Acusan a alcalde Carter de manipular caso de los “psicofármacos perdidos” para esconder grave crisis de abastecimiento

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A fines de mayo, solo 6 días a posteriori que el precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, anunciara la incorporación del corregidor de La Florida, Rodolfo Carter, como vocero de su campaña, el díscolo principal comunal de derecha transmitió a los medios, especialmente noticieros de TV, una comunicado que sonaba escandalosa: luego de realizar una auditoría encargada a un colección de peritos independientes, la municipalidad descubrió que 1.290.134 unidades de “medicamentos controlados” habían desaparecido desde las centrales de abasto del municipio.

Previo a que esta denuncia fuera hecha pública a través de noticieros de televisión, que accedieron a registros de las cámaras de seguridad de la droguería, donde se podía ver a desconocidos cargando medicamentos en una mochila, la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) –estructura de derecho privado, pero presidida por el corregidor Carter– venía enfrentando otro escándalo en materia de sanidad, esta vez por quiebres en el stock de medicamentos de primera pobreza y por contratos millonarios a proveedores preferidos, que vendían sus productos tres y hasta cuatro veces por el sobre el valencia del mercado.

“Mientras no había para pagar el paracetamol, se compraron millones de pesos en sildenafil (viagra) y gel íntimo”, cita como ejemplo un funcionario encargado de las compras en la municipalidad.

Según facturas a las que tuvo comunicación El Mostrador, en 2017 se gastaron $3.594.990 en gel íntimo adquirido a la empresa Ethos. La misma compañía facturó $4.484.277 en noviembre de 2017 por 28.940 comprimidos de sildenafil. Otra vez se compró gel íntimo, por un total de $5.652.500, en marzo de 2019 a la firma Santepharma.

En el ámbito de estas compras destaca la adquisición de 5 mil unidades de gel íntimo a la empresa Distribuidora Los Álamos en noviembre de 2018. De acuerdo al declaración de funcionarios de la droguería, esta distribuidora era la que vendía los productos a sobreprecio, pero no solo eso sino que todavía en mal estado, y en condiciones subestándar de traslado y almacenamiento. Se trataba de insumos médicos, no medicamentos.

Por ejemplo, un apósito se vendía a $7.915, mientras otra empresa lo vendía a $1.915. El Control de Vapor para Autoclave, costaba $14.130 en los Álamos, contra $4.130 en otra empresa, adquiridos sin oferta pública, poliedro que la Comudef es una corporación de derecho privado.

Delante la evidencia, la empresa Los Alamos decidió apearse los precios de los productos más caros para abastecer el pacto, que era a cinco abriles. Sin incautación, la municipalidad optó por terminarlo anticipadamente en 2019 y la firma, que tenía como principal cliente a La Florida, advirtió que caería en bancarrota.

Al principio del entendimiento, uno de los gerentes de dicha compañía era Último Kalm Laub, quien todavía figura entre los socios de Los Álamos. La firma estaba compuesta por otros dos socios. Por una parte, estaba Juan Carlos Salgado, experto en el rubro de proveedores de insumos médicos y medicamentos, y por otro, Marcelo Impetuoso Cánepa, exejecutivo de SMU, el retailer de Álvaro Saieh y actualmente directivo de Comunicaciones y Marketing de Mega.

Cercanos al ejecutor comentan que informó a la contraloría del canal sobre este vínculo y se descartó un conflicto de intereses. Consultado por su décimo, Fiero sostuvo que el tema de los precios no era resorte de ellos, ya que el valencia de los productos los fijó la propia Corporación Municipal, de modo que fueron ellos mismos los que en la subasta fijaron los precios excedidos.

“No es correcto hablar de cobros de sobreprecio, se cobró de acuerdo a una licitación/tabla que fijaba los precios por la Comudef (contrato/privado), contrato que yo compré en segunda vuelta (yo no participé de esa licitación) y que frente a la solicitud de bajarlos siempre accedí, sabiendo que los precios se mueven por condiciones de mercado, a pesar de que el contrato protegía el no hacerlo”, sostiene Fiero.

Paralelamente, otro de los socios en Los Álamos, Menor Kalm, participa en Kiruka Medical Services, que en el segundo Gobierno de Bachelet –que coincide con los abriles 2017-2018– se adjudicó $921 millones en licitaciones con el Estado, según un estudio publicado por el Observatorio de Desembolso Fiscal.

Poco antiguamente de la grieta, la dirección común de Los Álamos fue asumida por Juan Carlos Salgado Vásquez, hasta septiembre de 2019. Luego que la empresa Alamos quebrara, Salgado continuó como proveedor de La Florida con otra firma, Salvapharm, de la cual es director caudillo y único socio, de acuerdo a los registros consultados.

Fuera de eso, cuando se acabó el pacto preferencial con Los Álamos, una de sus funcionarias, Carolina Carrasco, pasó a trabajar en el Área de Adquisiciones de la Comudef.

A estos conflictos de intereses, se suman otras compras extrañas, a empresas con otros giros que no están relacionados con la lozanía. A Patricio Sepúlveda Hermoso, cuyo rotación es el de Estacionamientos, Transporte y Aseo,  la municipalidad le compró 50 mil mascarillas de 3 pliegues para la Comudef.

Crisis de aprovisionamiento y el escándalo de los psicofármacos

A este tipo de situaciones se suma una espinoso crisis de provisión que afecta a los usuarios de la Red Pública de Vigor.

Un profesional de uno de los Cesfam de La Florida reconoce que el radio de lozanía atraviesa por una seria crisis de acumulación.

“Nunca habíamos estado así: entregando recetas externas para comprar medicamentos o entregando la mitad de los que les corresponden a las personas. Habitualmente hay 1 o 2 medicamentos con quiebre, pero ahora, en algunos casos, hay entre 6, 10 y hasta 20 medicamentos, en los casos más dramáticos, que están en quiebre, una situación que no tiene precedentes en la municipalidad”, afirma este funcionario que pidió resguardar su identidad.

Según Álvaro Noble, defensa de los químicos farmacéuticos, Alexcis Aguirre Toro y Aarón Aramburu Farías, quienes fueron acusados públicamente por el corregidor Carter de ser los responsables de la desaparición de más de un millón de dosis de psicofármarcos desde la droguerías y Cesfam municipales, estas acusaciones serían una maniobra para distraer a la opinión pública de lo que parece ser una gobierno municipal en crisis.

“Las declaraciones del señor Carter (…) buscan hacer recaer en dos funcionarios claramente subalternos la responsabilidad derivada de deficiencias graves y estructurales en la gestión municipal; deficiencias que, de acuerdo con las propias palabras del alcalde, se arrastran de “muchos años”, en circunstancias que nuestros representados prestan labores en el municipio desde data mucho más nuevo y circunscrita en cualquier caso al período de su propia papeleo edilicia”, aseguró.

El caso estalló luego que el perito José Velásquez Olavarría concluyera, en una auditoría encargada por la municipalidad a los 9 centros de lozanía dependientes de la Comudef (Corporación Municipal de Crecimiento Social de La Florida), que “sin excepción” faltaban psicotrópicos sujetos a control judicial, entre ellos, Alprazolam, Clonazepam, Fenobarbital, Diazepam y anestésico, entre otros.

Carter anunció que la Comudef ya había tomado medidas, presentando una querella por malversación de fondos públicos, apropiación indebida e infracción a la Ley de Drogas. El equipo permitido está liderado por el abogado Jaime Winter, hermano del diputado Gonzalo Winter.

Aunque la querella es “contra todos quienes resulten responsables”, menciona a dos químicos farmacéuticos como “las únicas personas que tienen llaves” de la Droguería Municipal, donde llegan los medicamentos, adicionalmente de insumos médicos, para luego distribuirse a los demás centros de lozanía y la Droguería Municipal. Se trata de Alexcis Aguirre Toro, cuyo cargo es de Director Técnico de la droguería, y Aarón Aramburu Farías, químico farmacéutico que ejerce como personal de apoyo.

La batalla penal fue interpuesta en el 14° Judicatura de Aval y actualmente está en manos del fiscal Jorge Martínez, de la Fiscalía Específico de la Florida. La indagatoria está en grado original, sin personas formalizadas y con diligencias a cargo de la Bicrim, sin que a la data hayan sido citados a fallar los funcionarios.

Aun cuando la investigación aún se halla en su etapa original, el corregidor Carter ha sostenido de que estos dos funcionarios “burlaron los controles quizá por negligencia”, a partir de lo cual –según el corregidor– se habría conformado una “red de tráfico”, para que los psicotrópicos fueran distribuidos de forma ilegal en ferias libres de la comuna. La denuncia fue acompañada de imágenes de las cámaras de seguridad, entregadas a dos noticieros de televisión abierta, donde se puede ver a dos personas con rostro cubierto, metiendo cajas en sus mochilas. Adicionalmente de otras imágenes de personas en el estacionamiento de la droguería.

Contradicciones e inconsistencias

A través de un correo fechado el viernes 5 de febrero a las 18:23 horas, al que tuvo ataque El Mostrador, Juan Enrique Pérez, director de la Comudef, informó que los dos químicos –Aguirre y Aramburu– fueron suspendidos de sus funciones luego que se conocieran los resultados de una auditoría llevada a lado por el Instituto de Vigor Pública (ISP) el 27 de enero. En esa inspección, se encontraron fallas en los protocolos de almacenamiento y destrucción de medicamentos vencidos, encima de la costumbre de “fraccionar” los medicamentos, procedimiento que no está permitido.

La auditoría del ISP –a la que asimismo tuvo ataque este diario– no palabra de “robo” o “sustracción” de remedios, sino de “diferencias” en el conteo, que por lo demás serían acotadas a solo algunos medicamentos y en cantidades mucho menores a las que indica la auditoría independiente encargada con posterioridad a José Velásquez Olavarría. Las inspecciones para esta última auditoría –cuyos resultados fueron difundidos ampliamente por los medios– se realizaron el 26 de febrero y luego en varias jornadas entre el 8 y el 15 de marzo de este año, es proponer, entre tres y cinco semanas a posteriori que los funcionarios fueran suspendidos.

Ahora perfectamente, esas fechas no son las únicas que evidencian inconsistencias. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la droguería, que facilitó la municipalidad a los noticieros de TV, en que se puede apreciar a personas sustrayendo medicamentos y que –según las imputaciones de la delegación Carter– podrían corresponder a los químicos, fueron registradas el 18 de mayo, vale sostener, más de tres meses a posteriori que fueran suspendidos.

El abogado Álvaro Señor, en representación de la defensa de entreambos funcionarios, puso en duda la certeza de las imágenes que mostraron los noticieros. “En las imágenes que la Municipalidad de La Florida entregó a los medios de prensa y que fueron exhibidas en los noticieros de casi todos los canales de televisión como asociadas –incluso con nombre y patronímico, como en el caso de Canal 13– a nuestros representados, ni siquiera corresponden a ellos, sino a funcionarios que fueron contratados para desempeñarse en la misma radio con mucha posterioridad. Lo que obviamente constituye, encima de un difícil atentado contra la verdad y contra la honra de nuestros representados y sus familias, una desidia inexcusable a la probidad que cerca de exigir de una autoridad pública”, afirmó.

Por otra parte, una serie de gestiones para alcanzar a la contabilidad de los psicofármacos perdidos, en el referencia final de la auditoría independiente de José Velásquez, que es la principal prueba para hacer la denuncia delante el Empleo Publico, tiene como data el 12 de mayo. Pero, según una serie de correos a los que tuvo ataque El Mostrador, hay pedidos de información con posterioridad al noticia. El primero es enviado por el propio perito José Velásquez el 13 de mayo a la Comudef, y el otro es de Juan Enrique Pérez –director de la Corporación Municipal– a los directores, el 18 de mayo. En los dos se solicita dirigir con emergencia información con los medicamentos controlados para completar el conteo. Es asegurar, en los dos casos la solicitud es posterior a la término en que se firmó la auditoría terminada y que, supuestamente, incluía la información consolidada de todos los centros.

Las cifras no cuadran

La auditoría encargada el 12 de enero al Instituto de Lozanía Pública (ISP) envió los resultados la primera semana de febrero, pero, antaño de que los químicos pudieran contestar a las consultas de la indagatoria, fueron suspendidos de sus funciones. El 7 de junio pasado llegó una notificación del ISP anunciando un sumario contra Alexcis Aguirre, con un plazo para replicar. En la respuesta, Aguirre acompañó números de parte y copias de las guías de despacho que acreditarían la cuadraturas, registrándose diferencias mínimas en las cantidades de medicamentos controlados. Esas cifras no coinciden con las que entregó la auditoría independiente, fechada el 12 de mayo.

Por ejemplo, la auditoría del equipo de José Velázquez identifica una cantidad de 33.060 unidades de Alprazolam en stock. Mientras, el ISP contó 33.010 unidades, y la respuesta de Alexcis Aguirre al ISP, por su parte, consigna un total de 33.110  unidades de este medicamento. El químico justifica la diferencia en 100 cajas que estaban deterioradas. En el caso de la Soporífero de 20 mg, en la auditoría independiente se consignan 210 en stock pero 400 unidades registradas en los libros, 10 en stock y una diferencia de 190 unidades. Mientras que la respuesta de Aguirre al ISP contó asimismo 400 unidades, 190 horizontes y un stock de 210 disponibles. El ISP constató un conteo similar.

Aun cuando existen diferencias entre las tres contabilidades y en cada uno de los psicofármacos controlados, estas no resultan ser sustanciales, pese a que la municipalidad informó originalmente que la pérdida se estimaba en 300 kilos de medicamentos.