Así funciona el descontrolado registro de pedófilos

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Por: Juan Pablo Figueroa

Ramón Valdés Bustos es uno de los 188 condenados a los que la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó la permiso condicional el pasado 21 de abril. Llevaba cuatro abriles preso y le quedaban tres para cumplir su sentencia. Antiguamente de eso, se hacía ocurrir por médico psiquiatra en una consulta en Santiago Centro, donde recibía a sus pacientes, las dopaba, y una vez que perdían la conciencia, las desvestía, las tocaba, las obligaba a tocarlo a él y se frotaba con ellas hasta eyacular.

Durante el inteligencia la fiscalía presentó testimonios que daban cuenta de que así hizo con muchas mujeres, pero fue imputado y luego condenado por sólo dos casos de desmán sexual, los dos cometidos en 2007. Uno de ellos tenía un desventaja: la víctima era último de años.

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Al tener más de la fracción de su pena cumplida, Valdés pudo optar a la autodeterminación condicional sin problemas. Y ahora que salió de prisión, puede despabilarse trabajo. Como desde 2004 el Código Penal establece que los condenados por abusos sexuales contra menores están inhabilitados para desempeñarse en colegios u otros trabajos que involucren contacto con menores de 18 abriles, él debería tener ese campo vetado por un plazo que según la ley va desde los tres abriles y un día hasta los 10 abriles. Pero en su caso esa restricción no corre. ¿Por qué? Porque los fiscales que lo acusaron nunca pidieron que fuera incluido en ese registro y los jueces siquiera lo establecieron en su sentencia.

Si se escribe el nombre y el rut de Ramón Valdés en la plataforma que el Registro Civil tiene a disposición del notorio para consultar sobre la inhabilidad de una persona específica, da por resultado que “no registra inhabilidad para trabajar con menores de edad”, a pesar de que la ley establece que sí debiera tenerla.  

Lo formal es que el caso de Valdés es sólo uno de muchos.

Durante meses, un equipo de Contacto investigó cómo está funcionando el registro de inhabilidades para trabajar con menores, un relación que administra el Registro Civil y en el que debieran estar incorporadas todas las personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores de vida. Por eso asimismo se le conoce informalmente como el “Registro de Pedófilos”.

La repertorio fue creada para que las instituciones o personas que requieran contratar a personal que trabajará con niños –como profesores, transportistas escolares, tutores, cuidadores u otros–, verifiquen que no tengan sus informes manchados con condenas por injusticia sexual contra infantes o adolescentes. En otras palabras, para cerciorarse de que los pedófilos no vuelvan a trabajar con niños, al menos por un tiempo.             

Descubrimos que el sistema presenta varias fallas. Casos de personas que han sido condenadas y que nunca fueron incluidas en el registro; otras que sí han sido incorporadas, pero por un período mucho último al tiempo exiguo que establece la ley; demoras en la inclusión que han permitido la contratación de varios inhabilitados en colegios y otros establecimientos; y desconocimiento generalizado entre fiscales, jueces, legisladores y fiscalizadores sobre cómo se debe aplicar la norma. Adicionalmente, nadie fiscaliza su correcto funcionamiento y los datos que debieran proveer la evaluación del sistema no permiten impresionar a una conclusión, porque cada institución –Poder Jurídico, Tarea Manifiesto y Registro Civil– mide cosas distintas y no existen sistema integrados de información. Todo eso ha derivado en un profundo descontrol sobre quiénes ingresan y quiénes salen del registro, al punto de que en la presente ninguna autoridad es capaz de asegurar que todas las personas que debieran figurar en él efectivamente están.

El detalle con las revelaciones de esta investigación las podrá ver este domingo 8 de mayo por la confusión, en Canal 13. 

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LAS DOS ETAPAS DEL REGISTRO

Las inhabilidades para trabajar con menores fueron incorporadas por primera vez al Código Penal en 2004, a través de la misma reglamento que tipificó los delitos relacionados a la producción y comercialización de pornografía pueril (ver ley). Son conocidas como “penas accesorias”, es sostener, sanciones complementarias a las condenas principales y que deben concluir estipuladas en las sentencias que dictan los tribunales. Dicha inhabilidad quedaría registrada en el Registro Caudillo de Condenas que administra el Registro Civil, y la información estaría arreglado sólo para instituciones públicas o privadas que requieran contratar a una persona determinada para trabajar con menores de vida. Pero durante su primera etapa, que duró ocho abriles, tuvo serios problemas en su implementación.     

“La normativa vigente entre 2004 y 2012 no regulaba la forma ni cómo hacer las consultas, por lo tanto era inoperante, porque el Registro General de Condenas no es de libre acceso al público. Era muy vaga y difícilmente se aplicaba. Se pensó que la norma podía ser mejorada y por eso el gobierno del Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto en ese sentido”, dice el abogado Juan Domingo Acosta, ex asesor del Servicio del Interior y uno de los redactores del plan de ley diferente que dio forma a la reglamento tal cual como se le conoce hoy.  

Ese esquema ingresó al Congreso en mayo de 2010 y salió como ley en junio de 2012 (ver ley). A través de ella se especificaron qué delitos se castigarían con las inhabilidades ya existentes y se estableció que cuando los abusos fueran contra niños que aún no cumplen los 14 abriles, la inhabilidad ya no sería sólo temporal, sino que a perpetuidad. Adicionalmente, se dispuso que ya no sería optativa la revisión de los referencias para los colegios u otros establecimientos que requieran contratar a personas para trabajar con menores, sino que en delante sería una obligación. Y para poder probar que así sea, se creó una sección específico para este tipo de sanciones en el Registro Universal de Condenas, a la que se puede aceptar a través de Internet, y que está adecuado en el sitio web del Registro Civil para cualquier persona natural o jurídica que quiera consultarlo. Eso sí, sólo con fines de contratación. Si la información allí contenida se usa con otros objetivos, como publicarla o difundirla para funar a los condenados, la persona que hizo la consulta –que siempre tiene que identificarse– podría ser multada con hasta 10 UTM (cerca de $450 mil).  

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Para realizar la consulta, baste con tener el nombre completo y el rut de la persona sobre la cual se solicita la información, e ingresarla sin faltas de ortografía al sistema, el cual dará una respuesta simple y escueta: Sí registra inhabilidad o No registra inhabilidad. No especificará si es perpetua o temporal, ni por cuanto tiempo estará inhabilitada esa persona.    

Desde que se realizó ese cambio en junio de 2012, según el Registro Civil, unas 4.017 personas han sido ingresadas al llamado registro de pedófilos. De ellas, 1.483 estarán a perpetuidad. Los demás sólo por un tiempo. ¿Son todas las que debieran estar? Muy difícil saberlo con la información que actualmente poseen las instituciones que operan el sistema.  

La investigación que dará inicio a la temporada 2016 de Contacto, da cuenta de las graves fallas que se producen por esa descuido de control y que han permitido que cerca de 70 personas ya hayan sido sorprendidas trabajando en colegios y establecimientos educacionales con menores de vida a pesar de estar inhabilitadas por orden contencioso para hacerlo. Y esas sólo son las que la Superintendencia de Educación ha podido detectar. El número de personas que debieran estar en el registro y que no están, o aquellas que ya salieron de él y volvieron a trabajar con niños, constituyen una guarismo negra que actualmente sólo es posible determinar si se revisara una a una todas las sentencias condenatorias por este tipo de delitos en el país en los últimos abriles.

FALLAS EN EL SISTEMA

Sólo en la región de Valparaíso, más de 100 presos que obtuvieron el beneficio de la excarcelación condicional a fines de abril cumplen condenas por delitos sexuales (ver lista completa publicada por biobio.cl). Aún no se sabe con certeza cuántos de ellos atacaron a menores de años. Menos si están o no inhabilitados para trabajar con menores, según lo establece la ley. La única forma de saberlo, sería pasando el rut de cada uno de ellos por la plataforma del Registro Civil.    

Entre aquellos condenados de Santiago que podrán ahora cumplir su condena en emancipación, y que están sentenciados por atropellar sexualmente de menores, adicionalmente de Ramón Valdés está el ex estudiante de educación física del Colegio Dunalastair, Matías Impetuoso Bruna. Él cumple una sentencia de cinco abriles y un día por abusos sexuales reiterados cometidos en 2012 contra niños menores de 14 abriles. Su condena fue ratificada por la Corte Suprema. Su diferencia con Valdés, así como con otros condenados, es que él sí registra inhabilidad para trabajar con menores.     

Casi todos los expertos consultados por Contacto reconocen que la norma es un gran avance en materia de protección de niños y adolescentes, así como asimismo de los mismos condenados al no hacer pública la relación completa del registro. Pero al mismo tiempo asumen que en su implementación se han desarrollado grietas que impiden un funcionamiento magnífico.

La investigación revela cómo fiscales no solicitan la inhabilidad y cómo jueces dejan de aplicar la norma por desconocimiento o simplemente por implementar distintas lecturas a una ley que no establece excepciones: todos los condenados por los delitos de exceso sexual contra menores debieran ser incluidos a perpetuidad, en caso de abusos contra niños menores de 14 abriles, o por un plazo intrascendente de tres abriles y un día y mayor de 10 abriles, si la víctima es decano de 14 pero último de 18.

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Aun así, corroboramos la existencia de casos como el de Ernesto Alvarado, el fonoaudiólogo que abusó de una pupila de cuatro abriles y que las autoridades usaron como caso emblema para impulsar la modificación permitido de 2012: él nunca fue inhabilitado. O el de Mario Raiman, un profesor de matemáticas que sí fue incluido en el registro tras atropellar de una sobrina, pero por un plazo mucho último que el pequeño reglamentario. O incluso el de Raúl Rodríguez, a quien sorprendimos trabajando en un colegio a pesar de tener inhabilitación temporal.

Detrás de todo eso se esconde una existencia aún más preocupante: fiscales que no solicitan que se aplique la ley, jueces que emiten fallos que sin explicación omiten las inhabilidades y fiscalizadores que no entienden a cabalidad qué es lo que establece la norma. Al final, las fallas son falta del sistema en su conjunto.

“Tiene que existir un compromiso del sistema en su integridad, en orden de dar una aplicación efectiva de la ley y de este registro. Las responsabilidades pueden ser compartidas. ¿En qué sentido? Yo debo, como fiscal, solicitar adecuadamente la sanción de la inhabilitación, y por lo tanto lo que yo debiera solicitar es un tiempo determinado de inhabilitación. Si esa solicitud no se hace por error del fiscal, eso no exime al tribunal de su deber constitucional de resolver conforme a la institucionalidad”, dice la jefe de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Doméstico, Patricia Muñoz.

 

Fuente:T13.cl

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