Barraza defiende ante Abbott y parlamentarios rol recaudador del SII

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Uno al flanco de otro, separados casi nada por centímetros. Así estuvieron esta tarde el fiscal doméstico Jorge Abbott y el director de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, protagonistas de la polémica desatada por la valor de este final de desistir de las querellas en los casos Penta y SQM.

Los dos se encontraron en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, durante la discusión del plan de ley que permite al Servicio Conocido perseguir los delitos tributarios, ocasión que Barraza aprovechó para argumentar su postura de persistir esa prerrogativa en el servicio que encabeza.

“Para nosotros es relevante que se genere el efecto disuasivo”, manifestó. De paso, aseguró que su objetivo se concentra en conseguir, al menos, “el 50 por ciento del perjuicio como sanción”.

De esta forma, el director del SII defendió la vía pecuniaria por sobre la lícito, puesto que de esta forma, manifestó, es posible “maximizar los ingresos tributarios para el país”.

Para validar su postura, presentó una serie de estadísticas.

“El SII ha presentado 272 querellas desde 2008, para que el Empleo Notorio inicie una investigación (…) Solo en el 26,8 por ciento de los casos ha habido formalización (…) Este 73% restante representa un perjuicio fiscal de 62 mil millones de pesos”, aseguró.

Añadió que “en los últimos cinco abriles, del total de condenados por querellas delitos tribuitarios, solo se sentenció a calabozo al 9,4 por ciento de los casos (…) Y se recuperó el equivalente solo al 15,3% de las multas”.

De acuerdo con Barraza, “la regulación flagrante se condice con el rol de la bono tributaria” y que esto le permite al SII cumplir con la costura que le corresponde de “resguardar el tesoro públco y y el patrimonio fiscal (…) Cuando perseguimos un delito tributario, lo que nos mueve es el patrimonio fiscal”.

El proceso de cobro concentró las razones que expuso para nutrir separadas las funciones del SII y el Tarea Notorio.

Barraza cree que, de aprobarse el esquema, se afectará a las arcas fiscales. “Cuando estemos haciendo una auditoria, el ocupación -de oficio- puede inicar la actividad penal y eso redundará en que sea vea obstaculizada la recuperación de las platas fiscales (…) Lo más natural es que (la persona investigada) no pague y que espere que termine el querella”. sentenció.

Por lo mismo, puntualizó que “de concertarse la moción, el minsterio requería la investigación y congelaría la acción del Servicio”.

Entre sus argumentos, igualmente subrayó los plazos de prescripción que podría afectar la recuperación de los montos defraudados. “Si el caso se alarga, se impondría el plazo de prescripción (…) No podríamos recuperar los impuestos por la vía civil”, dijo.

Encima, agregó que la bordadura del Ocupación Notorio podría difundir un doble juzgamiento de un mismo caso y advirtió que esto “llevaría a una pugna entre los órganos del Estado”.

Barraza manifestó que en países como Estados Unidos y Alemania el sistema opera de la misma forma que en Pimiento, según datos de la OCDE.

La posición del director de SII no generó mucho concenso entre los diputados presentes en la cita. De los que alcanzaron a realizar comentarios antaño del clausura de la sesión, entre ellos Jorge Tarud (PPD), Marisol Turres (UDI), René Saffirio (Ind) y Hugo Gutiérrez (PC), nadie se manifestó a distinción de surtir la audacia de querellarse por delitos tributarios en el titular de los impuestos.

Incluso, Saffirio le manifestó que la entorchado del SII no es la cuestación, función que recae en la Gerencia, sino que el contribuyente pague. 

Fuente:T13.cl

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