Argentina: más de 750 represores de la dictadura podrían beneficiarse por un fallo

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Más de 750 represores de la última dictadura en Argentina (1976-1983) podrían hallarse beneficiados por un equivocación de la Corte Suprema de Ecuanimidad que redujo la pena de prisión de uno de los condenados y que generó controversia en el Gobierno.

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la audacia de la Corte Suprema. “Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Si los jueces consideraron que el marco legal lleva a esto, hay que respetarlo”, se pronunció Avruj en una entrevista para una radiodifusión lugar al respecto de la audacia, que rápidamente fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos del país.

El ministro de Neutralidad y Derechos Humanos, Germán Garavano, remarcó el respeto institucional al mayor tribunal, pero consideró que no es encajado que se aplique “en ningún escenario” la ley conocida como “dos por uno” que cuenta doble la cantidad de días en la calabozo que un marcado pasó en prisión sin aceptar una sentencia firme.

En un sentencia dividido, la Corte Suprema avaló el miércoles la inédita aplicación del beneficio del “dos por uno” al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, al entender que siempre se debe aplicar la ley penal más benigna.

Más de 750 represores militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad aún no cuentan con una sentencia firme y podrían pedir que se les aplique el mismo beneficio que otorgó la Corte Suprema a Muiña.

Organismos de Derechos Humanos

La resolución fue muy criticada por los organismos de derechos humanos.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Castro de Carlotto, consideró “abominable” el error. Los organismos de derechos humanos agotarán “todas los instancias internacionales para lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado”, anticipó Carlotto, líder de la agrupación que rebusca a sus nietos apropiados ilegalmente durante la dictadura.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que “hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía” y cuestionó al Poder Sumarial por atrasarse los fallos para que las sentencias queden firmes.

Según los organismos de derechos humanos, la dictadura dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, pero desde su venida al poder en 2015 el Gobierno argentino cuestionó la certeza esa monograma por medio de varios de sus funcionarios y legisladores.

 

Fuente:T13.cl

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