Chilena Consolidada: la red de poder pinochetista y “mercurial” de su directorio en el escándalo por los seguros a Codelco

0
70
loading...

Codelco parece tener algunos metros de delantera sobre Chilena Consolidada en la carrera por aprender qué pasó entre 2004 y 2018, tiempo en el que se pagaron pólizas de seguros de vida para los trabajadores, con un espectacular sobreprecio. La estatal intensificó su despliegue a partir del lunes, cuando su presidente ejecutor, Octavio Araneda, dio explicaciones en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, cercano al vicepresidente de Fortuna Humanos, Mauricio Álvarez, y la abogada, Francisca Domínguez.

“Codelco actuó en un escenario de confianza legítima. Entendemos que los sindicatos son los principales llamados a cuidar los intereses de los afiliados. Asimismo nos encontramos con una empresa de reconocido prestigio a nivel nacional como es Chilena Consolidada y, además, en un mercado fuertemente regulado como el de los seguros”, dijo la abogada Domínguez

La empresa estatal apunta en una querella por estafa “contra todos quienes resulten responsables” contra la antigua La Chilena Consolidada, compañía de seguros fundada por los Edwards en 1853, pero que desde finales del siglo pasado, es controlada por la multinacional suiza, Zurich Insurance Group.

El escándalo es mucho más manifiesto de lo que quisieran en una industria donde uno de los principales activos es la buena reputación y la imagen. Chilena Consolidada, luego del inserto, se mantiene en un puro silencio y solo ha prohibido a comunicar sus decisiones a través de Hechos Esenciales, que es lo que le corresponde según la ley. Recién el 22 de enero informó que “suspendía” a su jefe caudillo, José Manuel Camposano, un antiguo ejecutor de la industria que encima renunció a su puesto como dirigente en la Asociación Chilena de Aseguradores. Ayer, en otro Hecho Esencial, la empresa informaba que asimismo sacó del directorio a Jorge Molina Pérez, y a su suplente, María Sylvia Martínez. A cambio, la matriz suiza en Zurich tomó el control de la crisis poniendo como vicepresidenta a Claudia Dill, la contemporáneo CEO de la multinacional en la región.

En rigor las acciones judiciales acusan a Chilena Consolidada Seguros de Vida -la filial que tiene la clasificación de peligro más inscripción (AA+)- de formar parte de un esquema defraudatorio, que le hizo perder, según un cálculo preliminar, US$11 millones. Otros US$11 millones habrían perdido los trabajadores, que a través de los cuatro sindicatos involucrados, pagaban con un descuento por planilla, la otra fracción de la póliza.

En la querella, que el Ocupación Manifiesto dejó en manos del fiscal principal de Calama, Cristián Aulaga, se consigna como ejemplo de la forma de tratar que “en abril de 2005, se adjudicó el seguro colectivo de vida y de accidentes personales a la empresa Chilena Consolidada por un periodo de 2 años hasta el mes de abril de 2007. El proceso de contratación fue evaluado técnica y económicamente por la empresa Gestión y Servicios Ltda, en su rol de asesor del Sindicato, misma empresa que formaba parte de la oferta de Chilena Consolidada para la prestación de ‘Otros Servicios’ contemplados en la póliza”.

Así ocurrió hasta 2018: las pólizas eran renovadas automáticamente y representantes de los sindicatos -1,2,3 de Chuquicamata, más el de la división Radomiro Tomic- informaban de este hecho a la contraloría de cada división. Esa es la prueba para Chilena Consolidada de que “durante 15 años Codelco aceptó y pagó las polizas”, como dijeron a través de un inserto en la prensa. Por eso, en el frente de la honradez sindical, Codelco está pidiendo el violencia de un conjunto importante de dirigentes sindicales, para establecer su décimo en el cobertizo y las correspondientes “medidas disciplinarias” contra ellos.

El inserto de Chilena Consolidada, se publicó en La Segunda -el vespertinos del conglomerado periodístico El Mercurio- recién seis días posteriormente que Codelco hiciera su primer ataque en la neutralidad civil, con una medida prejudicial pidiendo que la aseguradora muestre los contratos que hizo con sindicatos y con Mandato y Servicios. En el escrito se consigna que en octubre del 2019 “Chilena Consolidada ofreció devolver al menos parte de las primas cobradas en exceso”.

Pero Codelco se negó a suscribir el acuerdo, no solo porque contemplaba solo la devolución de lo pagado desde el 13 de agosto de 2018, sino encima porque “la Chilena Consolidada exigió firmar un finiquito con renuncia de acciones retroactivo a contar de esa fecha. En otras palabras, la futura demandada pretendía que devolviendo las primas cobradas en exceso durante menos de un año, Codelco renunciara a exigir la restitución de las que se habían cobrado en exceso durante alrededor de catorce años”, reza el escrito.

Acuerdo de silencio total

Esta “medida prejudicial” presentada en el ámbito de la razón civil, se decidió porque la compañía de seguros se negó a mostrar a Codelco los resultados de su propia investigación interna, que incluye los contratos firmados entre las partes. A cambio Chilena Consolidada pedía otra cosa que la minera estatal siquiera aceptó.

“En el situación de esas mismas conversaciones, Codelco requirió la entrega de los historial relativos a dicha investigación, a lo cual la Chilena Consolidada se manifestó dispuesta, en la medida que mi representada firmase un ‘acuerdo de confidencialidad’. Así consta de la cautiverio de correos intercambiados en el mes de mayo de 2019 (…) La condición de firmar un acuerdo de confidencialidad parecía regular. Sin secuestro, recibido el esbozo de acuerdo primoroso por la Chilena Consolidada, no sólo se imponía a Codelco la obligación de no divulgar o revelar la información a terceros –que es lo propio a un acuerdo de esta naturaleza–, sino que la obligación de ‘no usar, por sí o a través de personas o sociedades relacionadas, hoy ni en el futuro total o parcialmente, la Información Confidencial, sin autorización escrita de la Parte Reveladora’.

Esto postrero resultaba inaceptable, pues eventualmente habría impedido a Codelco “utilizar la información para los enseres de hacer implicar sus derechos, que era lícitamente la razón por la cual había pedido que la información le fuese entregada”, dice el escrito presentado por el abogado Raimundo Labarca, que fue abogado de Julio Ponce en el caso Cascadas. Finalmente, el escrito fue admitido en el 29° Magistratura Civil de Santiago, donde representantes de la aseguradora debían asistir a una audiencia para exhibir los documentos ayer martes por la mañana.

El escándalo es mucho más conocido de lo que quisieran en una industria donde uno de los principales activos es la buena reputación y la imagen. Chilena Consolidada, luego del inserto, se mantiene en un puro silencio y solo ha menguado a comunicar sus decisiones a través de Hechos Esenciales, que es lo que le corresponde según la ley. Recién el 22 de enero informó que “suspendía” a su director genérico, José Manuel Camposano, un antiguo ejecutor de la industria que adicionalmente renunció a su puesto como dirigente en la Asociación Chilena de Aseguradores. Ayer, en otro Hecho Esencial, la empresa informaba que igualmente sacó del directorio a Jorge Molina Pérez, y a su suplente, María Sylvia Martínez. A cambio, la matriz suiza en Zurich tomó el control de la crisis poniendo como vicepresidenta a Claudia Dill, la presente CEO de la multinacional en la región.

Las caras del directorio

En Chilena Consolidada no quieren que la muerte llegue al directorio y por eso, el problema ha sido descrito como un asunto que compete a los gerentes y que se limita a un trato puntual con Administración y Servicios y con Servisalud, dos empresas que actuaron como “intermediarias” de los seguros, pero que no están en el registro de corredores de seguros. En este contexto, se rastrea si la “pista del dinero” confirma una triangulación de medios públicos entre Gobierno y Servicios, Chilena Consolidada y dirigentes de los cuatro sindicatos de Codelco. En ese caso, podría constituirse un delito de “fraude al fisco” con penas mayores que el delito de estafa. Poco en este sentido ya insinuó el diputado DC, Gabriel Silber, en la comisión de Minería.

Por parte de Chilena Consolidada se han difundido trascendidos de que el directorio “está tranquilo”. Pero la medida contencioso incluye que la empresa muestre las actas del directorio donde se trató este asunto de los seguros. En la presidencia de éste queda una huella del pasado de empresa adherido a Agustín Edwards Eastman, que vendió sus acciones en 1991 a Zurich. Se trata de Hernán Felipe Errázuriz Correa, ex ministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura de Pinochet, quien es consultado frecuente en materias internacionales por los gobiernos de turno, desde su puesto en el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales y cotizado director de empresas como el Faja Security o Enel.

Errázuriz fue cercano a Edwards y es columnista habitual de El Mercurio. Está en el directorio de las demás filiales del asociación Zurich en Pimiento y es de los socios fundadores del estudio Bélico y Olivos, (ex Enredador Olivos, Novoa y Errázuriz, al que pertenecían Jovino Novoa y su hermano Hernán).

No es el único. Otro de los directores de Zurich y de Chilena Consolidada es Jorge Delpiano, socio del mismo estudio y abogado corporativo de varios directorios de empresas. Fue abogado en el directorio de La Polar que debió enemistar el escándalo por las repactaciones unilaterales y fiscal de la SVS en el posterior año de la dictadura.

Encima, en la serie de accionistas actualizada a 2019 donde aparece con 612 acciones el ex constituyente de la Cofradía Náutica del Pacífico, Hernán Cubillos Sallato, igualmente ex canciller de Pinochet, fallecido en 2001 y padre de la contemporáneo ministra de Educación, Marcela Cubillos. En el relación de accionistas no se detalla si estos títulos los administra una sucesión.

Ni Errázuriz ni Delpiano formarán parte del Comité Decisivo que el liga Zurich formó para enemistar la crisis. Adyacente con la Ceo para Latinoamérica y Carola Fratini -que reemplaza al suspendido administrador general- estará  la directora, Lucía Santa Cruz, historiadora, que ha estado en directorios como el del Tira Santander, consejera del Instituto Voluntad y Progreso conexo al gremialismo, con una fluida relación con el Presidente, Sebastián Piñera y madre del flagrante subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa Santa Cruz.

Una buena comicios si lo que se necesita de ahora en delante es muñeca política. Si solo la querella es calificada como “estafa” la posibilidad de horizontes alternativas y penas remitidas es mucho más suscripción que en el caso de establecer “fraude al fisco”. La compañía cuenta, adicionalmente, con la consultoría del estudio Claro y CIA.

loading...