Auxilio Escolar y Becas, José Miguel Serrano (DC), sostuvieron dos conversaciones telefónicas que ahora son claves en el ámbito del caso Junaeb.

Los diálogos entre los dos están consignados en un referencia que pidió la Fiscalía de Suscripción Complejidad Oriente a la PDI sobre el tráfico telefónico de Serrano.

Al ex director de la Junaeb se le exigió la renuncia luego de que se descubriera un sobrepago de $2.000 millones en una adjudicación por trato directo a empresas proveedoras de alimentos.

Por lo precedente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda por supuesto fraude al Fisco.

Según revela hoy La Tercera, existen numerosos testimonios que apuntan a presiones políticas para que Serrano contratara a la empresa Verfrutti S.A., de propiedad del militante socialista Pedro Moreira, por un monto cercano a los $16.000 millones para distribuir raciones de alimentos en la VIII Región.

De acuerdo a informes de la Contraloría y la propia fiscalía, el precio determinado era $9 mil millones más caro que el tope presupuestario establecido en las licitaciones previas declaradas desiertas. Incluso, fue $2 mil millones viejo que la más económica entre las 12 empresas que postularon al trato directo.

De las doce, sólo fueron evaluadas tres por instrucción de Serrano. Estas eran: Hendaya, Verfrutti y Coan. Ganó una combinación de las propuestas de Hendaya y Verfrutti de $25.000 millones anuales, para entregar desayunos y almuerzos a 185 mil alumnos de escasos bienes.

La entonces abogada del Área Forense de Junaeb, Carol Vargas (DC), cuestionó que se adjudicara el servicio a Verfrutti.

“Finalizada la reunión me dirigí a la oficina de José Miguel Serrano, donde en privado le manifesté mi disconformidad con la dilema de Verfrutti, señalándole textualmente que ‘cómo se te ocurre elegir a Verfrutti, que tiene una oferta nueve mil millones de pesos más cara y que técnicamente era peor’. Obteniendo como respuesta: ‘Esto no es un cargo sólo técnico, sino que también es político’. Agregando Serrano: ‘Qué quieres que haga si está Escalona’. Frente a esta respuesta le señalé que me dejara fuera del proceso y que no quería retener nulo del trato directo”, declaró.

Óscar Soto (DC), contemporáneo asesor de la diputada Yasna Provoste y entonces coordinador común de Junaeb, admitió favor recibido presiones incluso en los meses previos: “En diciembre de 2014 o enero de 2015, Serrano me llamó a una reunión en su oficina, ubicada en calle Antonio Varas 153, segundo piso, instancia en la cual me señaló que necesitaba mi apoyo para adjudicar el trato directo a dos empresas. Una de ellas Verfrutti. La otra, al parecer, fue Hendaya. Pero con seguridad Verfrutti fue una de las nombradas por Serrano. Este apoyo fue argumentado por José Miguel Serrano Silva, debido a que este había recibido una solicitud del ex senador y vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, para adjudicar el trato directo a estas empresas”.

“Cabe señalar que hubo una segunda reunión en su oficina, donde me reiteró que necesitaba mi apoyo para adjudicar este trato directo, obteniendo como respuesta por mi parte, en ambas oportunidades, que yo no me prestaba para ningún juego que no fuera el procedimiento legal. Refiriéndome a tal hecho con el término ‘tolerancia cero’ (…), En enero de 2015 viajé a Europa con mi familia y en dicha instancia recibí un WhatsApp de Sebastián Pérez (abogado de Junaeb), que me señalaba que Serrano estaba haciendo ‘maldades’ con el trato directo”, agregó.

Por su parte, Sebastián Pérez, ex director procesal de Junaeb, fue más directo señalando que el acuerdo a Verfrutti se adjudicó por criterios políticos y no técnicos: “Los funcionarios Cecilia Alvarado (jefa de la Unidad Técnica de Alimentación) y Paula Moncada (jefa del Departamento de Recursos) representaron a Serrano que Verfrutti no daba la suficiente garantía, debido a su historial como proveedor, por el contrario, Hendaya sí se manifestó que era una empresa con capacidad y solvencia. No obstante, Serrano nos señaló que Verfrutti había presentado una mejor oferta para las manipuladoras de alimentos y una Carta Gantt que aseguraba comida caliente desde el primer día de servicio. Estos antecedentes fueron expuestos por Serrano verbalmente, sin respaldo documental. Serrano dijo en la mesa que, en definitiva, se adjudicaba al menos una unidad territorial a Verfrutti”.

“Una vez terminada la reunión, en privado consulté a José Miguel Serrano el porqué de la elección de Verfrutti, respondiéndome que ‘yo tenía que entender que su puesto era político y que la elección de Verfrutti era una decisión política’”, sentenció.

“Lo descarto completamente”

Escalona negó poseer intercedido en patrocinio de la empresa. “(A Serrano) lo vi dos o tres veces (en la Universidad Miguel de Cervantes), hablamos cosas triviales, cosas académicas, porque él había hecho el curso que yo hice, que era enseñarles a los alumnos el proceso legislativo. Era una cosa enteramente académica, no tenía nada que ver con otras cosas”.

Asimismo, dijo que no tenía ningún cargo ejecutor en el PS ni de representación popular.

Consultado por Pedro Moreira, el dueño de Verfrutti, Escalona afirmó a LT: “Lo conocí en El Bosque, precisamente porque él era responsable de entregar alimentación en la comuna cuando yo era diputado. Y ahí mantuvimos vínculos amistosos hasta el presente”.

Según el registro de llamados telefónicos de la PDI, hay cinco conversaciones entre Moreira y el entonces director doméstico de la Junaeb.

Eugenio Painevilo, ingeniero de Junaeb, declaró que “el 10 de febrero (de 2015), en horas de la perplejidad, llegó a mi escritorio el secretario caudillo de Junaeb, José Miguel Serrano. Me consultó cuáles eran las empresas ganadoras, contestándole que necesitaba aplicar maniquí de optimización matemático, lo que requería más tiempo. No obstante, Serrano, argumentando que no había tiempo, me solicitó analizar ciertas ofertas, consultando en todo momento por la ofrecimiento de la empresa Verfrutti. Al día ulterior, Cecilia Alvarado y Sebastián Pérez representaron a Serrano que Verfrutti no debía ser adjudicada, adecuado a su mal desempeño como proveedor de Junaeb. No obstante, Serrano señaló a los presentes que ‘yo soy el director y soy yo el que toma la decisión’. Determinando que el decorado número 8 era el que correspondía asignar a Verfrutti y Hendaya por $ 25.433.824.173, agregando que el equipo técnico y judicial se debía encargar de razonar esta atrevimiento”.

A sumario de Claudia Arancibia, del Sección de Suministro, “con esta situación se vulneró el principio de igualdad de los oferentes”.

Por su parte, Cecilia Alvarado, del Área de Comida, testificó que le pareció extraño que cuando Serrano informó a Pedro Moreira que se había adjudicado el convenio le pidió subir el bono a las manipuladoras de alimento de $ 67.500 a $ 75.000, para equipararlo con el bono que ofrecía Hendaya. “Serrano le solicitó a Moreira que aumentara un bono de las manipuladoras. Le advertí al director de esta situación, debido a que las ofertas son públicas y cualquier empresa o persona se podía dar cuenta de que Verfrutti presentó una oferta que fue modificada una vez adjudicada”.