La mano dura de Aleuy tras la cuestionada “Operación Huracán”

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El clima “siempre ha estado en tensión” en la convocatoria “macrozona” en el sur de Pimiento, calificativo que le ha cedido el Gobierno a los sectores en conflicto con distintas comunidades mapuche. Desde que se tomó la vía reivindicativa de la recuperación de tierras y de la demanda por la autonomía y autodeterminación, por parte de algunos sectores del pueblo atávico, la denominada “zona roja” del conflicto ha estado tensionada por la flaca rasgo entre lo que las comunidades en recuperación han definido como un “Estado de Excepción de facto”, y por la política que han definido las distintas directrices del Ocupación del Interior desde el retorno a la democracia: como una “acción directa del Estado, para controlar a pequeños grupos radicales en la zona”, aseguran desde la cartera del Interior.

Pero el pasado sábado se marcó un punto de inflexión. La denominada “Operación Huracán”, resultado de casi seis meses de investigación de Carabineros, bajo la Ley de Inteligencia, trajo consigo la detención y prisión preventiva –durante los cuatro meses de investigación–, de ocho históricos dirigentes mapuche, entre ellos, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Esto, en el situación de las investigaciones por el robo de madera y el denominado Caso Iglesia, según detalló el subsecretario Aleuy.

El despliegue –presuntamente coordinado con el Ocupación Manifiesto– alcanzó anciano visibilidad oportuno a la huelga de anhelo que llevan los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, adjunto a Alfredo Tralcal, comuneros que cumplen prisión preventiva hace más de un año acusados de la ignición de una Iglesia Evangélica y desde el 9 de junio están sin aceptar alimento. Un caso que ha captado la atención de la opinión pública, tanto así que desde La Moneda autorizaron la intermediación del sacerdote jesuita Felipe Berríos.

La faena de Palacio

La última mano que se dio desde Palacio, con la venia de la Presidenta y de todas “las autoridades involucradas”, fue el anuncio de la solicitud de la descuento de las cautelares que tienen hoy en prisión preventiva a los comuneros. “Gesto político que busca generar una pronta salida a ese conflicto”, indican desde el oficialismo, principalmente luego que el lonko Alfredo Tralcal fuera trasladado a un centro asistencial, por sangría digestivo.

Encima de este expresión, que según el ministro del Interior, Mario Fernández, depende exclusivamente de los tribunales de ecuanimidad, todavía se anunció el giro al Congreso de dos iniciativas “para agilizar la tramitación, con las debidas urgencias, de la ley que tipifica conductas terroristas, que actualmente se encuentra en el Senado. Trasladando completamente, los delitos que ella contempla al Código Penal”. A esto se le suma la modificación del “Código Procesal Penal en lo que respecta a los requisitos y plazos respecto a la prisión preventiva”.

Con lo preliminar, el Gobierno “busca producir las condiciones para que los cuatro ayunantes pongan fin a la huelga de hambre que arriesga su salud e integridad”, sentenció el ministro del Interior. La asesinato de cualquiera de ellos sería un problema político viejo.

La reacción desde La Moneda es una muestra más de que este conflicto tiene bajo la lupa al Ejecutor por la forma de tocar el conflicto que tomó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, por valentía directa de la Presidencia.

En el interior del círculo político oficialista más adherido al mundo de los Derechos Humanos, se había prendido la señal por la “escala de violencia por parte del Estado en La Araucanía”, que afirman estaría protagonizada por “la mano dura” del subsecretario a la hora de tocar el conflicto. “Semana a semana nos llegan denuncias de operativos en la zona, que no solo incluyen la entrada a las comunidades sino que también la acción en contra de niños y mujeres mapuche, por parte de efectivos de fuerzas especiales. Es un tema que no se puede negar”, apunta un parlamentario oficialista.

Para el abogado Sergio Millamán, la mayoría de los casos en los que se establecen investigaciones por Ley Antiterrorista, los acusados pasan a ser formalizados después por delitos comunes, por lo tanto, se utiliza a la Ley Antiterrorista con el fin de difundir longevo impacto comunicacional y presentar testigos protegidos, más que para alcanzar comprobar un acto terrorista, “de esta forma la Fiscalía termina litigando por medio de la prensa y perdiendo los casos en Tribunales”, lo que no tiene los mismos mercancía mediáticos que el proceso de investigación. Lo que indicaría la relevancia del proceso persecutorio, más allá de la resolución de los juicios.

El diputado y militante del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que “lo que le hemos pedido es que si puede interceder el Gobierno en esto, que se apure el juicio, que sea lo antes posible, ojalá sea así”. Por su parte, desde la Vicepresidencia Indígena del PPD, señalaron que les “preocupan las recientes detenciones y las diversas causas en las que se encuentran siendo investigados hermanos mapuches, como es el caso de comuneros que actualmente se encuentran en huelga de hambre”.

Según un comunicado de esta entidad, a los comuneros se les ha extendido “de manera artificial su situación de permanencia en cárceles, por la invocación de la Ley Antiterrorista y mantención de investigaciones por lapsos de superiores a los que la ley común establece normalmente, discriminando con ello la legítima defensa y afectando directamente la presunción de inocencia”.

Pero esta no era la única presión. A las reclamaciones del mundo indígena, se suman las constantes acciones por parte de la multigremial de camioneros, la examen y miembros del oficialismo, que exigían disponer de mayores operativos por quemas de camiones y una movimiento más enérgica delante la presunta “radicalización” de algunos grupos específicos del pueblo mapuche.

Según el senador de la zona, Alberto Pesadumbre (RN), la evidencia tras la abrasamiento de una iglesia evangélica fue lo que logró que la política del Gobierno de Michelle Bachelet, impulsada por Aleuy, diera un libramiento “positivo, un cambio de 180 grados”. Este cambio se observó con decano claridad, según Peso, con la formalización de los comuneros por la Ley Antiterrorista, pese a que la misma Presidenta había asegurado que no se invocaría la señalada ley.

Desde La Moneda manifiestan que la Presidenta Michelle Bachelet no ha dejado de monitorear la ascensión del conflicto mapuche, pero centrada puntualmente en lo relacionado con los cuatro huelguistas de deseo.

Cerca de rememorar que durante el Gobierno de Sebastián Piñera asimismo se desarrolló una extensa huelga de penuria por parte de comuneros mapuche, la que fue resuelta sin que existiera ninguna pérdida humana. Es en este contexto que la preocupación presidencial, de Aleuy y La Moneda, en este aspecto, sería evitar a toda costa que se llegue al punto de que alguno de los cuatro comuneros muriera. “A este Gobierno no se le puede morir un huelguista”, reconocieron con preocupación en Palacio. Es por eso que el Ejecutor “ha tomado control absoluto” del tema y, llegado el momento, recalcan que “la justicia tendrá que actuar” para exceptuar la vida de los comuneros.

Aleuy el malo

Según cercanos a Palacio, las constantes críticas a Aleuy no estarían en cuestión. Este martes, tras un sinfín de reuniones con distintos representantes del oficialismo, y emplazamientos para que se explique la inacción delante la huelga de anhelo de los comuneros y la denominada “Operación Huracán”, el subsecretario fue claro con su segmento y aseguró que “mantendremos la conducta que hemos tenido hasta ahora, de garantizar el Estado de derecho”.

Esta dura límite es la que le ha costado ser gastado públicamente como el malo de la película, porque, más allá de que dicho empleo sea el que en la forma y en el fondo lleve las riendas de la toma de decisiones gubernamentales respecto al conflicto en La Araucanía, la autoridad socialista es la figura esencia de esta suministro en el tema, es él quien ha esforzado el criterio de La Moneda y de la Presidenta Michelle Bachelet sobre el modus operandi en la IX Región.

Dicen que Aleuy sabe que quedará como el malo y que eso no le hace hendidura, lo que coincide con lo que siempre reconocen en palacio sobre el característica más característico del estilo político y forma de trabajo de Aleuy, la matanza fría que tiene para tomar las decisiones más complejas, por impopulares que sean.

Menos las declaraciones del PC, parte del PPD y la bancada del PS, el pesado de los parlamentarios y rostros del oficialismo han optado por mantenerse al beneficio del tema y han decidido no dar declaraciones. Esto, en la praxis ha dejado a Aleuy “bastante solo”, ya que no cuenta con una dupla que políticamente lo acompañe en las decisiones, como sucede con otros temas donde diputados, senadores, dirigentes o autoridades se transforman en un soporte vivo. Encima, de que el ministro del Interior, Mario Fernández, “brilla por su ausencia” en esta materia, asegura un colaborador de Interior.

Es por esto, aseguran desde la Nueva Mayoría, que “la cruzada de fuego de Aleuy en La Araucanía, estaría más visada por la acción de la derecha sepultando, completamente la línea que alguna vez intentó impulsar Huenchumilla”. No obstante, igual se señala que desde sector de senadores oficialistas habría incluso una preocupación de índole electoral, quienes habrían solicitado directamente a La Moneda que se tomará una longevo entusiasmo respecto al conflicto en el sur, asegura un suspensión asesor oficialista del Congreso.

Esta mano dura – asegura un parlamentario oficialista de la zona- que se aprecia en la cultivo de Fuerzas Especiales de Carabineros en el sector, comenzó a materializarse desde el minuto den que se produjo la salida de Huenchumilla y la venida del ex Intendente de la Araucanía, Andrés Jouannet, pero que “siempre ha sido comandada por Aleuy”.

Para Sergio Millamán, abogado defensor en distintas causas en contra de comuneros mapuche, ”el Gobierno tiene que acorazar su administración en algunos temas como los que le interesan a los sectores más conservadores o a los sectores económicos. Por esto es que utiliza este tipo de acciones. Si perfectamente el Servicio Sabido es el que encabeza las investigaciones, el empleo del interior, a través de las gobernaciones e intendencias se hace parte de todos los procesos y es uno de los principales promotores, y así ha sido con todos los gobiernos”.

En todo caso, la Intensificación de la operación de Fuerzas Especiales de Carabineros y de los servicios de inteligencia, según reconocen dirigentes mapuche, no es más que una dirección continua desde el periodo de la Concertación. “La represión se viene viviendo desde el momento en que el pueblo Mapuche decidió recuperar sus tierras, el agua. Desde ahí ha sido igual para todos, la diferencia es que el temor que existe en muchas comunidades es a expresar, a manifestar su descontento con la operación que tiene el Estado, eso ya es una represión”, asegura Nelson Maripil, vocero de la comunidad Pewenche kawñiku, Los Chenque, ubicada en el Parada Bío Bío .

La crimen fría de Aleuy no quita que en La Moneda esté instalada la sensación que enfrentan “un escenario de alta complejidad” y que nulo ayuda el error cometido por el gobierno de evitar convenir a luceros públicos como que su única respuesta al conflicto mapuche es la represión. En el gobierno reconocen que esa ha sido una gran equivocación política y comunicacional, porque nadie tiene en la retina que la suministro Bachelet ha puesto el acento estos tres abriles en tratar de revertir los aspectos de pobreza dura que hay en la IX Región, con inversión, construcción de escuelas, un hospital, accesos a agua potable, consultorios y caminos.

Uno de los cuestionamientos internos en el gobierno de más larga data ha sido la carencia de los ministros sectoriales para poner el acento sabido en esos avances, como parte de la respuesta del Estado a las demandas de la Araucanía de una forma más integral, especialmente en Sanidad y Progreso Social.

Una operación política

Policialmente la “Operación Huracán”, “dirigida por Fiscalía, en colaboración -me imagino- con el Gobierno, ha sido exitosa”, asegura el senador Inquietud (RN). Asegura que la causa “contribuye a la paz social en La Araucanía”, porque ayuda a desbaratar “una organización de tinte terrorista”, pero asume que la parte más difícil es comprobar el fin terrorista de los actos, por los que están formalizados los ocho dirigentes mapuche. Peso confía en el trabajo de inteligencia realizado por Carabineros, que se plinto en una serie de intervenciones a los teléfonos de los dirigentes mapuche, mensajes de Whatsapp, que darían cuenta de una coordinación para una serie de calcinación de camiones desarrollada en agosto de este año, adicionalmente del financiamiento extranjero a la CAM y la posibilidad de la preámbulo de armas a región mapuche.

Una vistazo proporcionado dispar a la que mantienen desde el pueblo mapuche y organizaciones que colaboran con la causa en el wallmapu. Para el vocero, Nelson Maripil, detrás del eficaz mancomunado entre Interior, Fiscalía y Carabineros existe una “operación política” dirigida en contra de los principales voceros de los sectores mapuche más activos con las causas reivindicativas. “Esta operación va más allá de lo que se le acusa a los peñis. Se les hizo allanamientos y detención por actos terroristas, sin embargo, esto no es más que una persecusión política”, esto adecuado a que los imputados son “dirigentes históricos, y han marcado una lucha más radical y con los puntos más claros respecto a las demandas que tenemos como pueblo hacia el Estado chileno”, asegura.

Maripil explica que la Operación Huracán es parte de una entusiasmo permanente del Estado chileno en contra de los sectores “más radicales”. “Tenemos peñis procesados, en investigación por robo y hurto de madera y usurpación a la propiedad privada, eso ya es una persecusión. La vigilancia con drones, sobretodo en mi casa, a veces despierto y andan drones vigilando, la de Carabineros y la PDI constantemente. Es un hostigamiento constante el que se vive en el territorio”.

Por otra parte, desde la Vicepresidencia Doméstico Indígena del Partido Por la Democracia manifestaron “su absoluta preocupación por los últimos acontecimientos en que se han visto involucrados diversos miembros de comunidades mapuches, representantes de organizaciones y activista indígenas, consistentes en allanamiento y detenciones por medio de fuerza militarizada de Carabineros, a quienes se les han aplicado rigurosamente las atribuciones vinculadas a la ley antiterrorista”.

Para gran parte del mundo mapuche, la detención del principal líder de la CAM, Héctor Llaitul, puntual en el ámbito de un proceso de tolerancia y “socialización” de la renglón indigenista impulsada por la Coordinadora Arauco Malleco, no es más que un acto de índole política. Agudizado por la cercanía a las elecciones presidenciales y por la encuentro del Papa Francisco, que tiene como uno de sus objetivos tratar el tema del conflicto Mapuche. Llaitul era una de las cartas fuertes que sonaba, entre la comunidad mapuche y un sector del mundo jesuita -a cargo de la recepción papal- para reunirse con el sumo pontífice y tratar el tema, información que habría molestado a algunos sectores que son parte de la estructura de la turista. Es más, el mismo subsecretario Aleuy viajará a Argentina, para coordinar, entre otros temas, la visitante de una delegación del Tarea de Seguridad trasandino a la zona de la Araucanía, cuando el Papa francisco visite la zona.

Para Maripil, “todos los actos que ha expresado el estado chileno contra el pueblo mapuche, son estratégicos para no visibilizar y no dar respuesta a nuestra demandas. Si el peñi Llaitul está detenido es claramente una estrategia estatal, que lo viene persiguiendo hace mucho tiempo”. El dirigente agrega que, “esto no va a cambiar la ideología política que tienen los peñis encarcelados, y creo que no se va a hacer que bajemos los brazos. Es una alarma para que los que están dormidos despierten, mucha gente se ha dado cuenta de que el Estado está atropellando a nuestras comunidades y están deteniendo a las principales autoridades, dirigentes históricos. Eso es estratégico , creen que son ellos los que comandan una lucha de un pueblo y eso la llevan las comunidades enteras”.

Pero en palacio insisten que para el subsecretario Aleuy “hay evidencia sobre la mesa” y que este nuevo nivel de actividad que se desplegó por parte del gobierno se explica en que los grupos más radicalizados de lucha de la causa mapuche, minoritarios pero con reincorporación resonancia pública, pasaron a una nueva período de acto que examen enconarse las contradicciones con el Estado. “Se radicalizaron, por eso se tuvo que cambiar la estrategia, no se podía mirar al techo”, reconocieron en La Moneda.

Es este punto se le suman las constantes críticas a la Ley Antiterrorista, modificada por última vez bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la que no aseguraría un conveniente proceso para los imputados y que adicionalmente respecto a resoluciones exitosas en materia sumarial para los querellantes, siquiera ha rendido fruto. Por ejemplo, desde el año 1990 hasta la término más de 60 procesos han sido absueltos y uno sobreseído.

Para el abogado Sergio Millamán, la mayoría de los casos en los que se establecen investigaciones por Ley Antiterrorista, los acusados pasan a ser formalizados después por delitos comunes, por lo tanto, se utiliza a la Ley Antiterrorista con el fin de suscitar anciano impacto comunicacional y presentar testigos protegidos, más que para alcanzar comprobar un acto terrorista, “de esta forma la Fiscalía termina litigando por medio de la prensa y perdiendo los casos en Tribunales”, lo que no tiene los mismos enseres mediáticos que el proceso de investigación. Lo que indicaría la relevancia del proceso persecutorio, más allá de la resolución de los juicios.

Por su parte, el senador Alberto Inquietud (RN), asegura que la Ley Antiterrorista es perfectible, ya que se le deben dar mayores facultades investigativas a la Fiscalía y a Carabineros, al igual como ocurre en la Ley de Drogas. El senador de la zona reconoce que a pesar de las críticas, la ley cumple con su rol persecutor, pero es “sumamente difícil” comprobar la idea de que el inculpado tenía como objetivo causar terror, ya que se encuentra en un plano subjetivo.

El rol de la Fiscalía

“Quienes llevan las investigaciones en Chile es el Ministerio Público”, aseguró el subsecretaria Mahmud Aleuy, negando cualquier información que liberara a la Fiscalía del proceso investigativo y de la posibilidad de que ésta no tuviera conocimiento de la investigación hasta sólo dos días antaño de que se realizaran los allanamientos.

La información oficial de Carabineros señala que la “exitosa”, “Operación Huracán” tardó al menos seis meses en cuajar, pero no aclara en qué momento el fiscal regional se hizo parte de la investigación. Aleuy aclaró que “nosotros no hacemos investigaciones paralelas o cero por el estilo, todas las investigaciones las lleva el Tarea Manifiesto. Pero, según la Fiscalía, el pasado jueves 20 recibió un noticia de Carabineros, basado en operaciones autorizadas bajo la Ley de Inteligencia Policial, a raíz de esto le pidió una nueva diligencias a Carabineros.
Tras esto, expuso las pruebas delante el Sentenciador de fianza y solicitó las órdenes de detención y la incautación de acervo en la misma causa. Explican que “la investigación de carabineros no tiene como fin el proceso de la causa, sino la toma de decisión por parte de la autoridad”. Y que “todas las diligencias que hizo la policía fueron autorizados por el Juez Aner Padilla, de la Corte de Apelaciones de Temuco”.

Por lo tanto, el Empleo Conocido se hace parte de una causa que ya estaba abierta, la de la ignición de 18 camiones de la empresa Calafquen, registrado en agosto pasado y adjudicado por el clan Weichan Auka Mapu (WAM), la que se amplía a dirigentes de otras organizaciones mapuche, como la CAM.

Una vez que fueron detenidas las personas el día sábado, se le incautaron 30 teléfonos. En la audiencia del día domingo se expuso la información recabada de un sólo celular, perteneciente al comunero identificado como M.C., quien fue apresado en el campamento de apoyo a los presos en huelga de penuria. Al periciar el teléfono se habría hexaedro con las mismas conversaciones de Whatsapp contenidas en el crónica entregado por Carabineros, “lo que le da sustento a lo que contenía el informe”, explican desde el Ocupación Conocido. Encima enfatizan en que la Operación Huracán “es una investigación que para la Fiscalía recién comienza”.

La duda respecto al momento en el cual el Empleo Sabido se hizo parte del proceso investigativo está abierta, en La Moneda hay conciencia de las críticas, pero las atribuye, igual que en otros casos, a los problemas de la propia Fiscalía Doméstico por la partida de un liderazgo central resistente que ordene internamente y neutralice la desatada competencia interna.

Por otra parte, para el abogado Millamán es importante unir a esta triada entre el Ocupación del Interior, la Fiscalía y Carabineros el rol que han jugado los jueces, una arista que igualmente enfocan desde La Moneda. “Poco se habla, ni se trata de buscar la explicación en la debilidad de los jueces, en la “mano blanda” como se dice en algunos sectores, y no en las razones de hecho y de derecho que se exponen en esos procesos”.

Salida política

La salida al conflicto con el Pueblo Mapuche parece no tener una salida única, los distintos abordajes apuntan a que es importante que la sistemática judicialización no es un aporte y que es necesario desplegar un situación de salida política al conflicto, lo que se escaparía a la bono del Servicio del Interior.

Para el senador Peso es evidente que el “gobierno tiene una deuda pendiente, es que sin perjuicio de la persecución penal, el gobierno no ha avanzado nada en una propuesta integral por la paz social. Hace tres años recibió una propuesta mía, entregada junto a García Ruminot, otra que hizo el propio Francisco Huenchumilla, luego convocó a una mesa de diálogo con monseñor Vargas, que tuvo un informe en enero y no ha pasado nada”.

Por su parte, desde el oficialismo, Guillermo Teillier (PC) asegura que “debe seguirse con el máximo de urgencia, discutiendo las leyes que tienen que ver con la conformación del Ministerio de Pueblos Indígenas y con los Consejos de Pueblos Indígenas y todas las medidas que es pertinente que se llevarían a cabo aprobándose esas leyes, incluso la posible representación de los pueblos originarios en el parlamento de Chile”, lo que es apoyado -en forma personal- por el senador Pesadumbre.

Para Nelson Maripil, vocero de la comunidad Pewenche kawñiku, desde el Pueblo Mapuche, el conflicto se ha enfrentado “de diferentes maneras, el pueblo mapuche ha hecho huelgas de hambre, han habido encarcelamientos, asesinatos, montajes y todo ha quedado impune, y por lo tanto, creo que el camino que se debe tomar es el de conversar y juntarse entre territorios, y pararse de una vez, para poder liberar a nuestro pueblo. El pueblo mapuche está pacífico, no se ha levantado, para enfrentar el atropello que se ha estado haciendo”.

“El mensaje que nos han dejado nuestros antepasados es que el pueblo mapuche liberó a nuestra nación peleando y la perdió peleando, y yo creo que para recuperar hay que pelear. Y para eso, hay que prepararse y pelear, no nos queda de otra”, sentencia.