"Un día histórico": cómo El Salvador logró prohibir por ley la minería metálica en el país

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Un día “histórico”.

Así han calificado desde diversos sectores políticos y sociales de El Salvador el hecho de que, tras más de una término de lucha y un esfuerzo conjunto de organizaciones sociales, ambientales, educativas y el peso básico de la Iglesia católica, el país haya prohibido la minería metálica.

Este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó, con los votos de 69 de los 84 diputados, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, bajo el principio de que esta experiencia afecta al medio entorno y la vigor de las personas y constituye “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.

La prohibición incluye las actividades de exploración, ascendencia, explotación y procesamiento a firmamento extenso y subterráneo, y asimismo impide el uso de químicos tóxicos en cualquier proceso de minería metálica.

“Es una atrevimiento histórica, fuerte y decisiva, nuestro país territorialmente es muy pequeño y practicar la minería metálica significa prácticamente un suicidio“, le dice a BBC Mundo Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa.

Desde 2005 se habían presentado al menos seis iniciativas similares pero, esta vez, el decidido apoyo que la Iglesia católica, muy poderosa en el país, le dio a la ley ahora aprobada el empuje necesario para admitir el apoyo de los políticos.

“El cortejo de la cúpula de la Iglesia católica y el clero puso una presión social sin precedentes que facilitó y aceleró el proceso”, le asegura a BBC Mundo Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

La Iglesia unido a la UCA y organizaciones sociales presentaron a comienzos de febrero el esquema de ley y tres semanas antes entregaron delante la Asamblea Legislativa más de 33.000 firmas de personas que apoyaban la aprobación del mismo.

De acuerdo con una investigación realizada por el Iudop el año pasado, el 77% de la población consideraba que el Estado debía prohibir la minería metálica.

La encíclica papal

Una de las cosas que llevó a la Iglesia a darle al plan fue la encíclica Laudato Si (Alabado Seas) sobre el cambio climático que el papa Francisco divulgó en 2015.

Guillermo Navarro, coordinador de Cáritas, una estructura humanitaria de la Iglesia católica que todavía impulsó la ley, le dice a BBC Mundo que la Iglesia asumió “un rol más activo a partir del llamado del Papa“.

“En la encíclica es muy duro con las empresas mineras y habla de que el agua es un derecho humano fundamental”, señala Navarro.

“A fines de 2016 la Iglesia toma una posición importante, eso da un empujón más políticamente y juega un papel muy fundamental en el esfuerzo de concientización”, explica en diálogo con BBC Mundo Bernardo Belloso, representante de la Mesa Doméstico Frente a la Minería y presidente de la Asociación para el explicación de El Salvador, conocida como Cripdes.

Su estructura presentó en 2006 un esquema de ley para prohibir la minería y afirma que la aprobación “surge de todo este esfuerzo que hemos llevado adelante desde hace más 10 años”.

Belloso recuerda a los cinco líderes comunitarios que se oponían a un plan minero en el área de Cabañas y fueron asesinados en 2009, una situación que fue mencionada en la Asamblea Legislativa el miércoles. “Esta ley está bañada con sangre”, afirmó el diputado Guillermo Mata.

Disputa con OceanaGold

En la zona norte de El Salvador se han opuesto hasta 29 áreas donde se podría desarrollar la explotación de minas de oro y plata, y en las que empresas internacionales han demostrado interés.

Pero el país lleva abriles siendo reticente a la presencia de mineras. En 2008 el gobierno determinó que no daría permisos de linaje sin un estudio de impacto ambiental y sin la existencia de una reglamento para regular la industria.

Fue entonces que la minera Pacific Rim Cayman, actualmente propiedad de la australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que desde 2002 tenía autorización para realizar exploraciones, demandó al Estado frente a una institución de arbitraje del Porción Mundial donde reclamó una compensación de US$250 millones por no otorgarle en 2009 un permiso de cuna.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) le dio la razón a El Salvador en octubre pasado y ordenó a la compañía pagarle US$8 millones al Estado por los costos del pugilato.

El martes determinó que la firma debe igualmente abonar los intereses de esa deuda.

Gallegos, el presidente de la Asamblea Doméstico, admite que tras la aprobación de la ley “de seguro vendrán algunas demandas” pero que esperan “tener la chance de volver a ganar”.

La estatuto deja sin emoción todos los procesos iniciados para obtener permisos de exploración y explotación, y da un plazo a los mineros artesanales de pequeña escalera a desasistir la actividad.

Para la estructura Cáritas la principal preocupación pasa por la aplicación efectiva de la ley.

“Viene la parte más importante, tenemos que incidir en las estructuras del Estado, no hay institucionalidad fuerte para aplicarlas”, comenta Navarro.

“Si hablamos de leyes, parecemos Suiza”, agrega. “Las leyes son hermosas pero el gran problema de nuestro país es que las instituciones del Estado no asumen su rol”.

 


Fuente:T13.cl