Justicia española cita por sedición al jefe de Policía autonómica de Cataluña

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Una jueza de la Audiencia Doméstico española citó como investigado por “sedición” al dirigente de la Policía autonómica de Cataluña, Josep Lluis Trapero, por el asedio a la Consejería de Heredad durante un registro de las Fuerzas de Seguridad para impedir el ilegal referéndum independentista.

Fuentes de la Audiencia Doméstico confirmaron que la magistrada Carmen Lamela citó a Trapero el próximo viernes, unido a los presidentes de las dos asociaciones más importantes en las movilizaciones independentistas de Cataluña, Jordi Sánchez, de la Asamblea Doméstico Catalana (ANC) y Jordi Ciuxart, de Omnium Cultural, así como a un intendente de la Policía catalana.

Los hechos ocurrieron el pasado día 20 de septiembre, cuando una multitud rodeó la Consejería de Patrimonio mientras la Retén Civil la estaba registrando por orden contencioso, en una operación para impedir el ilegal referéndum independentista, que finalmente se celebró el 1 de octubre.

Tras esta concentración, que retuvo a los agentes durante horas en el edificio, la Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la sentenciador la admitió a trámite al entender que el fin final de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno.

La enjuiciador pidió el noticia de la Protección Civil, que incluye hasta seis solicitudes de apoyo a la Policía catalana (Mossos d’Esquadra) en relación con esos incidentes, con escuetas respuestas de que se había poliedro trámite.

Durante la concentración se destrozaron tres coches de los agentes, que según comunicaron a los Mossos, tenían “armas largas” que, si los manifestantes hubieran accedido a los vehículos, “podría incrementarse la amenaza de forma muy importante”, según explican en el documentación.

A las diez de la tenebrosidad se dio por finalizado el registro, pero la comisión legal “quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad”.

A cordura de la Miembro Civil, Sánchez y Cuixart demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba “coaccionando” a los agentes, sino que más tarde, en la alba, “la masa” intentó lograr al edificio por la fuerza.

La secretaria legal salió por un edificio anexo, un teatro, camuflada entre el sabido que había ido a la función, y los agentes salieron entre las cuatro y las siete de la mañana.

Adicionalmente, el noticia deja constancia de que aquel día la Destacamento Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona y otras ciudades y pueblos de Cataluña.

La representación de los Mossos, al mando de Trapero, incluso ha sido cuestionada durante la celebración del referéndum ilegal, ya que tenían la ocupación de desalojar los colegios designados por el Gobierno catalán para la votación, pero se limitaron a comunicar esa orden a las personas allí concentradas y a suspender atestado, pero no los obligaron a acatar la orden.

Con los locales llenos, a lo liberal de la mañana del día 1 de octubre hubo numerosas cargas policiales, por parte de la Gendarme Civil y de la Policía española para desalojar los centros e impedir la votación, lo que provocó más de 800 heridos, según el Gobierno catalán, y una resistente contestación social.