Las detenciones ilegales se incrementaron en un 77,7 % en los tres primeros meses de protestas sociales en Pimiento, entre el 18 de octubre de 2019 y 17 de enero de 2020, si se comparan con igual errata del ciclo anual mencionado, informó la vocera de la Corte Suprema, Salvación Ana Chevesich.
De acuerdo al examen fabricado por el Área de Exposición Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Legal y las direcciones de Estudios y Comunicaciones del Poder Contencioso, en números totales hubo 1.928 declaraciones de ilegalidad en el periodo analizado, en contraposición con las 1.085 ilegalidades decretadas en el trimestre del año 2018.
En el transcurso entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de noviembre de 2019 hubo 1.288 ilegalidades de detención; entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre se registraron 369 ilegalidades, y entre el 18 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020 hubo 271 ilegalidades.
Encima, los datos entregados dan cuenta de que en el año 2019, en el periodo analizado, se registró un total de ingresos en los Juzgados de Aval de 143.215 causas, monograma inferior en un 6,5 % respecto del año 2018 para el mismo periodo, cuando se registró un ingreso de 153.108 causas.
Sin secuestro respecto del número de imputados se produjo un aumento de 1,5 % en la comparación de los dos periodos, lo que se refleja en cifras totales de 179.442 personas imputadas en el trimestre analizado del año 2019 en comparación con los 176.803 personas imputadas en el mismo trimestre pero del año 2018.
En cuanto a las audiencias de control de detención en flagrancia en el periodo analizado se produjeron 55.586 audiencias en el trimestre del año 2019, lo que implica una aumento porcentual de 10,1 % respecto de igual periodo de 2018 donde hubo 50.478 audiencia.
El número de formalizados en el trimestre analizado se incrementó en un 1,3 % con 47.569 para el año 2019, contra 44.694 para el año 2018.
Delitos por DDHH
El descomposición encima entrega cifras sobre los delitos relacionados con denuncias o querellas por violaciones a los derechos humanos o abusos de agentes de Estado y los ligados a delitos cometidos por particulares en el contexto del estallido social.
En el primer clan se presentaron 107 querellas o denuncias por abusos contra particulares; 819 denuncias o querellas por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos; 168 denuncias o querellas por torturas cometidas por funcionarios públicos, 21 denuncias o querellas por apremios ilegítimos con abusos sexuales y 12 denuncias o querellas por crímenes de lesa humanidad, entre otras.
En el segundo rama hubo 504 denuncias por delitos ligados a la ley de seguridad del Estado; 3.782 denuncias por desórdenes públicos; 292 por incendio; 1.046 por maltrato de obra a carabineros; 3.071 por receptación y 4.299 por robo en división no habitado.