Comisión Investigadora concluye que existen “fundadas presunciones” de que Piñera favoreció a minera Dominga cuando tenía propiedad en ella

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A poco más de una semana de que el Fiscal Regional Oriente, Manuel Refriega, a cargo de investigar la querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez contra el candidato presidencial Sebastián Piñera, la Comisión Singular de la Cámara de Diputados evacuó el documentación final, que fue votado ayer en el Congreso.

Fuera de estimar la Comisión Investigadora que en la atrevimiento regional que rechazó el esquema Minera Dominga no hubo interferencia política ni funcionaria de ningún tipo, los diputados por votación mayoritaria aprobaron el documento, que contenía una sola conclusión, respecto del papel que le habría tocado desempeñar a Piñera, mientras era presidente en agosto de 2010.

Por eso días, específicamente el 26 de agosto, Piñera llamó desde La Moneda a los dueños de la empresa Suez Energy para pedirles que bajaran el esquema Barrancones, la emblemática Central Termoeléctrica que pretendía instalarse en Punta de Choros, unas de las zonas de preservación marítima de las corrientes frías de Humboldt, en la IV Región.

“Creo que con esto hemos enfrentado con responsabilidad, sabiduría y respetando nuestro estado de derecho, el tema de la central (…) puedo decir a todos los amantes de la naturaleza, que como Presidente me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”, sostuvo entonces el ex principal de Estado.

Lo que en ese minuto no se sabía y que siete abriles posteriormente fue revelado por una investigación de BiobioChile, era que al momento de que Piñera propiciara la caída de Barrancones,  su clan tenía una parte no último de la propiedad de la minera a través del fondo de Inversión Privada Mediterráneo.

A partir de ese escándalo, Bancard e Inversiones como Andes Iron, propietaria de Minera Dominga, han insistido en reiteradas oportunidades que ni Piñera ni su comunidad no tienen intereses en la minera, y que toda la partricipación que tuvo a partir de unas pertenencias mineras adquiridas en  2009, fueron vendidas en un 100 % en 2010.

“La inversión en Minería Activa Uno SpA se comprometió y materializó, a comienzos de 2009, previo a la constitución de los fideicomisos ciegos voluntarios por parte de Bancard Inversiones Ltda e Inversiones Santa Cecilia S.A. y no se incluyó en éstos por tratarse de una inversión de capital de riesgo en una sociedad que no era anónima ni estaba listada en la bolsa local. Dentro de los activos de Minería Activa Uno SpA se encontraban las pertenencias mineras ubicadas en la IV Región de Coquimbo, conocidas como Dominga, las que luego de un hallazgo mineral relevante fueron vendidas íntegramente en Diciembre de 2010, antes de cualquier gestión administrativa realizada por la empresa, ante el estado, relacionada con permisos ambientales de cualquier tipo”, señalaron.

Sin incautación, esa aclaratoria es precisamente lo que le daría validez a la fresco conclusión de la “Comisión Investigadora  de eventuales irregularidades, errores o vicios en actuaciones de organismos y funcionarios públicos en relación al proyecto minero Dominga”, que dice que las actuaciones que validan la sospecha habrían ocurrido 4 meses antaño de la traspaso.

“La información vertida ante esta comisión por el Director del S.I.I. permite, a lo menos, fundar presunciones, de que Sebastián Piñera buscó ayudar a Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”.

Las interrogantes que fortalecieron la sospecha de posibles injerencias de Piñera surgieron hace algunas semanas cuando el director (s) del SII, Víctor Villalón, realizó un detalle sobre la propiedad de Minera Dominga, sembrando dudas si efectivamente Piñera había vendido sus intereses, situación, en todo, debidamente aclarada en reiteradas informaciones públicas que certifican que se desprendió de ese patrimonio en diciembre de 2010.

“La información vertida ante esta comisión por el Director del S.I.I. permite, a lo menos, fundar presunciones, de que Sebastián Piñera buscó ayudar a Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”.

El Mostrador se comunicó con Nicolás Noguera, director genérico de Bancard -empresa en que la comunidad de Piñera gestiona su patrimonio-, quien aseguró que “este informe, según mi conocimiento de los hechos, tiene como único objetivo el ataque desesperado a un oponente político”.

El ejecutor criticó que el documentación fue admitido “exclusivamente por parlamentarios de izquierda”, que encima “no se condice con el mandato de la comisión”.

Consultado, a través de su equipo de comunicaciones, sobre la eventual injerencia en agosto cuando todavía tenía propiedad en Dominga, Noguera se limitó a contestar lo ya sabido: “Como es de conocido conocimiento, se aclaró recientemente a su medio y se acreditó frente a la neutralidad, que ni Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, ni Odisea, ni ninguna sociedad relacionada a la grupo Piñera participan, ni directa ni indirectamente en el esquema conocido como Dominga desde diciembre de 2010 (momento en que Minería Activa vendió su décimo en dicho esquema)”.

Por otra parte, sostuvo “tanto el Empleo Publico, como los tribunales, tras una prolongada y seria investigación fueron categóricos la semana pasada en concluir que los hechos investigados no eran constitutivos de delito y Sebastián Piñera era absolutamente inocente de los cargos que falsamente se le imputaron”, señaló.

Denuncian filtración

Una hora y media a posteriori de que las conclusiones fueron votadas, y que por defecto son de carácter interno, el presidente de la comisión, el diputado PS, Raúl Saldívar, como todavía los miembros de la comisión recibieron una carta de parte del vicepresidente Ejecutor de Asuntos Legales de Andes Iron SpA, Marcelo Olivares, quien a través de la misiva reiteraba que Piñera no tenía patrimonio alguno en Dominga, sin referirse al tiempo en que sí tenía y que coincide con el primer año de su período presidencial.

Frente a esto, el diputado PC, Daniel Nuñez, indicó que “hoy día en esta comisión investigadora, al momento de votar las conclusiones, ha surgido un nuevo misterio. Esto misterio es que la empresa representada por el señor Marcelo Olivares, nos envía a cada uno de los diputados de la comisión y a la secretaría una respuesta a una temática que era de manejo interno de la comisión y lo hace con una agilidad increíble y sin que nadie se lo solicitara”.

El parlamentario cuestionó que “acá hay un misterio. ¿Esta empresa estaba espiando a la comisión?, ¿Tiene informantes dentro de la comisión?, cómo Dominga se entera de un texto de conclusiones, el que es uso interno de los diputados de la comisión y que además se envía a las 1 de la tarde y a las 2:30 de la tarde nos llega esta respuesta sin que nadie lo haya solicitado”.

Nuñez, quien acusó un supuesto espionaje por parte de Andes Iron, reiteró que “me parece gravísimo, porque esto refleja que esta empresa sigue espiando a la cámara de diputados y que este vínculo que hemos denunciado, entre el poder del dinero que intenta interferir en las decisiones del mundo político sigue vigente”.

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