Carteles médicos, colusión y sobreprecios: el hoyo negro de la salud pública que revela el informe sobre Fonasa

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La Cámara de Diputados tardó casi un año en aprobar el Documentación de la Comisión Investigadora de Fonasa, que comenzó a sesionar en noviembre de 2016. Su aprobación en la Cámara de Diputados, que contó con la sola contención del diputado Giorgio Jackson, pasó desapercibida, en medio del colapso y los nerviosismo por la última semana de campaña antiguamente de las elecciones parlamentarias, al igual que una serie de legislaciones en el Congreso.

La investigación tenía como objetivo indagar en las adquisiciones de insumos y prestaciones de vigor efectuadas por Fonasa a prestadores privados, desde el año 2012, contiguo con las pérdidas en ejercicios financieros a partir de 2010, y el eventual interés de prestadores privados de lozanía.

Encima, durante las sesiones se evidenciaron diversas modalidades de negocio por parte de los servicios de lozanía públicos y posibles conductas de colusión de las instituciones privadas que son seleccionadas por medio de las licitaciones abiertas que realiza Fonasa, conexo con las compras directas que son realizadas por los Hospitales públicos, principalmente en la operación de camas a clínicas privadas como las contrataciones de médicos que integran el servicio sabido.

El desembolso desde las arcas fiscales a los prestadores privados se dispararon desde el año 2008. En la comisión se verificó un aumento en un 131% de las compras efectuadas por Fonasa a privados, equivalentes a $ 92.527 millones específicamente por negocio de camas e insumos en 2008, a $ 213.829 millones en el año 2015. Adicionalmente de un “feroz aumento”, según la comisión, en gastos de droguería, “que en igual periodo aumentó en 150%, de $ 190.184 millones en 2008, a $ 475.490, en 2015”. Entre el año 2015 y 2016 las derivaciones al sector privado se vieron incrementadas en un 32%, lo que fue calificado como “preocupante”, por parte de los diputados pertenecientes a la comisión, según detalla el documentación de casi 200 páginas.

La ministra de Vigor, Carmen Castillo, explicó que este aumento en las compras a privados se encuentra adentro de la reglamentación, ya que no sobrepasa el 5% del presupuesto. Explicó, que en caso específico del aumento de Fonasa desde el año 2012, argumenta a que desde dicha momento los establecimientos hospitalarios rebajaron sus compras directas, ya que estas se trasladaron al sistema centralizado de Fonasa.

La secretaria de Estado detalló que la crisis de transferencias entre los abriles 2015 y 2016, se debe específicamente a una alerta sanitaria, el aumento de requerimiento de traslado de pacientes neonatológicos, las contingencias de los hospitales San Juan y San José́, y especialmente a las movilizaciones gremiales que generan deuda de proposición pública, por ejemplo las manifestaciones en la Emergencia de Subsidio Pública, el Hospital Barros Luco y Salvador.

Respecto a cuáles son los centros médicos privados que más licitaciones por Mercado Notorio han cursado, el 64% de los egresos hospitalarios en el año 2016 se concentraron en 6 clínicas: Ensenada (4%), Las Condes ( 2,1%), Colonial (5,1%), Bicentenario (2,6%), Indisa (6,5%) y Tabancura (6,1%). Pero estos centros son los que se encuentran autorizados para participar de los llamados abiertos, que son convocados por Fonasa. Adicionalmente, hay una serie de instituciones que acceden a contratos directos con los Hospitales, los que no son mediados por Fonasa y una transferencia de fondos de parte del Estado que responden al maniquí de “Libre Elección” de los usuarios.

“Desde el año 2006 la facturación del Estado a centros de salud privados por la Modalidad Libre Elección ha crecido en 88,4%”, detalla el noticia. En el año 2014, el 15,3% fue destinado a cinco instituciones, las que recibieron $ 97.155 millones. Las principales prestadoras de servicios en este ítem son Integramédica, la red lozanía de la Universidad Católica y el Hospital Clínico J. J. Aguirre de la Universidad de Pimiento. Según la ministra Castillo, durante el año 2015 las utilidades de las clínicas privadas registraron $55 mil millones, monto que creció en un 6,5% en el año 2016.

Otro punto que se destaca en el crónica es la ataque de un “mercado descontrolado tras la incorporación al Plan Auge”. Principalmente, en el caso de diálisis, “llama la atención que, la participación del sector público en los tratamientos de hemodiálisis, en el año 2015, solo alcanzó el 11% de la cobertura, en tanto el sector privado llegó al 89% de cobertura, superando con creces al sector público”, de esta forma, se generó un mercado con supremacía del sector privado “muchas veces injustificado”, declaró el ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris.

Las dudas de sobreprecios y colusión

La “ineficiencia estatal”, yerro de camas, especialistas y largas listas de demora en el sector notorio de la lozanía, han llevado que la denominada alianza “público-privada” fortalezca la prestación de servicios por parte de las clínicas con fortuna públicos. Según la Memoria Anual de 2015, de la Asociación Corporativo de Clínicas de Pimiento, se informó que este sector en el año 2014 atendió el 48% del total de las prestaciones de mediana y reincorporación complejidad del país, destacando que más del 42% de esas prestaciones se entregan a beneficiarios del sistema notorio (Fonasa) mediante la Modalidad de Huido Votación.

Un problema que identificó la investigación de la Cámara de Diputados son los “sobreprecios” que se observan en el sistema privado, los que aumentarías la deuda pública, en muchos casos el costo de contratar a un médico de forma directa pasa de $11 mil la hora a más de $30 mil en el sector privado. Un noticia del Servicio Doméstico del Consumidor (Sernac), de 2013, llamado “Informe de Precios para Prestaciones en Salud, establece que respecto a un “día cama de medicina y especialidades”, la diferencia puede ascender hasta un 470,3% (equivalente a $366.176). El precio imperceptible se registró en el Hospital Clínico U. de Pimiento por un valencia de $77.860 y el mayor en Clínica Las Condes por un valencia de $444.036. Respecto a un “día cama adulto UTI”, es posible encontrar otra importante diferencia de $388.387, cuyo precio intrascendente lo registró Clínica Vespucio con $293.650 y el mayor Clínica Alemana con un monto de $682.037.

Por otra parte, la comisión constató que durante el periodo investigado, hubo un aumento de derivaciones en diez clínicas, principalmente Ensenada y Colonial “por la mejor proposición

que realizaron en la oferta de los abriles 2015-2016, que los ubicó en los primeros lugares del ranking”, por otra parte, en el caso de Clínica Las Condes e Indisa, el comba de derivación se mantiene por la amplia cartera de servicios que ofrecen. Por extremo, la Clínica Bicentenario en esta concurso mejoró su ofrecimiento y amplió su cartera, lo que se refleja en un aumento de derivaciones. Entre los prestadores que cuentan con una justificación transitoria y se acogen al cuestionado trato directo y no a la oferta pública, destacan el Hospital Clínico Universidad de Pimiento, Clínica Valparaíso, Nueva Clínica Cordillera, Clínica Miraflores, Hospital Clínico Universidad Católica, Clínica Vigor Integral y Clínica Ensenada.

Según el Contralor Genérico de la República, Jorge Bermúdez, la fiscalización en el sector de salubridad es compleja, prácticamente inútil, adecuado al gran número de centros de salubridad y organismos, y el escaso reunión fiscalizador de la Contraloría. Desde el año 2012 a la término se han realizado 337 fiscalizaciones al sector sanidad (Fonasa, Cenabast, servicios de sanidad, hospitales públicos), de las cuales han resultado 22 sumarios administrativos, 10 a Servicios de Vigor y 12 a hospitales, nadie a Fonasa ni a Cenabast, destacó Bermúdez.

Un caso que ha llamado la atención adentro de las fiscalizaciones y en la opinión pública son los hallazgos sobre Clínica Ensenada, una clínica de atención cerrada de lozanía, de ingreso complejidad asistencial, que no cuenta con atención ambulatoria. Un servicio creado y orquestado, según la comisión, para acoger pacientes derivados para hospitalizar en sus camas críticas, cuyo su representante lícito es Luis Bustos Basili.

Según el documentación La Clínica Ensenada cuenta con aproximadamente 50 camas críticas y “ocupa un pequeño espacio en un strip center”, según la adjudicación que le ha hecho Fonasa, “ya sea por trato directo o por licitación pública, está al nivel de clínicas como Las Condes, Indisa o Tabancura. En efecto, en 2014, a raíz de una alerta sanitaria, consiguió un contrato por trato directo –sin licitación- con Fonasa por $1.700 millones”.

Una arduo problemática que presenta el referencia, y que ha sido denunciada en innumerables ocasiones por el Colegio Médico, es la denominada praxis de los “carteles médicos”. Adecuado a la desliz de especialistas y médicos los hospitales argumentan que se han manido obligados a contratar “de forma directa” los servicios de una serie de sociedades médicas, que en “muchas ocasiones” contratan a los mismos especialistas que prestan servicios durante la mañana al hospital con un precio hora que bordea los 11 mil pesos y por las tardes, el mismo doctor trabaja en el mismo hospital, a través de la sociedad médica, percibiendo un cuota por hora anciano a 30 mil pesos.

La Clínica ha recibido millonarios fortuna públicos entre los abriles 2014 y 2017, establece la investigación. Pero lo más preocupante es que obtuvo su certificación de credencial sanitaria delante la Superintendencia de Sanidad recién este año 2017. “No obstante, existen otros 208 centros médicos o clínicas en el país que si están acreditadas”, según su ficha del portal Mercado Notorio, se le han adjudicado, en virtud de diversos contratos con el Estado, el monto de $8 mil millones, de los cuales $3.477 millones los consiguió durante 2016.

Según el referencia de la Cámara “existen datos del supuesto lobby que hizo para la clínica frente a el Servicio de Sanidad el ex presidente del Colegio Médico, entre los abriles 2008 y

2011, con la Directora Doméstico de Fonasa, para utilizar la telemedicina para atender pacientes y aminorar la relación de aplazamiento del AUGE, que es uno de los servicios que presta la clínica, y que desarrolla comercialmente el doctor Pablo Rodríguez Whipple, cuyos servicios fueron contratados en 2014 por el municipio de Illapel para consultas con especialistas que atendieran a la población del valle del Choapa”.

Esto se vería reflejado en una audiencia informada bajo la ley del lobby, en que el

ex presidente del cofradía médico acudió como gerente de intereses en representación de la Clínica Ensenada adyacente a Bustos Basili, a una reunión con Jorge Antonio Martínez Jiménez, del Ocupación de Lozanía, en julio de 2015.

Frente a estas posibles irregularidades, la comisión resolvió que se debe revisar el sistema de confirmación o certificación de los prestadores públicos de vigor, como la clínica Ensenada, por el cual vela la Superintendencia de Sanidad, “toda vez que una clínica no puede atender pacientes sin la pertinente certificación o sin haber aprobado el proceso de acreditación; no debieran existir clínicas con certificación transitoria, mientras completan el proceso respectivo. Esta materia debe ser revisada por la Superintendencia”, detalla en sus conclusiones.

El cartel de los médicos

Una agonizante problemática que presenta el noticia, y que ha sido denunciada en innumerables ocasiones por el Colegio Médico, es la denominada ejercicio de los “carteles médicos”. Adecuado a la yerro de especialistas y médicos los hospitales argumentan que se han manido obligados a contratar “de forma directa” los servicios de una serie de sociedades médicas, que en “muchas ocasiones” contratan a los mismos especialistas que prestan servicios durante la mañana al hospital con un precio hora que bordea los 11 mil pesos y por las tardes, el mismo doctor trabaja en el mismo hospital, a través de la sociedad médica, percibiendo un suscripción por hora anciano a 30 mil pesos.

Según una auditoría informada el 19 de diciembre de 2016 al Empleo de Vigor, de los tratos directos auditados, solo el 5% -49 de los pagos de un total de 883-, se cumplió con lo establecido en la ley, en los restantes “no se indicó la causal invocada para su procedencia”. Encima, “en 45 pagos, no solo no se invocó una causal legal para que procediera el trato directo sino que, además, no hay antecedentes que acrediten la pertinencia del trato directo; contraviniendo los dictámenes de la Contraloría General de la República”.

El  Contralor Bermúdez señaló en su intervención en la comisión, que “en algunos casos en las bases de la licitación se han colocado requisitos que solo pueden cumplir algunas sociedades, como razones vinculadas con la tecnología y la capacitación del equipo profesional del centro asistencial que se contrata, como a las especialidades con que cuenta y a su alto nivel de calificación técnica. De esta manera en la redacción de las bases de licitación puede haber alguna limitación a la competencia que se pueda dar”.

Según la ley N° 18.575 de Bases Generales de la Agencia del Estado, esta contratación entre partes relacionadas no es factible, incólume en los casos de establecimientos de salubridad públicos, en las prestaciones que contrata Fonasa se produce “una especie de triangulación”, según señaló Contraloría, ya que Fonasa realiza contrataciones con sociedades médicas integradas por profesionales que forman parte de servicios públicos, pero directamente con Fonasa, “eso lo que hace que no se aplique este requisito de inhabilidad sobreviniente”.

Por otra parte, en el presupuesto de este año 2017 se consolida esta triangulación, ya que obliga los profesionales prestadores tener la calidad de titular o a contrata en el sistema conocido de sanidad, “es decir, Fonasa o cualquier servicio puede contratar o externalizar los servicios, pero la exigencia es que las sociedades deben estar integradas por profesionales que ya están trabajando en el servicio de salud”, señala el crónica.

La investigación da cuenta de siete profesionales con cargo de dirección, cuyas prestaciones de salubridad por sociedades médicas, las realizaron en horario institucional. Encima “hay 83 profesionales funcionarios que son miembros de 53 sociedades médicas, todos quienes realizaron las prestaciones de salud para las respectivas sociedades en horario institucional”. Se constató que en la mayoría de los casos los médicos no registran su socorro, ni horario en un sistema de cronómetro biométrico, razón por la que la comisión resolvió que la implementación de este sistema es una prioridad.

En este punto, la Contraloría redunda en un “posible conflicto de interés”, ya que sel total de 990 funcionarios que prestan servicios en las sociedades revisadas, “el 56% de ellos, o 554 funcionarios, están obligados a realizar la declaración de intereses y de patrimonio, pero solo el 50% de ellos, es decir, solo 276 funcionarios lo han cumplido”.

En el texto se recalca que hay casos en donde el propio mercado ha podido hacer frente a algunas asociaciones que han intentado monopolizar el servicio médico. Destacan el caso de los ginecólogos de Chillán, un orden de doctores que acordaron, según la Fiscalía Económica, no prestar servicios a Hospitales y Fonasa, estos agentes económicos representaban el 95% del mercado. Pero en este caso “disminuyó el número de prestaciones, porque opera la economía, porque como el precio es más alto, fueron menos las pacientes”.

La entonces, presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, flagrante presidenta del Colmed, señaló en la comisión que existe una robusto responsabilidad del Estado en este sistema. Explicó que cuando, como Colegio Médico, plantearon al Ocupación de Lozanía hacerse cargo de este tema, analizar las sociedades e intentar a prolongado plazo eliminarlas de sus hospitales, “la respuesta fue que no era parte de la política del período”, cita el crónica.

Para doble este es “un desafío mayúsculo y el gobierno que venga tendrá que enfrentar el tema, porque o gasta todos los recursos en capacidad fiscalizadora para los subsectores privados internos o externos a los cuales están comprando servicios para brindarle atención de calidad a los pacientes y dar una cobertura que no tienen, o reestructuran la modalidad de pago”.

Finalmente enfatizó en que “se apunta a muchas de esas sociedades con el dedo. Pero aclaró que este giro del negocio no lo plantearon los colegas, sino que fue la estructura administrativa de los hospitales la que dijo: “Yo, aquí no puedo pagar más”, en ocasión de afirmar: “Oye, ¿cómo les pago más a mis médicos?. En lugar de crear comunidad, lo más fácil fue crear negocio. Pero hay más, porque no solo hay médicos detrás de esos negocios, sino que hay encargados, políticos, gente que toma decisiones, y es este conflicto de interés el que tiene que salir a la palestra”.

Desatiendo de responsabilidad política

Respecto a las resoluciones que estableció el documentación se determinó que una de las principales problemáticas respecto al sistema de Sanidad pasan por la desatiendo de financiamiento notorio, pero todavía porque el Estado, con los privados, “busca resolver los problemas sociales que éste no puede enfrentar por sí sólo pues, actualmente, en algunos casos, carece de la capacidad suficiente, especialmente, en lo que se refiere a las camas críticas”.

Adicionalmente, constató que el origen de una serie de problemas se concentran en los “servicios de salud y los hospitales autogestionados, que realizan gran parte de sus adquisiciones por vía de licitaciones privadas y compras directas al sector privado, lo cual permite un amplio margen de discrecionalidad, opacidad en el sistema, y que en los últimos años ha provocado una creciente deuda del sector”.

Recomiendan la creación de una reforma permitido del ámbito regulatorio válido, “abocándose a la transparencia, participación y fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía ante el sector sanitario y sanciones efectivas por el incumplimiento de la ley de compras públicas”. Encima se propone establecer “una prohibición o incompatibilidad para que directivos médicos que pertenecen a sociedades prestadoras, autoricen pagos a las mismas sociedades a que pertenecen”. Próximo con esto, se recomienda “contratar con exclusividad y/o con mejores condiciones laborales a los profesionales de salud, en el entendido que en muchas situaciones son escasos y requieren mejoras laborales”.

Exigen al contemporáneo gobierno cumplir con las 200 camas extras comprometidas y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos con los trabajadores, adicionalmente de, “establecer protocolos de funcionamiento en las situaciones de paralización y, en caso que corresponda, hacer cumplir la normativa vigente para asegurar el derecho a atención de la población”.

Pero uno de los principales cuestionamientos al interior del Congreso es la desidia de atribución política de la responsabilidad. “Todos saben que esto ha ocurrido en al menos los últimos dos gobierno, pero se teme que justo en periodo de elecciones salga a la luz una interpelación tan directa al Estado”, señala un parlamentario oficialista. Por otra parte, recalca que el mal manejo y los vicios del sistema de salubridad son un problema “transversal, como el del Sename”, pero en este caso fue más robusto la máquina política y la dilatación de la salida pública del documentación.

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