Abogado simpatizante DC que se pasó a RN preside tribunal que resolverá destino de Minera Dominga

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“Yo a lo mejor no tengo el lustre noticioso del señor (Alejandro) Guillier, pero sí te puedo decir que a mí no me designaron entre cuatro paredes como a él, que lo eligieron las cúpulas políticas en Santiago (…). El candidato de la UDI fue designado por las cúpulas políticas”.

De esta guisa, en 2013, el abogado Daniel Guevara Cortés se refería a su candidatura al Senado cuando postulaba en el pacto de RN. En ese entonces, Guevara era presidente regional del partido de Pimiento Vamos. Y este era su segundo intento por salir al Congreso. Antaño, había sido candidato a la Cámara de Diputados como independiente en un cupo RN.

Su postulación en 2005 no estuvo vacancia de roces. Guevara, entre 1998 y 2002, durante en el Gobierno de Ricardo Lagos, fue seremi de Posesiones Nacionales de Antofagasta y, antiguamente, abogado asesor en el Tarea de Hacienda.

Hasta 2005 fue simpatizante de la Democracia Cristiana y, a instancias de Carlos Cantero, se fue al partido de derecha, donde al principio fue recibido con cautela a causa de su domicilio político previo. Sin secuestro, Guevara llegó a presidente regional de la colectividad, logrando notoriedad cuando en 2013 impugnó en el Tricel la candidatura al Senado de Luciano Cruz-Coke, por no deber renunciado al Gobierno en el plazo que pide la ley.

El ministro presidente

Daniel Guevara, de 45 abriles, anglicano, inclinado al montañismo y a la guitarra clásica, es desde el 29 de junio –cuando juró delante la Corte Suprema– uno de los cinco integrantes del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta. El judicatura tiene comarca desde la Primera a la Cuarta regiones y, como tal, es el que tendrá que resolver la apelación que presentarán los gestores del esquema minero Dominga, en la Tercera Región.

El esquema fue rechazado por el comité de ministros conformado para este emoción y el tribunal es la última instancia para revertir la osadía.

Guevara, apodado “el Che Guevara” por sus compañeros en la Universidad de Valparaíso, es el más político de todos los integrantes. El tribunal se compone de dos ministros titulares, abogados, y un tercero que es un comprobado, más dos ministros suplentes, que no tienen dedicación monopolio y entre los que se cuenta otro irrefutable, adicionalmente de un abogado.

Titulares y suplentes

El otro abogado que figura como ministro titular es Mauricio Oviedo González. Oviedo estudió en la Universidad de Concepción y dedicó su exposición al dominio del bosque nativo. Trabajó en el Servicio de Evaluación Ambiental y, antiguamente, en el Serviu de la Región del Maule, donde ejerció como contralor interno. Antiguamente laboró al frente del sección judicial de la Municipalidad de San Javier, con el presente dirigente de la provincia de Linares, Pedro Pablo Fernández, militante DC.

Respecto al otro ministro, Marcelo Hernández Rojas, es ingeniero forestal de la Universidad de Talca. Fue director del Indap desde 2014 a 2016 en la Región de Aysén.

Hasta 2005 fue simpatizante de la Democracia Cristiana y, a instancias de Carlos Cantero, se fue al partido de derecha, donde al principio fue recibido con cautela a causa de su domicilio político aludido. Sin confiscación, Guevara llegó a presidente regional de la colectividad, logrando notoriedad cuando en 2013 impugnó en el Tricel la candidatura al Senado de Luciano Cruz-Coke, por no acaecer renunciado al Gobierno en el plazo que pide la ley.

Entre los ministros suplentes, está el abogado Cristián Delpiano Lira, egresado de la Universidad Diego Portales y con un magister en la Universidad de Salamanca. Delpiano, quien como suplente, no tiene dedicación monopolio, trabaja en un centro vinculado a la Universidad Católica del Finalidad, que monitorea el uso de posibles naturales.

Por postrer, entre los suplentes, está el doctor en química, Fabrizio Queirolo, quien es un respetado clásico de la misma universidad, gracias a los proyectos Conicyt donde ha participado y las publicaciones internacionales que llevan su nombre.

Una mezcla de integrantes más politizados que otros, que no dan cuenta del retardo que tuvo la implementación del tribunal. La ley que dio luz verde a esta institucionalidad es de 2012 y en Antofagasta debió estar eficaz en 2013. Pero tardó prácticamente cuatro abriles en estar astuto. El mecanismo admitido es que la Corte Suprema, donde el plan de nuevos tribunales fue recibido con poco de cautela, envíe quinas de nombres para cada cupo y luego la Presidenta decida y los envíe al Senado para su aprobación final.

Los plazos de Dominga

Desde 2014 la Corte envió una serie de nombres, pero en La Moneda hay dos versiones, una que el nivel de los profesionales propuestos era muy bajo y otra que costó mucho encontrar gentío sin inhabilidades. Las dos versiones coinciden en que la valor de los nombres que fueron al Senado, pasó por Ana Lya Uriarte, jefa de recibidor de la Presidenta y ex Ministra de Medioambiente. Los otros tribunales en Santiago y Valdivia, llevan meses funcionando y en caso de que este asunto no se hubiera resuelto, el tribunal encargado de ver el caso de Dominga, habría sido el de Santiago, donde el presidente es Rafael Asenjo.

De cualquier forma, los pasos de Dominga para presentar la apelación no parecen muy holgados. Aunque en la compañía esperan el falta oficial con la resolución del Consejo de Ministros, que podría tardar varias semanas en estar adecuado, ya trabajan con el abogado Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme, en una organización que incluirá la audacia del SEA, que luego de abriles de discusión y evaluación aprobó el esquema. Adicionalmente del apoyo que la minera tiene en la zona. La idea es que el asunto se resuelva en este gobierno y no en el período que eventualmente le pueda tocar a Sebastián Piñera, sabiendo que su clan tuvo intereses en el esquema.

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