Acusan a Van Rysselberghue de dilatar votación de proyecto que levanta el secreto del Informe Valech I

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El senador socialista Juan Pablo Letelier anunció que recurrirá a la Comisión de Ética de la Cámara Inscripción en contra de la senadora de la UDI Jacqueline van Rysselbergue, a quien acusa, dada su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Corporación, de no respetar las urgencias y dilatar la votación del plan de ley que levanta el secreto de 50 abriles de la Comisión Valech I para que el Poder Legal pueda investigar delitos cometidos durante la dictadura marcial.

El parlamentario se sumó así a las críticas con destino a la timonel gremialista que formuló el miércoles postrer la subsecretaria de Razón y DD.HH., Lorena Fries, quien la responsabilizó de impedir que la iniciativa lícito pueda votarse en sala.

“Me parece legítimo que ella tenga una diferencia de opinión con el proyecto, me parece legítimo que vote en contra si no lo comparte, o vote a favor si lo comparte, pero lo que no corresponde es que un senador de la República no haga su trabajo, no venga a las sesiones, no asuma la responsabilidad de la comisión que ella voluntariamente preside y es por ello que me sumo a la inquietud de la subsecretaria, y en lo personal lo voy a pasar a la comisión de Ética para que ésta le represente su incumplimiento flagrante de sus responsabilidades”, dijo Letelier.

El parlamentario insistió en que la comisión ha sesionado tan sólo ocho veces este año y que el esquema en cuestión ya debiera haberse votado, considerando que tiene el carácter de discusión inmediata.

“Es lamentable que una presidenta de un partido no dé el ejemplo, independiente de qué color político sea, de cumplir la ley. Lo absurdo es que está en abierta confrontación con la ley, hay una discusión inmediata, tenemos un plazo para votar los proyectos  y ella por cuarta vez consecutiva impide que se cumpla la ley a la cual nosotros nos comprometimos a cumplir, que es en ciertos plazos votar ciertas materias que se ponen ante nosotros, independiente que nos gusten o no nos gusten”, agregó.

Sobre por qué no optó por pedir la censura de la senadora, explicó que “es una opción, no se descarta, pero hemos querido seguir este otro camino. Respetamos que ella siendo de un partido de minoría en el Senado, hubo un acuerdo de que la oposición tuviera presidencias de comisiones pero siempre en el marco que uno respeta el juego limpio y transparente entre nosotros”.

Y recordó que “por desgracia no es la primera vez que tenemos esta experiencia con la senadora de la Octava Región. Antes con otra ley que no le gustaba sobre identidad de género también actuó de una forma inadecuada obstruyendo el despacho de este proyecto y en esto lo que ella hace es un mal ejercicio de sus funciones, y es por ello que consideramos que hay negligencia y creemos que el paso correcto es pasarla a la Comisión de Ética, y si la Comisión de Ética no es capaz de resolver esto, tendremos que estudiar las otras alternativas”.

Explicó todavía que la comisión no puede autoconvocarse, ya que el reglamento del Senado establece que es el presidente o presidenta quien debe citar a las sesiones y fijar la tabla.

Finalmente dijo que el objetivo del esquema es establecer si los Tribunales de Imparcialidad pueden o no lograr a información del Referencia Valech I, como ocurre actualmente con el Noticia Rettig y el Referencia Valech II.

“La Ley Valech I, por la correlación de fuerzas que hubo en los ’90 en nuestro país, en el gobierno del presidente Lagos la UDI no aceptó la aprobación de la ley sin haber puesto esta dificultad para que los tribunales accedieran a la información. Transcurrido tanto tiempo es absurdo que no se le permita a los tribunales de Justicia, con el respeto a la información, acceder a información que existe en un organismo público. Se quería establecer igualdad ante la ley, y lo absurdo es que aquí lo que hay en el fondo es una senadora que no quiere permitir que los tribunales de Justicia puedan hacer verdad y justicia en casos de delitos que hubo en nuestro país”, sostuvo.

Citada por Radiodifusión Bío Bío, la senadora Van Rysselberghe negó que esté obstaculizando la votación del esquema. De hecho, aseguró que citó a la comisión de DD.HH. para zanjar el tema posteriormente que el miércoles recibiera un documentación de la Corte Suprema que estaba irresoluto.

Pero hace dos abriles la flagrante presidenta de la UDI ya había manifestado sus reparos al plan porque a su entendimiento buscaba cambiar “las reglas del juego”.

“Se generó un acuerdo institucional, en donde el Estado como gobierno aseguró las condiciones para que civiles, militares, cómplices, victimarios, víctimas pudieran determinar en ciertas condiciones”, dijo en julio de 2015 a la Radiodifusión Agricultura.

Y agregó que “gran parte de los responsables del gobierno militar deben estar muy ancianos o están muchos de ellos fallecidos. Los que fueron activos en los primeros años eran los mandos más bajos; subtenientes, de ahí para abajo, recibían órdenes. A lo mejor fueron parte de quienes otorgaron antecedentes. Son temas que generan polarización en un momento complejo de nuestro país cuando necesitamos unidad”.

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