La Secretaría de Décimo Ciudadana para el nuevo proceso constituyente se puso en marcha hace algunos días en una sala con la Comisión Experta completa, autoridades universitarias y autoridades políticas varias. Sin ninguna estructura social que participara de la actividad, Claudio Troncoso -uno de los encargados del proyecto- dijo estar “acompañado de un muy buen equipo, así que eso es un elemento que tranquiliza para llevar a cabo esta enorme tarea, que creo que es muy importante, de llevar a cabo junto a la ciudadanía y los demás órganos del proceso constituyente”. Desde ya las universidades están trabajando para en un tiempo muy acotado, obtener hacer obtener las aprensiones ciudadanas a sus próximos representantes que escribirán el plan de nueva Constitución.
La Pontificia Universidad Católica de Pimiento y la Universidad de Pimiento están a cargo de resistir a agarradera la tarea de propiciar un proceso de décimo ciudadana que sea capaz de involucrar a la población con el proceso constituyente. Proceso que, hasta ahora, no se sabía perfectamente cómo se implementaría y que era necesario pues existe un mandato constitucional que lo ordena:
“El reglamento contemplará mecanismos de participación ciudadana, la que tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las Universidades acreditadas. Dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma”, dice el artículo 153 de la Constitución contemporáneo.
Antiguamente de que los mecanismos establecidos se pongan en marcha -el 7 de junio-, se llevarán a lengua dos procesos. El primero, que está en curso, es una compendio de los trabajos de décimo ciudadana que se hicieron en los procesos constitucionales anteriores, el de Bachelet y el de la Convención Constitucional. Se llevará a punta un trabajo colaborativo con Organizaciones de la Sociedad Civil y Biblioteca del Congreso Doméstico que buscan entregar un noticia sistematizado para fines de marzo.
Por otra parte, a partir del 6 de abril, comenzará el proceso de formación ciudadana, educación cívica y difusión del proceso constituyente. Este final se materializará en actividades que buscan preparar a la ciudadanía para poder, efectivamente, ser parte del proceso. Difusión, educación cívica, explicación sobre el proceso constituyente e instancias presenciales serán las formas que adoptará el proceso de formación ciudadana. En esto, será aún más importante, la colaboración de las universidades acreditadas y los órganos del Estado.
Una vez electo el Consejo Constitucional, comenzarán a tratar los mecanismos. El primero, de Iniciativas Populares de Norma, recoge la idea de la Convención Constitucional para que las personas sugieran enmiendas (suprimir, sustituir, modificar o adicionar normas) a artículos del preliminares, a través de la monasterio de firmas digitales que obtendrán con su esencia única. Es evidente que no todas las sugerencias llegarán al Consejo Constitucional, sino las que alcancen 10 mil firmas, de al menos cuatro regiones distintas y cumplan los demás requisitos reglamentarios. Este proceso tendrá una duración de un mes y comenzará el 7 de junio.
Otro proceso es el de Audiencias Públicas. En esta instancia, diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil, podrán solicitar un audiencia para plasmar su punto de apariencia en algún asunto que tenga relación con el bosquejo de nueva Constitución. A diferencia de la Convención Constitucional, sólo algunas audiencias se llevarán a promontorio delante el Consejo Constitucional, las otras, serán recibidas por por las distintas universidades acreditadas sobre la cojín de un criterio de distribución territorial determinado por la Secretaría Ejecutiva. El periodo para solicitar audiencias comienza el 7 de junio y termina el 14 del mismo mes.
Una instancia similar son los Diálogos Ciudadanos, que pretenden ser un mecanismo de diálogo y deliberación sobre el plan. Pretende ser un espacio de inscripción multiplicidad, representatividad e interacción entre grupos de ciudadanos, no con los Consejeros. La instancia se llevará a lugar a través de una convocatoria que se encargará a la Secretaría y la otra, de forma abierta, participarán personas o grupos con una pauta entregada por el mismo organismo. Los diálogos se llevarán a final durante los primeros 30 días de iniciado el consejo y, luego la Secretaría tendrá 15 días para sistematizar lo que se recogió de los diálogos.
El postrer mecanismo es ya más conocido y rescata la metodología hecha por el proceso precursor: Consultas Ciudadanas. Las personas, de forma posible con Esencia Única, podrán expresar breves opiniones respecto a normas contenidas en el preliminares. Este mecanismo estará adaptado durante los primeros 30 días luego de iniciado el Consejo Constitucional.
En la experiencia mencionado, el proceso de décimo ciudadana fue uno de los puntos en donde se dedicó mucha energía y trabajo, pues el hecho de vincular a la ciudadanía con el proceso mismo parecía ser la picaporte para su éxito. Como se sabe, no fue necesariamente así y, si correctamente este proceso cuenta con mecanismos de décimo, la conexión de este proceso para con la ciudadanía aún está al debe. Asimismo lo asumió la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, a El Mercurio este fin de semana: “La ciudadanía no está comprometida con este proceso”.
El sociólogo de la Universidad de Los Lagos, director del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, Gonzalo Delamaza, es un referente en el tema de décimo ciudadana y fue Director de la Secretaría de Décimo Popular en el proceso constituyente antedicho. De la experiencia en la Convención Constitucional rescata el número de audiencias y décimo en las Iniciativas Populares de Norma: “ Fueron unas 1.600 audiencias que se sostuvieron en la etapa de elaboración de reglamento y definición de comisiones y las IPN donde 980.000 personas participaron”. Si acertadamente reconoce que hubo problemas de diseño, reconoce que otros aspectos, como los mencionados, “fueron muy positivos”.
Los principales problemas del proceso mencionado, que de alguna guisa sirven para contrastarlo con el que ya está en curso es el tiempo. Delamaza destaca que se necesita “un tiempo adecuado” para sistematizar y a la vez cumplir con la entrega de la propuesta de nueva Constitución. Adicionalmente, cree que “El hecho de que en Chile nunca se hubiese realizado una como la que hizo la Convención, dificultó que se tuviera conciencia de eso, tanto para la participación como en general para la deliberación constitucional”.
Hasta ahora, la ciudadanía no ha sido parte del esquema constituyente y, para el universitario “es obvio que este proceso, este tercer intento, es un intento diseñado en función de los intereses de resolución política del Congreso y en cierto modo el Ejecutivo”. En definitiva, advierte que hay que tener en cuenta que el proceso tiene menos tiempo que el proceso antecedente y “es un proceso con límites muy claros y por lo tanto las posibilidades del proceso participativo son menores”.
Sin incautación, el sociólogo destaca el hecho de que exista un periodo de formación y socialización ciudadana y, como son menos mecanismos a desplegar, “se pueden explicar más fácil”. Un punto que cuenta con factores ambivalentes es que los resultados de la décimo estarán dirigidos a la discusión del preliminares. Para Delamaza eso “es un punto en contra en cierto modo porque cierra el proceso, lo estrecha, pero por otro lado permite que si se hace bien, pueda ser mucho más trazable. Se puede ver con mucha claridad cómo son recogidas las enmiendas que la ciudadanía plantee”. El realce debe estar, dice, en la sistematización y en la devolución de los contenidos de décimo es un sujeto muy significativo que no debe perderse”.
Otro punto importante que rescata la Secretaría de Décimo Ciudadana, según Delamaza, son las Iniciativas Populares de Norma. En términos metodológicos el universitario califica con nota positiva este mecanismo “ el 30% de las iniciativas estaban completamente contenidas en el texto, lo cual es una incidencia altísima. Un 60% estuvieron parcialmente contenidas. Solamente el 10%, 8 iniciativas, se pueden considerar que no estuvieron incluidas de ninguna forma, entre ellas «Prisión para Piñera», » Cannabis ahora en la Constitución».
El problema que tuvo ese mecanismo, y que es importante de calcular para este proceso es que “las iniciativas que se propusieron y obtuvieron amplio apoyo, como por ejemplo «Con mi plata no», hizo una campaña muy desleal o no comprendiendo el mecanismo, asumiendo que por haberse presentado con un número importante de firmas, poco menos que debía entrar a la Constitución cuando el mecanismo que había suponía un nuevo canal para ingresar iniciativas y no para aprobarlas”, explica el sociólogo. Lo importante, dice, es que posteriormente de muchos abriles “se considera como un mecanismo válido, incluso por aquellos sectores políticos que se oponían acerrimamente”. Por lo demás, explica que para que estas propuestas se materialicen, “siempre tendrá que haber una mayoría política que esté de acuerdo con los planteamientos de la iniciativa, pero si no no hay posibilidad de prosperar”.
Si acertadamente el clásico de la Universidad de los Lagos cree que el hecho de que las Universidades estén a cargo de este proceso porque cuentan con la confianza ciudadana, cree que “lo deductivo hubiese sido que el Consejo Constituyente hubiese tomado la responsabilidad”. Sin secuestro, califica como “buena cosa” que sean Universidades que cuenten con experiencia del proceso inicial como lo son la Universidad Católica y la Universidad de Pimiento.
Un punto a considerar, que no se ha tomado en cuenta, tiene que ver con el “diseño tan restringido”, dice Delamaza. El perito explica que una de las ausencias más significativas que existe en el proceso presente “es la presencia de las regiones, pues ni en la comisión experta ni el el Comité Técnico y tampoco en la Secretaría de Participación se consideró algo más allá de la ciudad de Santiago y eso es una limitación que se tiene que resolver”. A pesar de eso, evaluando el contexto presente, Delamaza piensa que “el rol de las universidades puede ser bueno para llevar la Secretaría de Participación” y no hay que olvidar que la responsabilidad de los mecanismos, “la va a tener el Consejo Constitucional”.
