Congreso español rechaza referéndum catalán porque busca la “fractura”

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La mayoría del Congreso castellano rechazó hoy la celebración, el próximo 1 octubre, de un referéndum sobre la independencia de Cataluña anunciado por el Gobierno catalán y reprobó las invitaciones al diálogo de éste por considerar que no son tales y buscan la “fractura”.

Ese rechazo se verá mañana cuando se vote en la Cámara la moción que el PDeCAT, el partido nacionalista del presidente catalán, Carles Puigdemont.

En ella, el presidente del Gobierno catalán pide a la Cámara respeto a la consulta del 1 de octubre, la data establecida por su ejecutor para hacerla, aunque el Gobierno castellano ha insistido que no tendrá lado porque es ilegal.

Precisamente, Puigdemont ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que pide ir a la Cámara a batallar su propuesta con los grupos parlamentarios, aunque pide igualmente que no haya una votación sobre la misma.

Esa votación reflejaría el rechazo mayoritario del Congreso, a tenor de lo que manifestaron hoy los grupos, ya que se sumaron al “no” el gubernativo PP (centroderecha), PSOE (socialistas) y los liberales de Ciudadanos, en total, 250 de los 350 diputados que componen la Cámara.

Por otra parte, este miércoles el Tribunal Constitucional castellano prohibió al Gobierno catalán utilizar la denominación de Asuntos Exteriores para el área de su Ejecutor (Consellería) que dirige su representación extranjero y reafirmó la competencia del Gobierno central en esa materia.

Con ello, estima de forma parcial el medio del Ejecutor central, al prohibir aquello que hace narración a la “diplomacia pública de Cataluña” y los preceptos que atribuían a Cataluña competencias para promover el establecimiento de relaciones “bilaterales” con otros países.

Pero aclara que no toda la actividad extranjero puede identificarse como materia de relaciones internacionales, aunque sí están vedados a las comunidades autónomas (regiones) la celebración de tratados, la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional del Estado.

Este segundo veredicto sobre el asunto del suspensión tribunal no obligará a suprimir la Consellería pero sí recordará los límites que ya impuso en diciembre pasado a las relaciones exteriores del ejecutor catalán.

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