Corte revoca fallo en el caso Riggs y ordena devolución de dinero y bienes a la familia Pinochet

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La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia absolutoria en gracia de seis oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos, en el denominado caso Riggs. al tiempo que ordenó la devolucion de los dineros y fortuna decomisados a la clan del fallecido ex dictador Respetable Pinochet.

Lo antedicho en un decreto dividido de la Tercera Sala del tribunal de cruz integrada por los ministros María Soledad Melo -a quien pertenece el voto disidente-, Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos.

La sentencia revoca el equivocación dictado por el ministro en reconocimiento Manuel Antonio Valderrama, que había condenado a los oficiales que prestaron funciones en la Casa Marcial: Jorge Ballerino Sanford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Sergio Bronceado Saravia, Juan Mac Lean Vergara y Eduardo Castillo Cádiz.

La sentencia del tribunal de apelación establece que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos, desde 1981 hasta 2004, por lo que debe especular la prescripción de la actividad penal.

“Cabe señalar a modo de conclusión que por las razones expuestas en los motivos Octavo a Undécimo resulta jurídicamente improcedente calificar los hechos atribuidos a los acusados Ballerino Sandford, Castro Ivanovic, Moreno Saravia, Vergara Cifuentes, Mac-Lean Vergara y Castillo Cádiz como constitutivos de un delito continuado, sino que debe considerarse que cada uno de ellos es autor del o los hechos específicos que se les atribuye y en el peor de los escenarios, en rigor, en coautoría (mediata) con Pinochet Ugarte”, dice el parecer.

Y agrega que “por lo anterior, la acción penal emanada de los hechos que pudieren estimarse configuran el delito de malversación de caudales públicos y que se atribuyen a los tres primeros nombrados (…) se encuentra prescrita, pues Ballerino Sandford, Castro Ivanovic y Moreno Saravia sólo toman parte en la ejecución de los mismos de manera inmediata y directa hasta 1984, 1985 y 1991 respectivamente, en circunstancias que la prescripción de la acción se suspende recién el 1 de octubre de 2004″, sostiene el parecer del tribunal de altura”.

Respecto de la devolución de caudal incautados a los herederos de Respetable Pinochet, es sostener sus hijos y su viuda, Lucía Hiriart, el desacierto determina que no es posible nutrir dicha retención por encontrarse fallecido el responsable de un eventual delito de malversación.

“No es posible soslayar que en un Estado de Derecho existen determinados principios que reglamentan la imposición de las penas y, en lo que dice relación a la de comiso, debe necesariamente considerarse que según expresa el artículo 19 N 7 carácter g) de la Constitución Política de la República: ‘La Constitución asegura a todas las personas:… 7°.- El derecho a la soltura personal y a la seguridad individual. En consecuencia: … g) No podrá imponerse la pena de confiscación de acervo, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas”.

Sobre el punto, el parecer agrega: “Luego, la exégesis sistemática del artículo 31 del Código Penal, a la luz de la disposición constitucional antaño transcrita, determina necesariamente concluir que aún en el evento de que se rehuyera la razonamiento que sostiene la imposibilidad de imponer una pena accesoria cuando ella no accede a ninguna otra de carácter principal, como en sorpresa acontece en este caso, sosteniendo la naturaleza complementaria e, incluso, independiente del comiso -afirmación esta última que no tiene inspección jurisprudencial ni doctrinal alguno-, lo cierto es que dicha pena sólo puede disponerse contra un inculpado notorio legalmente culpable y condenado por árbitro competente. La código internacional sobre la materia que podría sostenerse va en sentido inverso al indicado, encima de posterior y luego inaplicable por expresa disposición constitucional, se construye sobre la almohadilla de ciertos supuestos de hecho de procedencia enteramente distintos a los del presente proceso”.

“Por otra parte –continúa–, no es posible jurídicamente decretar en la sentencia el comiso a posteriori de la asesinato del supuesto culpable, pues ello, en principio y sin perjuicio de las presiones que más delante se efectuarán, importaría disponer una pena en contra de sus herederos. En este sentido, como aceptablemente se sabe, las penas deben ser personales, es sostener, deben recaer sobre el directamente responsable y carencia más que sobre él, sin que sus género puedan exceder en perjuicio de terceros.

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