Prácticas antisindicales de rector Sánchez ponen en riesgo contratos de UC con el Estado

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En enero del presente año, la Pontifica Universidad Católica de Pimiento (PUC) demandó al Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por la no incorporación en la Ley de Presupuestos del año 2017 de los fondos para el otorgamiento del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

Este martes se conoció el acuerdo entre los ministerios de Educación y de Hacienda, por un flanco, y la referida casa de estudios, en que se establece que finalmente se considerará una cantidad de medios para que las universidades puedan cobrar un aporte fiscal indirecto, confirmando, así, la osadía de eliminar el AFI como mecanismo de financiamiento a la educación superior, iniciativa que era hasta ahora parte del plan de ley de la reforma de educación superior que se encuentra en discusión en el Parlamento. El acuerdo fue manido por Sánchez como una forma de doblarle la mano al Gobierno.

La sensación de trofeo, sin requisa, resultó ser solo transitoria, pues, paralelamente a esta contienda con el Ejecutor, se venía gestando al interior de la PUC una discusión no beocio con los trabajadores, que terminó con una demanda contra la universidad y una sentencia condenatoria contra Sánchez –en su calidad de representante de la casa de estudios–. Entre las sanciones que se arriesga, estaría la prohibición de celebrar, de parte de la universidad, contratos con el Estado por un plazo de dos abriles.

El temor –según cuentan fuentes cercanas a la PUC– era que esta sentencia, que se había mantenido bajo reserva durante por casi dos semanas, se diera a conocer de forma coincidente con el acuerdo del AFI, cosa que finalmente ocurrió.

El pasado 4 de mayo, se informó al rector Sánchez de la sentencia procesal en contra la de universidad, por prácticas antisindicales, como consecuencia de una demanda presentada por el sindicato de trabajadores de la Destreza de Medicina de la UC.

“La denunciada (la Universidad) ha incurrido en prácticas lesivas en contra de la libertad sindical, incurriendo en actos de hostigamiento en contra de toda la directiva del Sindicato Salud UC, consistentes en tratar de modificar de forma unilateral el acuerdo existente entre la organización sindical y la empresa respecto a los permisos sindicales, imponiendo una nueva forma de solicitar los permisos y privando con ello del pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales a todos los dirigentes del Sindicato Salud UC”, sostiene la sentencia de primera instancia.

Contratos con el Estado

Las prácticas antisindicales se encuentran entre los estándares de una transgresión a derechos fundamentales, y es por esto que una de las sanciones a las que se arriesga la Universidad Católica es la prohibición de celebrar contratos con el Estado y el ingreso de bienes durante dos abriles, según explica Luis Arias, asesor judicial encargado de la mandato sindical de los denunciantes.

“Esta tiene la sanción de más alta entidad que posee el ordenamiento jurídico laboral, puesto que se trata de vulneración de derechos fundamentales, es decir, aquí no estamos hablando de vulnerar cualquier derecho. Es tan elevada la sanción, porque es tan elevada la falta que se comete”, precisó Arias.

“El rector va a tribunales para percibir estos bienes de parte del Estado, percibe adicionalmente fondos que puede repartir a sus trabajadores para el cuota de distintas bonificaciones, entonces el contrapunto está en que, por un costado, no se preocupa de cumplir las disposiciones que le permiten contar con fortuna estatales y que tiene una sentencia que así lo señala, y, por otra parte, aparece defendiendo su condición de universidad que deba percibir los fortuna, como fue publicado por El Mostrador ayer”, manifestó el profesional.

El camino de las prácticas antisindicales

El sindicato acusa que la universidad constantemente ha tenido este tipo de conductas que persiguen disminuir, despotenciar y anular a esta estructura sindical en particular.

No es la primera vez que se presenta una denuncia contra la casa de estudios por prácticas antisindicales. En dos oportunidades el sindicato ya se había enfrentado a la PUC, pero no se había llegado a una sentencia legal.

Desde la estructura de trabajadores revelan que la universidad, entre sus prácticas antisindicales, pagaba más a los trabajadores no sindicalizados o promovía la desafiliación sindical con incentivos económicos.

Las prácticas antisindicales se encuentran entre los estándares de una quebrantamiento a derechos fundamentales, y es por esto que una de las sanciones a las que se arriesga la Universidad Católica es la prohibición de celebrar contratos con el Estado y el ingreso de fortuna durante dos abriles, según explica Luis Arias, asesor justo encargado de la gobierno sindical de los denunciantes.  “Esta tiene la sanción de más alta entidad que posee el ordenamiento jurídico laboral, puesto que se trata de vulneración de derechos fundamentales, es decir, aquí no estamos hablando de vulnerar cualquier derecho. Es tan elevada la sanción, porque es tan elevada la falta que se comete”, precisó Arias.

“Lo que hacía con los sindicatos, es que decían como universidad: ‘Voy a pagarles a estos señores las diferencias que se han producido por esta discriminación que yo hice, a los sindicalizados, y con eso lograba acuerdos que han sumado hasta 600 millones de pesos’”, reveló Arias, quien encima agregó que “aquí lo que la universidad quiere es salvar una situación que la deja en una mala posición, no solo respecto de los recursos estatales, sino como una empresa vulneradora de derechos fundamentales”.

El presidente del Sindicato de Sanidad UC, Miguel Antileo, todavía entregó su interpretación y afirmó que “hay una práctica que viene desde el año 2008 hacia delante, llegando a distintos acuerdos, ya que no es primera vez que estamos en esto”, y criticó que “la universidad atenta a nuestra libertad, tratando de que nuestros permisos sindicales se reduzcan a lo que ellos estiman conveniente y no con lo que se ha pactado en el tiempo”, tal como consigna la sentencia del 4 de mayo.

Esta, puntualiza lo ulterior: “Nunca aceptaron el contenido de las mencionadas cartas, porque el acuerdo que existía entre el Sindicato y la Pontifica Universidad Católica de eximir a los dirigentes de cumplir con la jornada laboral no podía ser modificado de forma unilateral por parte de la empresa, por lo que no accedieron a las imposiciones señaladas, pero el día 30 de mayo de 2016, al recibir el pago de sus remuneraciones de ese mes, en las liquidaciones había un ítem denominado ‘Descuentos varios’, descuento que no había sido autorizado por ninguno de ellos”.

Y continúa: “Agregan que el no pago íntegro de las remuneraciones se repitió en junio, apareciendo nuevamente en sus liquidaciones el ítem ‘descuentos varios’, lo que también se denuncia la Inspección del Trabajo, y en forma paralela la empresa los llamó a negociar anticipadamente, por lo que se realizaron varias reuniones, y después del término de una de ellas la empresa envía un correo el 01 de julio adjuntando una carta fechada el 30 de junio, en donde se informa que los miembros del directorio se encontrarán liberados de cumplir con su jornada de trabajo, carta que fue respondida el día 18 de julio a través de la jefa de relaciones laborales de la empresa, Luisa Carvacho.”

“Exponen que en el mes de julio la empresa nuevamente descontó íntegramente de las remuneraciones líquidas a través del ítem ‘Descuentos varios’, a pesar de que no podían en virtud de encontrarse en un proceso de negociación colectiva no reglado”, refiere el parecer contencioso.

Por su parte, Antileo relató un hecho ocurrido el año pasado, en que la empresa despidió a una trabajadora que estaba preñada, “situación que claramente nosotros rechazamos. Podemos tener diferencias de opiniones con la universidad por su apego en  materia de no estar en favor del aborto, pero no entendíamos cómo, si estaba tan a favor de la protección del que está por nacer, buscaba la forma de que una mujer en estado de gravidez fuera desvinculada a través de tribunales, considerando que ella era parte del sindicato”, cuestionó el dirigente.

Problemas para la PUC

La Universidad Católica es uno de los principales proveedores del Estado en materia de vigor. Le vende a través de ChileCompra y recibe asimismo significativos beneficios de ello.

En el sindicato informaron que desde la casa de estudios los han contactado en tres oportunidades para negociar, pero Arias ha respondido que “nosotros no estamos disponibles para negociar, queremos que la Universidad Católica sea sancionada. Una sentencia a firme es como para una persona natural que comete un delito y se queda con una mancha permanente en sus antecedentes”.

Cerca de mencionar que la Universidad Católica tiene contratos con empresas, como, por ejemplo, algunas mineras, donde realiza estudios, pero tanto estas como distintas compañías privadas establecen, adentro de los contratos, que los prestadores de este servicio no pueden tener ninguna condena por incumplimiento de derechos fundamentales. Entonces, el objetivo de esta denuncia no solo la afectaría en los bienes estatales sino incluso compromete una serie de contratos que tiene la universidad con otras grandes firmas del sector privado.

En la sentencia contencioso se resolvió que “ha lugar a la denuncia sólo en cuanto se declara que entre el Sindicato de Empresa Pontifica Universidad Católica de Chile Salud UC y la empleadora Pontificia Universidad Católica de Chile existe un acuerdo tácito en virtud del cual la demandada tiene la obligación de pagar a los dirigentes sindicales la remuneración que se devengue durante el tiempo en que hagan uso de los permisos sindicales autorizados por ella conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Código del Trabajo”. Adicionalmente –añade el parecer– de “una multa de 100 unidades tributarias mensuales a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo”.

Finalmente, Antileo relató que como sindicato han enviado cartas al rector Ignacio Sánchez, pero que aún no han tenido una respuesta. “Esto nace de la conducta de la institución”, manifiesta, al tiempo que agrega que la sentencia “cae justo en el momento en que (Sánchez) logra mantener los aportes del Estado, pero en ese sentido nosotros hoy estamos en una situación muy parecida. Cuando el rector dejó de percibir algo, demandó al Estado, entonces, cuando la universidad nos quita algo, nos quedan los caminos legales para recuperar lo que nos corresponde en derecho”.

Hasta el cerradura de esta nota, El Mostrador intentó comunicarse con la Universidad Católica, pero no se obtuvo respuesta.