Las acciones de Piñera que lo vinculan con la polémica construcción de un aeropuerto en Cuzco

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En la memoria anual de la empresa peruana Andino Investment Holding, correspondiente al año 2016, da cuenta de una décimo accionaria del ex Presidente Sebastián Piñera en el polémico plan de construcción del aeropuerto de Chinchero, emplazado en Cuzco.

Esta firma, cercano a la argentina Corporación América, conforman el consorcio privado Kuntur Wasi: el encargado de las cuestionadas obras. El contemporáneo precandidato presidencial de Pimiento Vamos posee 7.08 por ciento de las acciones a través de Bancard International Investment Inc.

Los cuestionados negocios del consorcio Kuntur Wasi con el Estado peruano ya cobraron la primera víctima del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se trata de quien ejercía de ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, que adicionalmente cumple el rol de vicepresidente de la República.

La renuncia de Vizcarra ocurre cuando en el Congreso peruano se preparaba una moción de censura en su contra. Medios del vecino país apuntan a que no tenía otra salida, ya que la examen tiene mayoría en el Parlamento y pocos días antiguamente había censurado a otro ministro.

Todo comenzó en el año 2014, cuando el entonces gobierno de Ollanta Humala firmó un arreglo con el mencionado consorcio para construir el aeropuerto, a cambio de US$ 530 millones.

De esta forma, el Estado de Perú tenía que valer con el 28,6 por ciento del costo de la obra y la empresa privada con el restante 71,4 por ciento. Y, a cambio de eso, Kuntur Wasi se quedaba con la despacho y explotación del aeropuerto por 40 abriles.

Todo cambió cuando, en 2016, el consorcio, al tramitar el financiamiento de los primeros 265 millones de dólares, consiguió un préstamo –que sería avalado por el Estado– con intereses tan altos, que fueron considerados como “usureros”. Finalmente, el Ejecutor peruano, con Humala a la persona, congeló el tema por el aumento de su responsabilidad financiera, y todo quedó para el nuevo gobierno.

Si acertadamente en un aparición el contemporáneo gobierno de Kuczynski se mostró reticente a la propuesta de financiamiento, luego decidió negociar con la empresa y otorgarle lo pedido a través de una Adenda, considerando lo representativo del plan.

La nueva Adenda dejó al Estado peruano aportando el 80,7 por ciento del costo financiero total y a la compañía solamente el 19,3 por ciento. Un negocio claro.

Sin bloqueo, aparecieron historial que complicaron al presidente, adicionalmente de la recarga financiera con cargo fiscal: la hermana del primer ministro Fernando Zavala era gerenta de Asuntos Corporativos de Andino Investment.

A eso se sumaron los lazos que tenía el propio mandatario con importantes personajes ligados a la firma, que es uno de los principales operadores aeroportuarios y de transporte de Perú, ámbito en el cual el gobernador ha tenido intereses significativos en abriles pasados.

Lo que terminó de cascar a la segmento de flotación del esquema del aeropuerto del Cuzco fue un noticia de la Contraloría peruana que calificó de “ilegal” la Adenda, señalando que esta “solamente favorece al consorcio, perjudicando enormemente al Estado peruano”.

Después, el propio ministro de Transportes fue el encargado de anunciar la anulación del entendimiento. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, que acompañó al hoy dimitido ministro cuando hizo el anuncio de la suspensión de la construcción de Chinchero, reiteró que se negociaría un nuevo acuerdo, incorporando al mismo las observaciones de la Contraloría peruana y del Congreso, pero postergó la audacia final para unas semanas.

Todo el lío toca un tema distintivo de la seguridad doméstico de Perú, oportuno a la posición de Andino Investment Holding en cuanto al control de la red de concesiones aeroportuarias en el país, al que ahora se sumaría Chinchero en el Cuzco, el más nuevo y principal a posteriori del de Escofina.

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