Bachelet designa a Ricardo Martínez como nuevo Comandante en Jefe del Ejército

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Este miércoles la presidenta, Michelle Bachelet, designó al común de división Ricardo Martínez Menanteau como nuevo comandante en cabecilla del Ejército del país.

El oficial, que nació en Santiago el 24 de febrero de 1960 y que ingresó a la Escuela Marcial en 1976, graduándose de alférez en el Armamento de Infantería el 1 de enero de 1980, reemplaza en el cargo al militar Humberto Oviedo Arriagada.

Martínez Menanteau posee un magíster en filial de empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez, estudiante de Hemispheric Defense and Security en el Colegio Interamericano de Defensa en EE.UU., y graduado de operaciones conjuntas en el Instituto de Cooperación de Seguridad Hemisférica en Estados Unidos.

Adicionalmente, es profesor marcial de escuela en “Técnica de Infantería” y profesor marcial de institución en la asignatura de “Historia militar y estrategia”.

Según un crónica publicado en agosto del año pasado por radiodifusión Bío-Bío, un familia de militares chilenos defraudó en 5.480 millones de pesos pertenecientes al Estado entre 2010 y 2014, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Tras un litigio interno efectuado por la institución, se estableció que el fraude se realizó con metálico de la Ley Reservada del Cobre y se ordenó el retiro de seis miembros de la estructura.

El coronel Clovis Montero, extesorero del Estado Veterano del Ejército; el agarradera segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la dominante segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el mandón segundo Miguel Escobar Díaz, la mandón primero Luis Meléndez Carrillo, y la mandón segundo Liliana Villagrán Vásquez fueron retirados de la institución.

Otros siete oficiales fueron amonestados, mientras que los coroneles Ricardo Márquez y Mirko Maturana no fueron sancionados, ya que se retiraron antiguamente del fin del prudencia.

El llamado “Milicogate” fue destapado por un semanario en agosto del año pasado, cuando reveló que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a punta por oficiales y miembros del Ejército chileno durante el Gobierno de Piñera.

El semanario denunció entonces la desaparición de aproximadamente de 2.000 millones de pesos chilenos de las arcas públicas a través de facturas falsas que se amparan en el secreto de un fondo conformado según la convocatoria Ley Reservada del Cobre.

Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una tiraje restringida del Diario Oficial, conveniente a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre, el principal producto de exportación del país austral, para la adquisición y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Pimiento.

Asimismo, otros 20 miembros, entre coroneles, comandantes, sargentos y cabos, que resultaron implicados en el caso, asimismo recibieron diversas sanciones, entre las que se cuentan días de arresto, amonestación y suspensión del empleo.

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