Otro proyecto de Educación al banquillo: desmunicipalización en la medida de lo posible

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El plan de “Desmunicipalización de Colegios y Fortalecimiento de la Educación Pública” parece estar en su recta final. La Moneda dio como plazo mayor para su aprobación la última semana de septiembre, tarea que al interior del Congreso parece compleja, ya que parte importante de los diputados oficialistas rechazarían una serie de modificaciones que abrirían la puerta a no terminar con el sistema municipalizado de la educación, las que fueron aprobadas este martes en la Cámara Incorporación.

El esquema lleva dos abriles en un enredado proceso de tramitación en el Parlamento. Ha recibido críticas por incorporar la ojeada economicista completo del proceso, y por suministrar la método del voucher y perpetuar el sistema de ofrecimiento y demanda en la educación pública. Encima, desde el Colegio de Profesores plantean que este esquema no se hace cargo de mejorar la calidad de la educación, sino que solo fija su atención en la sucursal del sistema.

La ley tiene como objetivo crear un Sistema Doméstico de Educación Pública, con “organismos altamente especializados”, llamados Servicios Locales de Educación, los que administrarán los colegios y que inicialmente serían implementados en “un proceso gradual de instalación de seis años”. Tras la intervención del Ejecutor, por medio de una indicación presentada en la Comisión de Educación del Senado, el proceso de implementación se aplazó y cambió desde tener 70 servicios implementados para el 2015, a comprometer 11 para fines del 2022, con un ítem de “revisión” en el año 2021, lo que abriría una puerta a que la desmunicipalización fracase, según señalan los especialistas.

A principios de agosto, la denominada “cocina del Senado” volvió a intervenir. La ministra Adriana Delpiano ingresó a la Comisión de Educación una serie de indicaciones que, encima de posponer el proceso de implementación de la desmunicipalización, permiten que los municipios –que cumplan ciertos requisitos– mantengan la compañía de los colegios públicos. Cambio que, según fuentes del Congreso, fue producto de un acuerdo con la derecha, para consolidar su aprobación en el Senado y en una posible Comisión Mixta.

Pacto que, a querella de los senadores de la Nueva Mayoría, fue realizado a sus “espaldas” con la examen. “Hubo un acuerdo del cual yo no fui parte”, indicó el senador Jaime Quintana, en la sesión de este martes en la Cámara Entrada. La única mano amiga que encontró el acuerdo fue de senadores de la Democracia Cristiana: Ignacio Walker aprobó y respaldó la iniciativa en la Comisión de Educación, misma bisectriz que siguieron los senadores falangistas en la votación en Sala.

Para gran parte de la bancada de la Nueva Mayoría los cambios marcan un “desdibujamiento de la reforma”, implementada en un proceso “en extremo gradual”, el que comenzará a implementarse en el año 2018, con la creación de un Servicio Tópico que incluirá a las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, adicionalmente de un Servicio Circunscrito en la región de Coquimbo, el cual comprenderá las comunas de Coquimbo y Andacollo.

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, este aplazamiento en su implementación intensifica aún más la brecha educativo en Pimiento, conveniente a que adicionalmente de la competencia con los colegios particulares subvencionados, habrá una competencia entre los colegios públicos que sean parte del nuevo sistema y los que no. Aguilar asegura que “evidentemente el acuerdo del gobierno con la derecha es el más claro reflejo de la vieja política, es que unos pocos deciden, entre cuatro paredes. El gobierno tenía mayoría parlamentaria, la campaña decía un parlamento para Bachelet, pero mire usted en lo que ha terminado, pasando por encima de sus propios parlamentarios y negociando con la derecha”.

Para gran parte de la bancada de la Nueva Mayoría los cambios marcan un “desdibujamiento de la reforma”, implementada en un proceso “en extremo gradual”, el que comenzará a implementarse en el año 2018, con la creación de un Servicio Circunscrito que incluirá a las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, adicionalmente de un Servicio Lugar en la región de Coquimbo, el cual comprenderá las comunas de Coquimbo y Andacollo.

El senador socialista, Carlos Montes, siquiera vio con buenos luceros el acuerdo con la concurso y aseguró que el proceso de implementación “requiere más densidad”, pero que sea “más consistente con nuestros objetivos de una nueva educación pública”. El senador PS recalcó que la implementación de la Comisión Revisora “va a depender del próximo gobierno” lo que pone en amenaza la finalización del proceso de desmunicipalización. Por su parte, el senador Jorge Pizarro, miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que estuvo de acuerdo con “la perfección de la gradualidad”, ya que “es importante tener conciencia de los problemas que vamos a tener en el proceso de implementación”.

Para la senadora Ena von Baer (UDI) “la gradualidad es buena noticia”, ya que da un espacio para revisar el proceso de implementación, “al final del próximo gobierno va haber una evaluación y una Comisión Evaluadora, es una buena noticia para Chile que no se aplique una política pública sin evaluación”. Aunque explica que “hay temas que no tienen claridad en el proceso de gradualidad”, principalmente respecto a las deudas y los inmuebles adquiridos por los municipios para las escuelas.

Para el Presidente de Educación 2020, Mario Waissbluth, este “es un proyecto esencial, que está bastante bien formulado y que debiéramos esperar a que se tramitara relativamente rápido en el Congreso”. Respecto a su implementación señala que “a nosotros nos bastaría con que el próximo año se iniciara en dos servicios de los 70, de manera de poder ir graduando y calibrando en el camino, no por mucho madrugar se amanece más temprano en temas de educación”.

Una ojeada distinta mantiene el doctor en Educación y normativo de la Usach, Jaime Retamal, quien califica al esquema como “bodrio neoliberal”. Más allá de las críticas a la forma de implementación del esquema, es doble asegura que “el proyecto debe ser rechazado y debe ser replanteado nuevamente”, asegura que “es una simple reforma gerencial, de management, de cambio de gestión, desde una municipalidad a un ente con más brazos técnicos y operativos”.

Reviviendo la sombra de la desmunicipalización

A pesar de que el plan logró ser suficiente en el Senado con los votos de Pimiento Vamos y la Nueva Mayoría, en la Cámara se pinta un panorama diferente. Gran parte de los diputados oficialistas aseguran que el esquema “fue destrozado en el Senado” y se quebrantó el principio fundamental del plan, terminar con la desmunicipalización, razón por la que comunistas, radicales, socialistas y militantes del PPD podrían repeler los artículos del Ejecutor, incluidos en el Senado. Todos “salvo la DC, se opondrán a este negociado”, asegura un diputado oficialista.

Misma tangente de rechazo que seguirá la bancada frenteamplista. El diputado Giorgio Jackson (RD), asegura que “se puso en duda el hecho mismo de que se llegue a desmunicipalizar, habiendo algunos municipios que se resten del proceso y abriendo la puerta a que esto quede a la mitad del camino el año 2022, lo que me parece que es un atentado a los principios del proyecto”.

El ítem que causó decano molestia fue la reversión del artículo décimo, sobre la “Postergación del traspaso del servicio educacional”, una opción que según los parlamentarios solo beneficia “a los municipios con mayor poder adquisitivo, los más ricos y deja en desventaja a los que cuentan con menos, que son los que concentran a los estudiantes más vulnerables”. En este articulado el Ejecutor estableció que “una municipalidad o corporación municipal podrá solicitar al Ministerio de Educación que el servicio educacional de su comuna no sea traspasado al Servicio Local”, siempre y cuando “a lo menos el 60% del total de establecimientos a su cargo presente niveles educativos ordenados como de desempeño alto o medio alto”.

Adicionalmente, la municipalidad o corporación municipal debe estar “dentro del 30% de mejor desempeño a nivel nacional” y no registrar “obligaciones previsionales impagas respecto de los profesionales de la educación, asistentes de la educación o personal de apoyo y administración educacional de su dependencia”, por un monto superior a las 400 UF dos abriles antaño de que se presente la solicitud.

Por otra parte, la deuda del municipio, ocasionada por la prestación del servicio educativo, no debe aventajar el 5% de los ingresos anuales por concepto de subvenciones escolares y aportes del Estado para el mismo año de la solicitud. Todos requisitos que fueron aprobados por la comisión, excepto los senadores Montes y Quintana.

Según el purista de la Escuela de Educación U. Decano, David Torruella, “es innecesario que aquellos municipios que brindan garantía se traspasen al nuevo sistema, debido a que logran los propósitos del espíritu de la nueva normativa, ya que cumplen con los requisitos para una buena administración municipal como sostenedores educacionales, lo que se evidencia en la eficacia o efectividad no solo en alcanzar altos puntajes en pruebas estandarizadas, sino en una verdadera educación integral tan necesaria para las personas en estos tiempos”.

Por el contrario, Darío Vásquez, vicepresidente del Colegio de Profesores, sostiene que con este cambio “la derecha logró desnaturalizar más el proyecto”. “Estos proyectos deberían tener cierta globalidad, pero lo que importa para el gobierno son las metas, (…) el gremio tendrá que asumir los costos, ya que es un modelo que no da una nueva educación pública”. Para el presidente del corporación, Mario Aguilar, se optó por el “peor de los caminos, porque lo que usted va a tener es un híbrido de educación pública”, asegura que “los requisitos para no entregar colegios son ambiguos y genéricos”.

“Se van a generar municipios indolentes con sus colegios, porque los van a tener que entregar en unos años y los colegios terminarán en un estado en total desatención, como está ocurriendo en este momento, es el peor de los mundos. Se optó por un acuerdo con la derecha que es la desnaturalización de un proyecto que ya no era bueno”, agrega Aguilar.

La misma preocupación que ataca al senador Montes, quien cuestionó qué es lo “que va a pasar con los municipios que no entren en la transición, cómo se va a asegurar a los niños que están recibiendo una buena educación. Hemos pasado años con un sistema que ha perjudicado a los niños más vulnerables y seguiremos así”.

Perpetúa el voucher y desconfía de la comunidad

Otros de los puntos que conflictúan la tramitación del plan de Nueva Educación Pública tiene que ver con la décimo de los distintos actores de la educación en su formulación. Según el dirigente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, este “es un proyecto inconsulto, en donde no ha habido ninguna voluntad del gobierno para sentarse a hablar”.

Encima, el plan deja fuera la décimo vinculante de las comunidades educativas en el proceso de definición de esquema de los colegios. Inicialmente, el plan establecía la “pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad”. Señalaba que “en la formulación y ampliación de los proyectos educativos de los establecimientos educacionales se deberá avalar y promover la décimo vinculante de las comunidades educativas, asegurando el derecho a la información, estructura y expresión de sus opiniones en los asuntos que les afectan, de conformidad a la código válido”. Tras su paso por el proceso parlamento se eliminó el término “vinculante” y pasó a ser “consultivo”.

Según Retamal, el gran conflicto “es que el proyecto no cree en las comunidades escolares, en las capacidades de sus profesores y sus directores, que en trabajo comunitario y colectivo con los padres y apoderados  pueden gestionar con calidad un establecimiento escolar”, lo que quedó en evidencia con el cambio en el articulado.

Encima, el esquema perpetúa la razonamiento del voucher, del financiamiento en torno a la proposición y demanda de matrícula, ya que de esta seguirá dependiendo la cantidad de medios que recibe cada establecimiento educativo. Según el senador Montes es posible que el mismo Mineduc deba acogerse a “la ley de presupuesto” para financiar el proceso de desmunicipalización.

El diputado Jackson enfatiza en que el plan “no incluye al sistema de financiamiento y por lo tanto no permite que haya un real fortalecimiento a la Educación Pública”. Por el contrario, la reforma sólo dejaría un espacio extenso para los establecimientos particulares subvencionados. De esta forma, el esquema “tendrán un impacto menor en el desangramiento que sufre hoy la Educación Pública, debido y a causa del mercado de la educación particular subvencionada, la gran ganadora con las reformas de Bachelet”, señala el doble Jaime Retamal.

Según el dirigente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, “debe terminarse con el sistema de financiamiento por voucher”, ya que “desata una competencia brutal entre los colegios y ha traído el éxodo de estudiantes del colegios públicos hacia los colegios particulares subvencionados”. Esto ha traído consigo que menos de un 35% de la matrícula se concentre en el sector notorio, mientras que el 60% está en el sector particular subvencionado. Agrega que no existe un cambio estructural a nivel de oficina y financiamiento, ya que mantiene la figura del sostenedor. “Las reglas del juego no cambian en absoluto”, sentencia.

Aprobación con la examen

Frente a la inminente posibilidad de que el esquema pase a Comisión Mixta, delante el posible rechazo de los diputados oficialistas en algunos articulados, en La Moneda empiezan a contar votos y sacar cuentas para la conformación de este espacio.

Según fuentes del Congreso, el oficialismo necesita el apoyo de la examen, el voto de un senador de la Nueva Mayoría, “que a todas luces podría ser  Ignacio Walker”, adicionalmente del respaldo del representante oficialista de la Cámara para sacar delante el esquema en la Comisión Mixta.

El problema estaría en el diputado que forme parte de este espacio, ya que “si es un DC es claro que se cuadrará con lo resuelto en el Senado, pero si se resuelve llevar a otro diputado de la Comisión Educación es posible que el proyecto quede trabado en la mixta”, explica un parlamentario oficialista.

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