Harasic “Dos Caras”: decano representa a Anglo American aunque afirmó que dejaría causas privadas tras defender a dueños de Penta

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Al decano de la Permiso de Derecho de la Universidad de Pimiento, Davor Harasic, le llueve sobre mojado. Desde el lunes 16 de octubre, los estudiantes de la atribución mantienen tomado el edificio sito en Pío Quejica. Mientras el calor de las elecciones Fech se toma el clima universitario, los futuros abogados de dicha casa de estudios alegan equivocación de democracia interna, una postura “totalitaria” por parte del decano y auguran una musculoso crisis por el plan de implementación del aumento en 200 cupos de la matrícula para el año 2018.

Pero esto no es todo, esta semana se consolidó un rumor que hace meses corría por los pasillos de la mano de Pío Noveno. El decano Harasic continúa ejerciendo su punto como abogado de grandes empresas del sector privado. Rol que fue fuertemente criticado por la comunidad de derecho, en particular por su trabajo como defensor de Carlos Lavín y Carlos Délano, dueños del holding Penta, el sonado caso que destapó la término de investigación por financiamiento irregular de la política, en el año 2014.

Según consta en un documento dirigido a la Corte Suprema, firmado por el decano, el lunes 23 de octubre habría ingresado un alegato en representación de Anglo American. En el escrito anuncia su “alegato de 120 minutos, por los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos por esta parte”.

La información encendió aún más la vehemencia entre los dirigentes de la toma, ya que fue el mismo decano Harasic quien, durante su campaña, se habría comprometido a dejar a un flanco sus actividades privadas mientras estuviera en el cargo. Los estudiantes aseguran que este interpretar no se condice con el rol de un decano “de una universidad pública” y menos si se hace “abiertamente a favor de transnacionales, lo considero cuestionable”, manifiesta Juan Cristóbal Cantuarias, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.

Harasic ya cargaba con la marca estudiantil de ser el “abogado de Penta que ganaba $60 millones” y que “defendía a los corruptos”, cuando fue parte de la sociedad Harasic & López, el estudio legal que representó a los dueños del referido holding y que dejó de existir en octubre de 2016, cuando se separó de su socio, José Ignacio Escobar. Un hecho que habría intentado dejar detrás, al fundar, a fines del año pasado, el estudio Harasic, Medina, Dal Pozzo & López Abogados, firma de la cual es socio, inmediato a su hijo Iván Harasic.

Al ser consultado por su actividad como abogado representante de Anglo American, Davor Harasic respondió que “efectivamente, durante los dos primeros años de mi decanato, yo dejé el ejercicio de la profesión. Transcurridos los dos primeros años y consolidado el equipo directivo, me di cuenta de que no había incompatibilidad en ser decano y ejercer”, explicó.

El decano agrega que “siempre supe que no había incompatibilidad legal o reglamentaria, ahora constaté que, además, no hay incompatibilidad de ningún género”. Lo que le ha permitido “defender a la Universidad (de Chile), en el proceso ChileCompras, a alumnas acosadas, querelladas por el profesor exonerado por los abusos, y acudir ante el Tribunal Constitucional, para defender la legalidad de proyecto de aborto por tres causales, entre otras causas”.

Las caras de Harasic

El problema en la dirección de Harasic, sostienen desde el mundo purista de Pío Mojigato, es la división de su alma: entre el mundo de la punto pública y el prueba privado de su profesión. Aseguran que, a pesar de que ha tenido una impronta de “defensor de la educación pública”, todavía ha defendido a más de alguna figura del mundo empresarial cuestionada, “lo que simplemente no se condice”.

En su carrera pública destaca su paso por la ONG Pimiento Transparente, la que presidió. Se postuló al cargo de Fiscal Doméstico en 1999 y fue presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al que representó en el caso “Pinocheques”.  Tras una serie de conflictos con Clara Szczaranski, en el situación del caso de la homicidio del senador Jaime Guzmán y las labores de inteligencia de la Oficina de Seguridad Pública, más conocida como “La Oficina”, Harasic dejó el CDE.

En el mundo privado, el decano –anejo con el abogado Raúl Tavolari– fue parte de la defensa de 22 entidades bancarias que se querellaron en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), por una serie de medidas que buscaban mejorar la reglamento del sector financiero. Adicionalmente, Harasic defendió a Ricardo Claro en un juicio contra del diario La Nación por “injurias graves con publicidad”, por el reportaje “Los top ten. La cara civil de la tortura”, denuncia que fue desestimada en 2008 por la jueza Blanca Rojas.

La críticas a la desidia de diálogo y la anulación de cualquier espacio para la negociación, parecen ser la tónica en este conflicto. Esta semana los académicos resolvieron no sentarse a negociar con los estudiantes, con 8 votos a distinción de la negativa, 5 abstenciones y 2 votos en contra. Desde el decanato siquiera parece salir humo blanco e indican que “la senda del diálogo supone condiciones de normalidad. Es claro que existe voluntad de reanudar el diálogo, pero una vez se nos permita retomar las actividades diarias de la facultad”.

Estas dos almas parecen ser incluso su impronta durante su paso por la potencial de Pío Quejica. El decano fue popular a fines de la plazo de los 2000 entre los estudiantes. Las movilizaciones, para él, claramente no son una novedad, pues apoyó activamente la toma contra el ex decano Roberto Nahum. Hasta colaboró monetariamente y llevaba pizzas a los estudiantes, que entonces eran liderados por el flagrante diputado Gabriel Boric. Tenía triunfo de ser un “negociador duro, viejo zorro”, pero no intransigente, razón por la cual las actitudes poco dialogantes y la aplicación de un protocolo antimovilizaciones no les cuadran a muchos de sus cercanos.

Durante su campaña impulsó un discurso pro universidad pública y recalcó la falta del fortalecimiento de estas instituciones. Planteó que el aumento de matrícula apunta directamente a dicho fortalecimiento, pero al interior de la Poder de Derecho algunos se muestran desconfiados con algunas medidas y adquisiciones. “La proliferación de plasmas innecesarios, tiendas con merchandising, como las universidades gringas”, y una incesante búsqueda por acercarse más al maniquí de la Aprobación de Bienes y Negocios (FEN), “no es propio de su discurso público, sobre todo cuando hay facultades muy precarizadas”, agregan desde la institución.

Indican que intenta implementar un maniquí de universidad-empresa, transformando a la licencia en “una máquina productora para los estudios jurídicos”. Añaden que ha “administrado la facultad como un patrón de fundo”, respaldado por un equipo colegial y burócrata que lo acompaña desde la Universidad Adolfo Ibáñez y que traería consigo una impronta ‘mercantilista’”.

Un enfoque que alejaría aún más a la Genio de Derecho de los títulos y la situación en genérico de la Universidad de Pimiento. Cerca de subrayar que dicha prerrogativa es una de las que cuenta con anciano financiamiento y donaciones, posteriormente de la FEN, y hasta el mismo sueldo de Harasic es uno de los más altos entre los decanos de la casa de estudios. Una ambivalencia que debe ser resuelta con prontitud, “si desea postular a la rectoría de la Universidad”, apuntan desde la mano.

Derecho sin derecho a toma

El clima en la Aquiescencia de Derecho es tenso. Los estudiantes que, por lo caudillo en octubre de cada año, ponen todas sus fuerzas en aventajar las elecciones de la Fech, hoy se encuentran en pie de extirpación en contra del decano Harasic. Manifiestan que, pese a que en un inicio trajo consigo una impronta de proceso y modernización a la entidad, principalmente a nivel de malla, con el paso del tiempo fue revelando una inspección mercantilizada, “muy al estilo gringo” y “autoritaria” al interior de la que llaman “la Facultad de Derecho del país”.

Los problemas comenzaron a principios de este año, cuando en enero –mientras los estudiantes cesaban sus actividades académicas– se aprobó el “Protocolo de entusiasmo en caso de afectarse el ordinario funcionamiento de la Universidad”. El documento establece que, en caso de movilizaciones o paros estudiantiles, se mantendrán las actividades académicas de docencia, investigación y extensión. Precisa que no están “autorizadas las funas” ni manifestaciones “ruidosas” que busquen obstaculizar las clases. Adicionalmente, aclara que, si se produce una toma, los profesores están autorizados a realizar clases virtuales.

Para el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho es necesario revisar este protocolo, al que califica como un “instrumento para oprimir a los estudiantes”. Es más, aseveran que, en el caso de esta toma, no ha habido diálogo, más allá de una reunión durante la semana pasada, en la cual las autoridades les señalaron que no dialogarían mientras estuvieran en toma. Ni siquiera han convocado a los comités mediadores, incluidos en el protocolo implementado por Harasic, destaca el estudiante.

Claudio Moraga, vicedecano de la aptitud, asegura que “no han prohibido las manifestaciones de los estudiantes”. Explica que es “un protocolo con reglas básicas que deben aplicarse frente a un evento que interrumpa las actividades universitarias (…) cuyo es el caso de la toma actual”, encima afirma que “los representantes estudiantiles reconocen la validez del protocolo”.

Otro de los conflictos, que propició la toma en la Universidad de Derecho de la Universidad de Pimiento, es la implementación del aumento de matrícula para la carrera en 200 cupos para el año 2018. Una medida que tuvo detractores y adherentes al interior de la entidad. Un familia de académicos y estudiantes se mostraron reacios a la valentía. Los profesores Pablo Ruiz-Tagle, Miguel González y Álvaro Fuentealba aseguraron –por medio de una carta– que lo dispuesto “no se ajusta al Plan de Desarrollo constitucional vigente” y que se adoptaría “sin tener las condiciones materiales y de infraestructura necesarias para su implementación”, explica la misiva.

La medida dividió a los estudiantes. El centro de estudiantes, dirigido por las juventudes de la Nueva Mayoría y otras fuerzas, como Izquierda Autónoma –reconocida por su cercanía con Harasic tras la toma de 2009–, apoyaron y recalcaron el aporte para la educación pública de la medida. Desde otras fuerzas, “más ligadas a la izquierda”, se criticó desde un inicio la descuido de décimo de los estamentos en la toma de definición y, asimismo, la forma en la que se iba a implementar.

Diferencias que no parecen deber sido superadas, ya que Juan Cristóbal Cantuarias critica la implementación de un horario dual, en el que los estudiantes de primer y segundo abriles tendrán clases en la mañana, y el resto, en las tardes, lo que complicaría principalmente a quienes trabajan y son deportistas. Adicionalmente, el sistema de aplicación incluye la matanza del horario de desayuno, lo que es “perjudicial, porque son espacios de encuentro de la comunidad universitaria y porque los deportistas también entrenan”, agrega Cantuarias.

Jaime Labra, representante de la Asociación de Funcionarios de la U. de Pimiento, filial Derecho, puntualiza que “tanto funcionarios como estudiantes hemos manifestado apoyar el fortalecimiento de la educación pública, pero ese aumento de matrícula, que es solo uno de los problemas que ocurren en la facultad, es un proceso delicado, que merece la participación de toda la comunidad y no la imposición unilateral de la administración”.

Delante este conflicto, el vicedecano Claudio Moraga explica que en el Consejo de Cátedra se aprobó la creación de una comisión “que velará por la correcta implementación de la medida de aumento de matrícula 2018 (…). Los representantes estudiantiles se restaron desde un inicio de participar en la comisión”, asegura.

La críticas a la desidia de diálogo y la anulación de cualquier espacio para la negociación, parecen ser la tónica en este conflicto. Esta semana los académicos resolvieron no sentarse a negociar con los estudiantes, con 8 votos a privanza de la negativa, 5 abstenciones y 2 votos en contra. Desde el decanato siquiera parece salir humo blanco e indican que “la senda del diálogo supone condiciones de normalidad. Es claro que existe voluntad de reanudar el diálogo, pero una vez se nos permita retomar las actividades diarias de la facultad”.

Este jueves, los estudiantes realizarán una nueva consulta para ver si se continúa con la toma. En la última ratificación participaron 1.134 estudiantes, 930 apoyaron la toma y 201 votaron en contra.