Caso Luchsinger-Mackay: el guatazo que confirma la crisis de la Fiscalía Nacional en manos de Jorge Abbott

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El martes 14 de noviembre, los jueces del Tribunal Verbal en lo Penal de Temuco darán a conocer la sentencia en relación con los 11 imputados en el incendio que resultó con la homicidio del connubio formado por Werner Luchsinger (75) y Vivian Mackay (69), ocurrido el 4 de enero de 2013. Ese día los jueces del tribunal entregarán de forma oficial la resolución que absolvió a los comuneros mapuche inculpados por el crimen, entre ellos, la curandero Francisca Linconao.

El varapalo que implicó el decreto fue calificado por el Fiscal Doméstico, Jorge Abbott, como “un fracaso, por parte del Estado, en dar respuesta a las víctimas de uno de los crímenes más atroces desde el regreso a la democracia, en consecuencia, dentro del Estado, por cierto, está el Ministerio Público”, dijo, sin desconocer que el veredicto exculpatorio –conocido ayer– apunta directamente a la desliz de acuciosidad de la institución que dirige, a la hora de aportar las pruebas que terminen con eventuales condenas, lo que en este caso no ocurrió.

En sorpresa, el veredicto del tribunal establece que “la referida prueba de cargo aportada fue insuficiente para formar convicción, a su vez, en estos Jueces respecto de la participación que correspondió a los acusados en los hechos referidos en el motivo primero de la presente resolución; aún más, algunas probanzas resultaron inidóneas para tales fines”.

Aun cuando en este caso la responsabilidad es monopolio de la Fiscalía y las policías, por no aclarar el formidable homicidio de la comunidad Luchsinger-Mackay, una vez conocido el error, el fiscal Roberto Apuesto responsabilizó a los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Hablado en Lo Penal de Temuco, José Ignacio Rau Atria (presidente), Patricia Abollado Vivanco y Luis Torres Sanhueza, de exigir un unificado de convicción “inalcanzable”, afirmando que la responsabilidad no sería suya sino del Poder Procesal y que este estaría “consagrando impunidad para ciertos delitos”.

Esta controvertida visión de los hechos es cuestionada por académicos y abogados de la plaza, quienes han enfatizado que el Poder Procesal hizo su trabajo y que la Fiscalía, sobre la que pesa la carga probatoria, no logra sobrellevar a buen término investigaciones complejas. Razón por la cual, en algunos casos de suscripción connotación pública, buscaría lograr a sentencias rápidas a través de juicios abreviados, evitando así el peligro del razón hablado.

La responsabilidad en estos casos igualmente se extendería –sostienen las fuentes– a la clase política, particularmente al Poder legislador, desde donde tienen la obligación de mejorar la ley penal con más herramientas para perseguir delitos complejos, como los instrumentos de la Delación Compensada y la Protección de Testigos, que hoy no existen.

La cariño del testificador esencia

Los jueces descartaron la prueba principal de la Fiscalía, representada en este caso por los persecutores Alberto Chiffelle y Luis Riachuelo. Se trata del certificación de Jorge Peralino Huinca, que en principio fue un declarante en el caso y luego se le involucró al punto de ser detenido. Peralino entregó su prueba tres veces (8 de noviembre de 2013, 23 de octubre de 2015 y durante el control de detención de los imputados, el 31 de marzo de 2016).

En la tercera ocasión, Peralino, por primera vez con un abogado, dijo que antiguamente había evidente bajo apremios ilegítimos de la policía y de esa forma se vio obligado a inculpar a los acusados, especialmente en el refrendo de 2015, cuando entregó detalles y aumentó la guarismo de participantes de 16 a 30.

Aunque la resolución de los jueces aclara que “no se acreditó la vulneración de garantías constitucionales en los términos planteados por las defensas”, también es enfática en señalar, en un párrafo aparte, que “tales testimonios de referencia, así como el resto de la evidencia de cargo proveniente de la misma fuente de información, sólo puede hacer fe respecto de la circunstancia de haberse prestado la referida declaración por parte del acusado Peralino, del contenido y formalidades de la misma y de la identidad de quien la emitió, mas no respecto de su veracidad y confiabilidad, máxime cuando dicha información presenta serios vacíos y contradicciones con el resto de la prueba rendida por el persecutor fiscal”, consigna la resolución.

Las fallas de la PDI

El tribunal es tajante al resolver que no se superó “el estándar probatorio exigido por el legislador” y que, para dar crédito a la interpretación sustentada por los fiscales, que involucraba a los 11 acusados en los hechos, resultaba imprescindible “la existencia de elementos de prueba, obtenidos a través de otras fuentes probatorias, diferentes y autónomas, que permitieran corroborar el contenido de dichas afirmaciones, lo que no ocurrió en este juicio”.

Aunque la resolución de los jueces aclara que “no se acreditó la vulneración de garantías constitucionales en los términos planteados por las defensas”, también es enfática en señalar, en un párrafo aparte, que “tales testimonios de referencia, así como el resto de la evidencia de cargo proveniente de la misma fuente de información, sólo puede hacer fe respecto de la circunstancia de haberse prestado la referida declaración por parte del acusado Peralino, del contenido y formalidades de la misma y de la identidad de quien la emitió, mas no respecto de su veracidad y confiabilidad, máxime cuando dicha información presenta serios vacíos y contradicciones con el resto de la prueba rendida por el persecutor fiscal”, consigna la resolución.

Del cuestionamiento siquiera queda independiente otro organismo del Estado: la policía. Específicamente la PDI. Según detalló El Desconcierto, un equipo de tres personas de la Tropa de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), Claudio Leiro, Guillermo Vilches y Raimundo Villegas. Los tres declararon en el proceso como “testigos de oídas” sobre la interpretación de Peralino, de 28 abriles, que en su segundo declaración, en 2015, afirmó que sí había participado en los hechos. Sobre esta feble explicación, de la que posteriormente se retractó, se forjó el resto de la investigación. Un fiasco a la luz de lo resuelto, que no logró acreditar finalmente, de forma evidente, quiénes fueron los autores del hecho.

Una tendencia

El razón que comenzó el 21 de agosto de este año, incluyó a 144 testigos, 44 de la Fiscalía y 100 de las defensas. En esta instancia los tribunales encontraron múltiples contradicciones en las distintas versiones de dichos testigos. Por ejemplo, el destino y la hora de las llamadas hechas por la curandero Francisca Linconao, y las dos camionetas negras, que los detectives aseguraban que estuvieron en el circunstancia (sobre la colchoneta del certificación original de Peralino), pero que los vecinos y cuidadores identificaron como un solo transporte de color blanco, del que descendieron cuatro personas.

Sin requisa, esta ineficacia de la Fiscalía, para muchos del tamaño de una catedral, no es la primera vez que ocurre, transformándose prácticamente en una tendencia. El año pasado, los tribunales derrumbaron una investigación de la Fiscalía en relación con hechos delictuales ocurridos todavía en la zona de La Araucanía.

El 5 de agosto de 2016, el mediador Jorge González ordenó dejar en voluntad al fotógrafo Felipe Durán y al comunero Cristián Levinao, acusados de tenencia ilegal de armas de fuego, explosivos, municiones y microtráfico. Los imputados pasaron nueve meses en la prisión antaño que el magistrado, finalmente, considerara que las pruebas eran “débiles” y “vagas” para condenarlos.

Antaño, en enero de 2014, el Tribual Hablado en lo Penal de Angol, absolvió al werkén Daniel Melinao, inculpado en el homicidio del carabinero del Gope Hugo Albornoz. Los jueces consignaron que no se pudo acreditar, por la pasión de las pruebas, que las balas entregadas al autor material del crimen, Erick Montoya, hayan sido suministradas por Melinao, como aseguraba la Fiscalía, que pedía una pena de 31 abriles de calabozo.

Todo esto sin considerar que la Corte Suprema hace una semana ordenó la exención de todos los detenidos que cumplían prisión preventiva, luego de la denominada ‘Operación Huracán’, efectuada sobre la cojín de seis meses de trabajo y donde se identificó a ocho personas supuestamente responsables de atentados incendiarios. Pero la Suprema ordenó su huida tras determinar que no existían los fundamentos que la ley exige para sustentar la prisión preventiva, lo que fue latamente explicado por el ministro vocero del mayor tribunal.

Otro capítulo es el denominado “Caso Iglesia”, respecto del incendio de un templo evangélico y cuyo cordura aún está en curso. Los imputados, en protesta por la forma en que se ha conducido el proceso, completaron más de cien días en huelga de penuria. En este caso, como en todos los anteriores, las personas imputadas han pasado largos periodos en prisión preventiva, mientras las defensas alegan que las investigaciones son débiles, con presunciones infundadas y, lo que es peor, con dudosas o débiles pruebas.

Los defensores tras los guatazos de la Fiscalía

Esta mañana una foto a la salida del tribunal de Temuco retrataba a 12 abogados, entre defensores públicos y privados. Ellos se repartieron la defensa de los imputados y sacaron la instantánea para dar cuenta del equipo que finalmente consiguió rehabilitar a los imputados.

Uno de ellos, tal vez el más evidente por su apariencia atípica para un abogado –cabello hasta los hombros y barba al estilo musulmán–, es Rodrigo Román. El abogado pertenece al colectivo denominado Defensoría Popular y entre sus triunfos se anotan el derrumbe del Caso Bombas, donde todos los inculpados fueron absueltos. Encima, el caso de Felipe Durán y Cristián Levinao y, antiguamente del que se conoció ayer, el del werkén Daniel Melinao.

“Esta resolución es producto de la contumacia de la Fiscalía que perseveró sobre una prueba débil y falsa, motivada por presiones políticas para encontrar culpables”, afirma Román.

La Defensoría Popular se formó en 2008, a partir de un clase de nueve personas, entre abogados y procuradores, que empezaron a contactarse a partir de 2006, luego de la primera “Revolución Pingüina”, para defender a los detenidos de las protestas. Una vez formados, todavía defendieron a los integrantes del movimiento Andha Pimiento. De hecho, Román participó en el equipo de la candidata presidencial Roxana Miranda. Trabajan ad honorem y sus actividades desde una oficina en calle Amunátegui las financian con donaciones y eventos como tocatas, fiestas o platos únicos. La Defensoría Popular ni siquiera tiene página web. Toda la información contenida sobre ellos está en un perfil de Facebook.

En este caso, se sumó a ellos un peña de abogados de una estructura similar, citación Cidsur (Centro de Investigación y Defensa Sur), que incluso trabaja de balde. En el caso Luchsinger-Mackay trabajaron, entre otros, los abogados Sebastián Saavedra y Pablo Ortega. Como secretaria ejecutiva trabaja la abogada Nacimiento Llanquileo, que se hizo conocida como vocera de un rama de presos mapuche.

El Cidsur se formó en 2011, aunque sus abogados ya trabajaban en conjunto desde el año mencionado. Entre sus principales misiones está desbaratar acusaciones infundadas por la Ley Antiterrorista, para personas mapuche y no mapuche, que en este caso el tribunal igualmente rechazó como una de las agravantes presentadas por la Fiscalía. El Cidsur sí funciona con una página web, en la que hay un apartado para efectuar donaciones, porque, al igual que la Defensoría Popular, sus miembros trabajan improcedente.

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