Corte Suprema confirma sentencia contra el colegio Dunalastair por discriminar a exalumna en situación de discapacidad

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La Corte Suprema decidió ratificar la multa cursada al colegio Dunalastair, tras la demanda realizada por los padres de Leonor, una exalumna en situación de discapacidad, quien padece de peso bífida y que, tras dos abriles en el establecimiento, tuvo que dejarlo conveniente a que las autoridades del colegio, específicamente el rector,  indicó que a partir de marzo del 2019, la estudiante no podría acoger más ayuda de la enfermera, quien hasta ese entonces la acompañaba, por lo que los padres deberían asistir a la último en sus idas programadas al baño.

La sentencia fue adoptada por la Cuarta Sala del mayor tribunal, integrada por las ministras Gusto Ana Chevesich, Andrea Muñoz, María Angélica Repetto, la abogada (i) María Cristina Gajardo y el abogado (i) Gonzalo Ruz.

Con esta sentencia, bajo el tejadillo de la Ley Zamudio, el establecimiento educativo tendrá que respaldar una multa de 10 UTM conveniente al rechazo al arbitrio de casación interpuesto por el colegio.

La madre de la último, Fernanda Contreras, indicó que «como clan estamos muy satisfechos de que la razón haya determinado en cada instancia  los actos discriminatorios por parte del colegio Dunalastair alrededor de nuestra hija. Fue un proceso súper desprendido y pesado. Esta demanda tenía como fin poder mostrar y ilustrar al colegio que ellos habían incurrido en contra los derechos de nuestra hija y sentar un precedente porque nos dimos cuenta que estos derechos se vulneras todos los días en muchos colegios».

Adicionalmente, agregó que «la multa es irrisoria, para ellos es un mes de escolaridad, pero había que marcar el precedente para que los padres se empoderen respecto a esto. No todos los papás tienen la opción de hacer lo que hicimos nosotros, finalmente te cierran las puertas y tienes cambiar a tu hijo de colegio, no todos pueden demandar. Ese era nuestro objetivo, plasmar».

Revise la sentencia de la Corte Suprema acá

Acerca del conflicto contencioso

Fue en el año 2017 cuando los padres comenzaron a notar presiones adecuado a que las autoridades del colegio empezaron a manifestar que la último necesitaba un decano control de esfínter, ya que para primero central es necesario autonomía absoluta en este ámbito, independiente de su condición.

Encima, vía correo electrónico, se les indicó que a partir de marzo de 2019, Leonor no podía tener subsidio de algún del personal, que hasta ese entonces era su enfermera, oportuno a los protocolos del colegio para aprestar posibles abusos sexuales alrededor de los estudiantes.

Esta situación obligó a los papás a agenciárselas otro colegio para su hija. El establecimiento, por su parte, señaló que bajo ninguna circunstancia se buscó que la último dejara el establecimiento.

La demanda principal, fue presentada delante el 22º Chancillería Civil de Santiago con plazo 3 de abril de 2019, y calificaba el comportarse del colegio como “arbitrario, ilegal y discriminador por razones de discapacidad física. Es arbitrario porque no tiene justificación alguna en materias que no digan relación con la discapacidad de Leonor o que estén bajo su control. Es ilegal porque vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, además de amenazar el derecho a la integridad física, al prohibir que se preste ayuda a la menor en casos de accidentes. En cuanto a la discriminación, estamos frente a un cambio de criterio que opera contra el interés de una persona discapacitada, cuando nuestra legislación está inspirada en un principio distinto que dice relación con generar posibilidades de apoyo e inclusión para dicha población”.

Luego de aventajar el caso en primera instancia, el colegio recurrió a la Corte de Apelaciones, para luego acogerse a la Corte Suprema, en donde, en ambas instancias se mantuvo el veredicto en su contra.

«Lo relevante del decisión de la Corte Suprema es que mantiene lo razonado, tanto por la Corte de Apelaciones como por el Tribunal de primera instancia, en tanto que señala que frente a casos especiales se tienen que tomar medidas especiales con un fin lícito.  Ellos no lograron acreditar un fin legal para cambiar el protocolo, y por lo tanto, no garantizaron que Leonor en el colegio lograra realizar un pleno crecimiento educativo en el sentido de tener todas las condiciones para desenvolverse», afirmó Paz Becerra, abogada de la comunidad demandante.

En la nuevo resolución se indica que «según el Ordinario N° 2357, de 29 de diciembre de 2017, de la Superintendencia de Educación, los establecimientos educacionales no pueden ‘condicionar, impedir, obstaculizar o suspender el acercamiento o permanencia de los párvulos a los niveles medio y de transición que no controlan esfínter’», de guisa que, “a contrario sensu, nada impedía al colegio condicionar, impedir, obstaculizar o suspender el acceso o permanencia de alumnos que no sean párvulos (precisamente el caso de XXXX), si no son capaces de controlar esfínter”.

Así, el llamado de la clan es a que los padres visibilicen los problemas que existen en el sistema educaciones respecto a los niños y niñas en situación de discapacidad, quienes están más expuestos a la quebrantamiento de sus derechos en los establecimientos.