Mapuches imputados en el caso Luchsinger-Mackay inician huelga de hambre

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Ocho de los 11 comuneros mapuches imputados por la homicidio de un connubio de agricultores al incendiar su casa en 2013 iniciaron una huelga de penuria en protesta a la valentía de la comunidad de las víctimas de acudir al Tribunal Constitucional, informaron este lunes fuentes del caso.

“Los presos e imputados en el llamado caso Luchsinger han tomado la determinación de iniciar una huelga de hambre, a raíz de la presentación ante el Tribunal Constitucional de la familia Luchsinger, que podría implicar la suspensión de la causa por un año más”, dijo a medios locales la defensora de los comuneros, Manuela Riachuelo.

Por el homicidio del agricultor Werner Luchsinger, de 75 abriles, y su esposa, Vivianne Mackay, de 69, perpetrado el 4 de enero de 2013, hasta ahora solo está condenado a 18 abriles de prisión el curandero Celestino Córdova, detenido pocas horas a posteriori del ataque en las cercanías del motivo, herido de bala.

Sin incautación, hay otros 11 comuneros mapuches acusados por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario, entre ellos la curandero Francisca Linconao y José Peralino Huinca, quienes actualmente se encuentran con arresto domiciliario, mientras Sergio Catrilaf está prófugo.

Según informaron los abogados de la clan, la valentía de los hijos de la pareja asesinada de acudir al Tribunal Constitucional surgió luego que la jueza de Señal a cargo del caso rechazó todas las pruebas que presentaron durante la preparación del prudencia verbal, argumentando sus dudas sobre la forma en que fueron obtenidas.

La jueza Alejandra García excluyó “todas las pruebas ofrecidas” durante la preparación del litigio verbal, explicó el abogado de la clan, Carlos Tenorio.

Añadió que la magistrada había considerado para su resolución que las pruebas presentadas fueron obtenidas con infracción de garantías constitucionales, aunque indicó que la parte acusadora ya apeló la restricción de dichas pruebas.

El requerimiento preocupa a los comuneros, ya que la situación puede detener el explicación de la caso, obligándolos a permanecer más tiempo en prisión preventiva.

Manuela Riachuelo destacó que “se está manifestando una afectación a sus derechos fundamentales, como el derecho a ser juzgados dentro de un plazo justo, la imposición de una ley antiterrorista, y el mantenimiento de la prisión preventiva, pese a que muchos ellos han sido liberado por los tribunales de garantía”.

Asimismo, recordó que el Estado de Pimiento ya ha sido condenado en ocasiones anteriores por este tipo de situaciones.