Consejo para la Transparencia condena quema de archivos del Ejército: “Atenta contra la memoria histórica de Chile”

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El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, condenó este jueves la destrucción de archivos, microfilms y documentación que manejaba la ex Central Doméstico de Información (CNI) entre los abriles 1980 y 1982, como todavía la inexistencia de informes de inteligencia y contrainteligencia anteriores al año 2001.

La asesinato de dichos documentos se conoció hoy tras difundirse en la prensa un noticia del Ejército de Pimiento en el que se admite la incineración de archivos de dicha época y, a su vez, la inexistencia de actas de incineración. Según consigna la investigación interna realizada por la institución castrense, siquiera se encontraron “pruebas físicas de su existencia y, de haber existido, no se ha podido determinar su lugar de archivo, eventual microfilmación, personas que intervinieron en ello, circunstancias y pormenores de su confección, catalogación, archivo, y destrucción”.

A querella de Drago, este hecho “representa una grave vulneración al derecho de acceso a la información de todos los chilenos y destapa una seria y reprochable conducta por parte de quienes eran responsables de resguardar antecedentes de carácter público y que pertenecen a toda la sociedad. Es un hecho que atenta contra la memoria histórica de Chile”.

Agregó que el 10 de noviembre pasado, a raíz de un reportaje publicado en The New York Times y que daba cuenta de la destrucción de documentos de la ex CNI, el Consejo para la Transparencia envió un oficio al Comandante en Dirigente del Ejército, común Humberto Oviedo, solicitando que “informe la veracidad de los hechos objeto de la nota de prensa y sus antecedentes, los protocolos de gestión documental aplicables a este tipo de información y, en general, la documentación sobre los procedimientos que se hubieren aplicado en éste y otros casos respecto de antecedentes de violaciones a los derechos humanos que forman parte de la memoria histórica del país”.

En dicho oficio, se señala que de ser efectivos estos hechos “ello podría generar un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Marcelo Drago recalcó que el Consejo para la Transparencia está a la demora de la respuesta de dicha institución y añadió que “es deber y obligación de los organismos públicos resguardar, custodiar y proteger la información que está en sus manos, siguiendo estándares y acciones de preservación, conservación y reconstrucción de la documentación, y que claramente en este caso se menospreciaron sin ningún tipo de consideración”.

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