España: 3 escenarios posibles ante el pleno que celebra el parlamento de Cataluña

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La atención y la tensión son máximas en Cataluña y en el conjunto de España frente a la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, en el parlamento regional prevista para este martes.

¿Declarará la independencia tal y como establece la ley del referéndum aprobada por el parlamento catalán y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional castellano?

Los resultados del referéndum sobre la independencia de Cataluña del pasado 1 de octubre en esta región del noreste de España dieron la vencimiento al sí: un 90% fueron favorables entre las 2,3 millones de personas que acudieron a las urnas (un 43% del censo).

Pero algunas voces en el interior del gobierno, como el guía Santi Vila, han pedido en los últimos días dar una “última oportunidad al diálogo”, reflexionar sobre la utilidad de una manifiesto de independencia y que las dos partes no tomen decisiones “unilaterales”.

La vicepresidenta del gobierno castellano, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó en una entrevista radiofónica: “Si se declara unilateralmente la independencia, esto no va a producir efectos, y le corresponde al gobierno de España, a través del Senado, adoptar medidas”.

En el edicto independentista, la presión es robusto para que Puigdemont aplique lo que establece la ley del referéndum.

La Asamblea Doméstico Catalana, una estructura ciudadana que ha demostrado gran capacidad de movilización, convocó para este martes una concentración a las puertas del parlamento para defender la proclamación de independencia.

Y la CUP, el pequeño partido independentista que sostiene al gobierno catalán, afirmó este lunes que “hay que aplicar los resultados del referéndum vinculante y eso significa aprobar una declaración de independencia”.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

1. Una enunciación fragmentario de independencia

La ley de referéndum establece una confesión de independencia formal por parte del parlamento, pero en el orden del día solo aparece la comparecencia de Puigdemont para “informar sobre la situación política actual”.

No hay previsión de votación y, por eso, todos los focos están puestos sobre su persona.

Si el presidente Puigdemont anuncia una testimonio particular de independencia, según la ley catalana se daría inicio a un “proceso constituyente”.

Entraría entonces en vigor la conocida como ley de transitoriedad jurídica, una norma suprema que sería de aplicación hasta el redactado de una nueva Constitución y que establece que Cataluña es una “república de derecho, democrática y social”.

Esta manifiesto, sin bloqueo, no sería reconocida por el gobierno castellano, que ya ha anunciado que tomará medidas.

La posibilidad más citada es la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para afectar al gobierno catalán a cumplir con sus obligaciones, es proponer, comportaría la suspensión al menos parcial de la autonomía.

Aunque “nadie sabe exactamente qué puede comportar esto, porque nunca se ha aplicado”, le dice a BBC Mundo Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Anejo al artículo 155, hay otras posibilidades más drásticas, como la aplicación de la Ley de Seguridad Doméstico, que según Arbós permitiría, en una repaso laxa, la admisión de las competencias de la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra.

Según como se desarrollen los acontecimientos, dice Arbós, “es indeseable políticamente, pero no descartable como hipótesis, la detención de algún miembro del gobierno” catalán.

Encima de la reacción que puedan tener los distintos poderes del Estado, el gobierno catalán se enfrentaría con la dificultad inmediata de hacer efectiva la independencia.

Esto lo reconoció el expresidente catalán, Artur Mas, en una entrevista con el Financial Times.

“Para ser independientes hacen falta unas cuantas cosas que todavía no tenemos: el control del territorio, de las infraestructuras, de las aduanas y de las fronteras, la capacidad… el hecho de que la gente pague impuestos a la Hacienda catalana y una administración de Justicia que haga cumplir las leyes del parlamento catalán”.

Arbós considera que “es imposible que se haga efectiva” una revelación de independencia.

“En noviembre, por ejemplo, los trabajadores autónomos tienen que presentar su declaración trimestral del IVA”, señala.

“¿Tiene la Hacienda catalana los datos de los contribuyentes? ¿Tiene los datos de los beneficiarios de las pensiones? ¿Tiene dinero para pagar?”.

Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y una de las personas elegidas por el gobierno catalán para supervisar el referéndum, ve tres inconvenientes en caso de una exposición fragmentario de independencia.

El primero es la reacción “muy contundente” que se produciría por parte del gobierno Castellano.

El segundo tiene que ver con la legalidad de los resultados.

“Es verdad que no fue un referéndum con todas las garantías, aunque no fue por negligencia del gobierno catalán sino del gobierno español que trató de que nadie fuera a votar”, asegura.

El tercero tiene que ver con la capacidad de “asegurar el control efectivo del territorio y de la aceptación por parte de siete millones de ciudadanos” de su condición en el interior de un nuevo Estado catalán.

Pero, asegura este catedrático, “hay más de dos millones de personas que votaron en el referéndum y que no pueden ser abandonadas”, por lo que es “inimaginable” que el gobierno catalán no reconozca de alguna forma esos resultados.

2. Una información “en diferido” o “simbólica”

Esta posibilidad fue sugerida este miércoles por Ramón Tremosa, diputado en el parlamento europeo del PdeCat, el partido de Puigdemont.

“El gobierno catalán puede declarar la independencia y suspender sus efectos por un tiempo para negociar después un referéndum acordado con el Estado”, declaró en una entrevista a Onda Vasca recogida por Efe.

Tremosa puso el ejemplo de Eslovenia donde, según su visión, se declaró la independencia y a los pocos días se dejó en suspensión para pactar un referéndum con Belgrado, haber de la antigua Yugoslavia.

Una opción como esta, o similar, igualmente la contempla Vintró: que el gobierno catalán “no renuncie a su objetivo, pero abra un compás de espera para apelar a sentarse a negociar para lograr un referéndum acordado”.

“Se puede decir que el referéndum no se pudo celebrar con todas las garantías porque el Estado español no te lo ha dejado hacer”, asegura.

“La declaración de independencia unilateral la veía con una alta probabilidad la semana pasada”, explica a BBC Mundo Lluis Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.

“Ahora, parece que el independentismo está buscando un escenario intermedio que implique no saltarse su propia legalidad, es decir, la ley de transitoriedad y la ley del referéndum, pero que no conlleve consecuencias a las que tiene miedo”, asegura Orriols.

El enunciado exacto y la forma que comportaría una testimonio de este estilo son una quid.

“La pregunta es cómo reaccionaría el gobierno español”, dice Orriols. “Yo creo que el Estado va a reaccionar, o bien mediante la anulación de la autonomía por la vía de los hechos, como ya está haciendo, o bien aplicando el 155 desde una perspectiva legal”.

3. Ni proclamación de independencia ni 155, mediación o elecciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este lunes al presidente del gobierno castellano, Mariano Rajoy, que renuncie a aplicar el artículo 155 y a intervenir formalmente la autonomía catalana.

Colau incluso se dirigió al presidente catalán para decirle que los resultados del 1 de octubre “no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, pero “constituyen la posibilidad de abrir un diálogo y una mediación internacional”.

La alcaldesa advirtió sobre “la crisis institucional más grave que se ha producido en este país desde la recuperación de la democracia” y dijo que no es momento de “choque de trenes” sino de diálogo.

El presidente castellano, Mariano Rajoy, dejó claro en una entrevista con El País el pasado fin de semana que no va a negociar “mientras no se vuelva a la legalidad”.

Pepe Fernández Albertos, politólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ve “muy difícil una desescalada inmediata” de la tensión.

Para Albertos, la desarrollo de la situación en las próximas semanas dependerá de cómo se vaya modificando la correlación de fuerzas en Cataluña.

“Si hay un deterioro económico, político e institucional, puede ser que una parte del mundo soberanista se vaya bajando del barco”, asegura.

Este politólogo cree que unas nuevas elecciones autonómicas son la “solución natural” al conflicto inmediato.

Es la misma opción que pide el diario El Circular en su editorial de este martes: que en superficie de una revelación de independencia, Puigdemont anuncie la convocatoria de elecciones.

Pero unas nuevas elecciones no implican necesariamente un cambio de mayorías en Cataluña, por lo que su capacidad para desencallar la situación a día de hoy siquiera es evidente.

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