Jueces y fiscales estudian llevar a Chile a la CIDH por congelamiento de sus sueldos más altos

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“Discriminación arbitraria” es de lo que acusan al gobierno las asociaciones de Magistrados y de Fiscales por excluir a sus  funcionarios que ganan más de 4,4 millones de pesos del reajuste de 3,2% para el sector sabido, por lo que no descartan denunciar al Estado de Pimiento delante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así lo indicó el abogado Hernán Bosselin, quien representa a ambas entidades, durante su alegato delante el Tribunal Constitucional en el ámbito de los requerimientos que éstas presentaron contra el artículo 1 de la Ley 20.975 del Ocupación de Hacienda y que se refiere precisamente al incremento de las remuneraciones de los empleados fiscales.

Una vez que el organismo presidido por el ministro Iván Aróstica se pronuncie sobre dichos requerimientos, continuará la tramitación de dos fortuna de protección cuya tramitación está suspendida y que fueron interpuestos en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Desde la Asociación de Fiscales se indicó que la vía de la CIDH es una opción que se evaluará conjuntamente con la asociación de jueces dependiendo del informe del TC y cuando se agoten las vías judiciales internas, es afirmar, con el pronunciamiento final de la Corte Suprema.

En tanto, durante los alegatos delante el TC, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rodrigo Quintana, desestimó los argumentos de los requirientes, indicando que no existe tal disciminación, ya que la norma se aplica a todos los funcionarios públicos, incluyendo a ministros, subsecretarios, consejeros del consejo de defensa del estado y ministros de otros tribunales.

Y en declaraciones consignadas por el portal DiarioConstitucional.cl, afirmó que “si hubiera una restricción y en eso quiero ser muy categórico, aunque no le guste a mi querida contraparte, es que esta plenamente justificada de acuerdo a la Constitución hacer reducciones a las remuneraciones de los empleados públicos del Estado”.