La denuncia de la diputada del PR, Marcela Hernando, inició una investigación por parte de la Contraloría Caudillo de la República a la Subsecretaría de Salubridad Pública por el no cobro del arriendo de ventiladores mecánicos a 17 clínicas privadas durante la pandemia, generando un perjuicio de $433 millones de pesos al Estado. Todo esto bajo la gobierno del ahora constituyente, Arturo Zúñiga (UDI).
La principal irregularidad detectada fue la entrega de estos equipos médicos a las distintas clínicas privadas pertenecientes al Servicio de Salubridad Metropolitano Oriente y el Metropolitano Central, según la investigación publicada por Interferencia.
El Referencia N° 510/2020 de la Contraloría donde da cuenta de esta situación fue emitido el 28 de septiembre. La diputada Hernando realizó una dura crítica a la dirección al flagrante constituyente Arturo Zúñiga y comentó a Interferencia que “debería estar dando explicaciones de todas las irregularidades que se cometieron con los ventiladores”.
Encima agregó que “van a tener que hacer un juicio de cuentas en el Ministerio respecto de los recursos que hoy no se sabe dónde están, cuyos valores aún no han vuelto al Ministerio”.
Contraloría estableció un plazo de 30 días hábiles desde la recibo del crónica para que la Subsecretaría de Redes Asistenciales contabilice los montos no percibidos y tome “las medidas necesarias para recaudar las sumas pendientes por concepto de arriendo de los equipos”.
Las clínicas involucradas
Adentro de los recintos involucrados que adeudan y pertenecen a los servicios de vigor Metropolitano Oriente figuran:
Clínica Las Condes: $41 millones
Clínica Indisa: $12,2 millones
Nueva Clínica Cordillera: $36 millones
Clínica Santa María: $31 millones
Fundación Arturo López: $24 millones
Hospital Clínico de la Universidad de Los Andes: $32 millones
Clínica San Carlos de Apoquindo: $11 millones
Entre los centros de sanidad que adeudan y pertenecen al Servicio de Vigor Metropolitano Central se encuentran:
Hospital Clínico de la Universidad Católica (Christus): $64 millones
Centros asistenciales asociados a la Universidad Católica: $76 millones
Red Sanidad Bicentenario: $47 millones
Clínica Clínica Germano: $6 millones
Clínica Isamédica: $9 millones
Hospital Parroquial de San Bernardo: $10millones
Clínica Dávila: $23 millones
Clínica BUPA Santiago: $33 millones
Clínica Vespucio: $24 millones
Mutual de Seguridad: $ 7 millones
Hospital del Profesor: $23 millones
Préstamo de ventiladores y sus devoluciones
Un decreto con término del 5 de febrero del 2020 el Ocupación de Salubridad autorizó la “transferencia de dominio, a título gratuito, de bienes muebles adquiridos para hacer frente a la epidemia de Covid-19”. Esto solo a “servicios públicos”. A su vez se estableció entregar “en arriendo, a prestadores privados, dispositivos médicos sin más trámite que el acto administrativo por el cual se autoriza dicho arrendamiento”.
Sin incautación se detectó la entrega directa de 141 ventiladores por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a recintos privados.
Por otra parte, en algunas clínicas y centros de lozanía manifestaron no acontecer hecho uso de los ventiladores mecánicos, mientras que otros no fueron devueltos en óptimas condiciones.