Ausencia de regulación en el financiamiento de campañas para el plebiscito abre la puerta para el regreso del maletín negro

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El temor a la reaparición del hombre del maletín aciago llegó para quedarse. El inicio del período de campañas con miras al plebiscito del 26 de abril trajo consigo un recordatorio del que nadie se quiere hacer cargo, y que toca a todos los incumbentes en el proceso con miras a una eventual nueva Constitución. Y es que, si proporcionadamente la ley 19.884 sobre transparencia, frontera y control del desembolso electoral, corre a la par con el proceso, esta solo es atingente a los partidos políticos, por lo que personas independientes, comandos o movimientos sociales que participa del proceso, quedaron sin fiscalización alguna respecto de ingreso o utilización de posibles.

De esta forma, los fantasmas del pasado nuevo, mezclado al financiamiento irregular de la política serán temerarios acompañantes hasta el 26 de abril. La longevo preocupación que se instaló en el mundo de los expertos, guardaría directa relación en los peligros que conlleva el activo dejado abierta la puerta para que cualquier agrupación de interés, pueda, sin fiscalización alguna, intentar influir de guisa “desmedida”. Así es como el clásico de la Usach, Bernardo Navarrete lo cree al señalar que “se instala una sospecha, y es lo que menos necesita el país en este momento, la sospecha de que se legisló para generar esta área gris. Se pude puedo donar y nadie está fiscalizando”.

A principios de enero, fue el propio presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien advertía que “el Gobierno y el Congreso preparan una ley corta que aclare, complemente y corrija algunos aspectos de la reforma constitucional recién promulgada. Es el camino correcto en la búsqueda de soluciones”. A eso agregó que no era suficiente con hacer una remisión a las normas de la ley 19.844. Palabras que finalmente no encontraron eco, y las excusas son múltiples.

Fuentes al interior de La Moneda, explicaron que la razón de por qué no tuvieron iniciativa en la materia, se debía a dos razones en particular. La primera, el respeto que se habría tenido al acuerdo por una nueva Constitución y por la paz del 15 de noviembre, y, la segunda, que entienden que, en este caso, no se trataba de una iniciativa de monopolio poder presidencial, por lo que el espacio a nuevas propuestas, siempre habría estado extenso.

Desde el parlamento, quienes cuestionaron al gobierno por no acontecer presentado un plan de ley sobre financiamiento, recibieron como respuesta, el que, al no suceder existido consenso entre las partes, y considerando lo adecuado de los tiempos, se optó por no arriesgar un movimiento que podía costarles una nueva derrota.  Para el diputado DC, Matías Walker, La Moneda no tuvo veterano interés en innovar, y a diferencia de lo que estima Palacio, advirtió que “ese proyecto es de iniciativa exclusiva del gobierno, porque tiene que ver con la administración del Estado y las facultades del Servel”.

Una discusión que no estaría del tordo zanjada, ya que hoy, el Partido Socialista presentará un plan de regulación exprés, como lo calificaron, y que buscará establecer un tope de consumición, asimilado al de las campañas presidenciales. Así mismo se buscará incrementar las atribuciones del Servel para acreditar el origen de los fondos que financien la propaganda electoral. De esta forma, explicaron que, en este caso, no se trataría de una iniciativa privativa del director de Estado, ya que el tope no tocaría a las arcas fiscales y que la segunda materia sería a través de una norma interpretativa, agregaron.

Desde el mundo de los expertos electorales, varios otros coincidieron en que la responsabilidad sería transversal, considerando que el trabajo para pavimentar el camino constituyente, habría sido a la par con los partidos y los parlamentarios. Desde ese escena, diputados de la examen, recordaron que, desde el oficialismo, pusieron como condición “sine qua non”, el que no se podía tocar ningún aspecto que no haya estado adentro de la firma del acuerdo del 15 de noviembre, por lo que señalaron, se vieron imposibilitados de apañarse resolver en la materia.

Una materia que, si correctamente si fue tema al interior de la mesa técnica al momento de la redacción del plan que modificaba el punto XV de la Constitución, este no tuvo mayores respuestas. Las razones, comentó a El Mostrador uno de sus miembros, habría sido el desinterés de los partidos firmantes del acuerdo, considerando la premura que tenían para sacar delante el mismo. Adicionalmente, agregaron, que se le pidió al propio Servel una propuesta, la que “nunca llegó”.

Los argumentos tanto del ejecutor como de los parlamentarios, es una situación poco plausible para el clásico de la UDP, Claudio Fuentes, quien dijo que “siempre hubo tiempo para hacer regulaciones, tuvieron entre el acuerdo (15 de noviembre) hasta fin de diciembre, un mes y medio, se les anticipó. Ese argumento no me es válido en este caso, más sabiendo de los casos de corrupción anterior, tenemos experiencia, mayor sensibilidad debió haber existido en este tema”.

Una de las grandes complejidades que varios de los consultados apuntaron, cuidado directa relación con la dificultad que sería aguantar a mango una fiscalización anciano de parte del Servel. Y recordaron que la ley actual considera el seguimiento a los candidatos inscritos, a quienes el propio Servicio Electoral les abre una cuenta en el Tira Estado, la que no considera el secreto bancario, para así poder revisar el movimiento de dineros, los que entran y salen, para luego hacer coincidir según la ley lo estipula.

Si admisiblemente hubo propuestas de diferentes abogados, encima de un esquema presentado por el senador PPD, Felipe Harboe, y que consideraba una fiscalización, ex post, ninguna de las propuestas alcanzó a tomar el revoloteo necesario.

El peculio deje

Cedido el ambiente, otro debate fue el que quedó franco, y es el de cuanto influye el peculio en las elecciones, y específicamente en una como esta, donde no se vota por candidatos, sino que por una opción.

El universitario de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Brieba señaló que “tengo dudas que eso genere un impacto que mueva demasiado la aguja en términos de la opinión pública, la función principal de la propaganda política, más que a cambiar la opinión de las personas, que es muy difícil, es la recordación de nombres. Agregó que “acá lo que tenemos son dos opciones claras, por las cuales la gran mayoría de la gente ya está decidida a votar, en un plebiscito de mucha politización y polarización, por ende, no creo que la propaganda política tenga demasiada importancia en el resultado final”.

Una visión que no es compartida por Navarrete, quien cree que, dada esta circunstancia, esta se puede prestar “para la suma de todos los miedos”, ya que “el dinero en las campañas electorales si importa”. Adicionalmente, dijo que “creer que vamos a ser transparentes y no va a haber captura de voluntades y financiamiento ilegal, también es ingenuo, el desfile de maletines en efectivo, usted comprenderá que, una cosa lleva a la otra”.

En el caso de Fuentes, existe otra examen, de esta guisa apuntó que “hasta cierto punto, lo que muestran los estudios, el efecto del dinero en las campañas es como una curva en U invertida, donde hasta cierto momento en la gente tiene un impacto, pero después satura, por lo tanto, hay un discernimiento ciudadano de quien está haciendo una campaña, y considerando la crítica feroz a los partidos políticos, la gente va a estar mucho más desconfiada”.

Cerca de memorar que, si acertadamente la ley está válido para con los partidos políticos, en esta ocasión, no existe un tope de desembolso para los mismos.