De Bernardo Caro, de Lota Protein, a Jorge Burgos: los lobbistas tras la millonaria licitación del Registro Civil

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“Pareciera ser que todas estas modificaciones y cambios están como teledirigidos para que la empresa Aisino Corporation sea la que se adjudique la subasta”, dijo el martes 9 de agosto, en la Comisión de Crematística de la Cámara, el diputado Jaime Naranjo (PS), en medio de la sesión que él mismo había convocado para pedir explicaciones al director del Registro Civil por la millonaria subasta en curso al interior del servicio.

En la cita, el director (s) del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, se mostró inseguro, titubeante. Frente a las preguntas sobre por qué se modificaron las bases de la oferta para excluir a los oferentes de presentar documentos físicos, que pudiesen ser revisados para comprobar su calidad, el director se excusó señalando que fue por motivos de pandemia, provocando incertidumbre entre los miembros de la comisión, ya que la emergencia sanitaria no paralizó el remisión de documentos y, todavía, porque ese requisito fue reemplazado por el de la experiencia previa. Poco que Naranjo calificó como sospechoso.

Situación similar se observó al ser consultado Mierzejewski respecto a las razones, particularmente en esta oferta, por las que el precio era más importante que la calidad, asignando un 65% a la evaluación económica y solo un 30% a la evaluación técnica, en circunstancias que lo que se averiguación son documentos de un parada habitual de seguridad. La respuesta del director fue que se ponderó así porque «la calidad ya estaba asegurada».

Tras dos horas de una incómoda sesión, el diputado Naranjo logró que se aprobara celebrar a la Contraloría para que estudie “con carácter de urgente” las bases de la subasta, al concordar que las respuestas del director del Registro Civil no fueron satisfactorias.

Dicha sesión no hizo más que aumentar las dudas sobre un proceso en el que el gigantesco tecnológico chino Aisino se ha ido llenando de sombras, varias de las cuales han buscado disiparse tras las gestiones oficiosas de lobbistas y gestores de interés que, desde el 2019, han mantenido reuniones con autoridades chilenas a nombre de la empresa china, y no solo referidas al Registro Civil. Sus intereses están incluso en los temas de seguridad, de aduanas, de agricultura y temas penitenciarios, entre otros.

Bernardo Caro, el «Juan Díaz» de Aisino

La presentación del titán tecnológico en Pimiento se produjo días posteriormente del estallido social de octubre de 2019, cuando Ma Zhenzhou, vicepresidente de Aisino Corporation, comenzó a ser presentado delante autoridades chilenas por la agencia de lobby KOM, Soluciones estratégicas, encabezada por Eugenio Ravinet –exsecretario ejecutor del comité político de la campaña presidencial de Ricardo Lagos– y Freddy Ponce –exadministrador electoral del antiguamente senador Fulvio Rossi, durante la campaña de 2009–.

En un rango de 6 meses, el parada ejecutor chino registró 17 reuniones, que quedaron registradas en el portal de Info Lobby. Algunas de estas fueron con el entonces ministro de Agricultura, José Antonio Walker; con el director de Gendarmería, Christian Alveal; con el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza; y el subdirector de Informática de Aduanas, Jorge Mellado.

Pero incluso antiguamente de estas reuniones con Ma Zhenzhou, la agencia de Ravinet ya venía acompañando a delegaciones chinas para reunirse con autoridades chilenas. Entre estas estuvo un trayecto que hizo con Xin Jao, representante Militar para Latinoamérica del Instituto de Investigación de Seguridad Pública (IPSR) de la Universidad de Tsinghua. El propósito político era avanzar en el establecimiento de un Convenio de Cooperación con la Onemi, sobre una Plataforma Integrada de Alerta Temprana y Papeleo de Emergencia.

Conexo a las delegaciones chinas y a los socios de KOM, estos gestores de intereses se hicieron compartir en las mayoría de estas reuniones por un personaje indiferente a los negocios de la informática y el mundo digital. Se trata de Bernardo Caro Muñoz, un técnico pesquero que, durante varios abriles, fue asesor de la empresa Lota Protein, para «llevar» pescadores artesanales al Congreso cuando la empresa de capitales noruegos estaba en pugna con la pesca industrial chilena, en el ámbito de la discusión de la Ley Longueira.

A Caro se le describe como una especie de «Juan Díaz», el exoperador político de la UDI que resultó condenado por soborno reiterado y delitos tributarios en el ámbito del caso Caval.

De personalidad entradora y sociable, Caro amplió sus relaciones desde los sindicatos de pescadores al Congreso, donde después se vio envuelto en un episodio con claros tintes de platas políticas.

En el contexto de los pagos, a través de facturas y boletas ideológicamente falsas, que hicieron algunas empresas pesqueras a políticos, una de las polémicas más ruidosas fue la que afectó a Caro. Entre julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, Bernardo Caro Muñoz, asesor «ad honorem» del entonces senador Antonio Horvath, recibió un total de $274 millones, que luego la empresa justificó como «asesorías» efectivamente realizadas.

Por entonces ganaba de $6.000.000 mensuales y, a la luz de una investigación de Ciper, se pudo constatar que “operaba dentro del mismo Congreso, tenía una oficina de ‘Asuntos Corporativos’ dentro del mismo Congreso de Chile, atendida por Bernardo Caro. Su misión,  facilitar el trabajo de organizaciones de fachada ‘artesanales’”.

Hoy, cambió la pesca por la tecnología, y a los noruegos, por los chinos.

Los soldados de Idemia

 Aisino, adicionalmente, es objeto de las demandas presentadas el 4 de agosto contra el Registro Civil frente a el Tribunal de Contratación Pública. 

Una de ellas es la presentada en representación de Idemia, el consorcio francés que hoy administra el acuerdo y quiere retornar a adjudicárselo. La influencia admitido, en pocas palabras, impugna la admisibilidad de la ofrecimiento de Aisino. Según el escrito, la firma china no cumpliría satisfactoriamente con los requerimientos de las tecnologías biométricas exigidas en las bases.

Una situación que, a nivel internacional, tenía precedentes cuando, en julio de 2020, la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) emitió un alerta de ciberseguridad, indicando que el software para cuota de impuestos que el gobierno chino obliga a usar a las empresas extranjeras en China, tenía un malware (software solapado) que volvía endeble la consecución de información privada o reservada.

La demanda fue presentada por el abogado Jorge Burgos Varela, exministro del Interior de Bachelet 2 en la época del “realismo sin renuncia” y uno de los DC identificado con la corriente más concertacionista de ese partido, conocida como “los príncipes”. En abril, Burgos acompañó la presentación de una demanda para impugnar la subasta, basándose en que las bases fueron modificadas de tal forma, que no es obligación presentar muestras de las cédulas o de los pasaportes por parte de las firmas oferentes. 

La influencia judicial fue rechazada. El tribunal acogió los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para abastecer la subasta. 

En este capítulo de la logística legítimo, Burgos –en representación de Idemia– estuvo acompañado del abogado Francisco Zúñiga, perito en derecho chupatintas, cercano al Partido Socialista y principal del equipo de constitucionalistas que colaboró en el programa para el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, desde donde salieron los naufragados cabildos ciudadanos. 

La dupla se repite en esta ocasión, donde los argumentos se centran en la inadmisibilidad técnica de Aisino. La demanda recoge un argumento que asimismo fue mencionado por el diputado Giorgio Jackson. El parlamentario RD afirma que, en cuanto a las “pruebas de algoritmo biométrico”, exigen un cumplimiento de 99,5% y Aisino –según Jackson– solo cumpliría con un 94%. 

La DC no es ajena al Registro Civil. Varios militantes cercanos al “alvearismo” –por Soledad Alvear, quien dejó el partido– ocuparon puestos en la repartición y algunos de ellos, como el exvicepresidente Enzo Pistacchio, fallecido el año pasado, estuvieron involucrados en las irregularidades de la oferta similar a la contemporáneo, durante el primer Gobierno de Bachelet, y que terminó con la salida del entonces director del Registro Civil, Guillermo Arenas, militante PPD. 

En agosto de 2015, cuando el costo del pasaporte subió de $48 mil a $89 mil, la ministra de Rectitud, de quien depende el servicio, era Javiera Blanco, militante DC y excabeza de la Fundación Paz Ciudadana cuando esta era el rama punitivo de El Mercurio. Ese año ya estaba Idemia a cargo del convenio, por eso, al interior de la repartición, a primera olfato resultaba inexplicable cómo esta empresa, que mantiene la tarifa presente en 89.660 para el documento de alucinación, puede ofrecer el pasaporte a $19.527 para la concurso en curso. Incluso a un costo más de lance que el de Aisino, los que lo ofertan a $27.740.

El extremidad de Sonda

Sonda, que presentó la tercera mejor proposición, por un total de US$261 millones –detrás de Idemia, con US$254 millones, y Aisino, por US$222 millones–, asimismo cuenta con un “brazo político”. Juan Bennett fue socio de Sonda, exdirector del Sence en el Gobierno de Piñera 1 y, durante los últimos meses, visitante frecuente en la oficina del director Sergio Mierzejewski. Al interior de la institución lo identifican como quien, a fines del año pasado, recomendó la contratación de la consultora IT-Trebol que hizo una auditoría a Idemia. La indagatoria terminó con una multa de $164 millones para la firma francesa, que tiene actualmente el entendimiento y que está llevando delante fortuna legales para evitar acreditar la condena, la que consideran injusta, por un supuesto incumplimiento de pacto. 

Otro de los gestores de interés que ha hecho gestiones en distinción de Sonda –según quienes conocen el proceso–, es el exdiputado Joaquín Godoy, piñerista históricamente unido a RN.

Desde el Registro Civil aseguran que “las piezas se acomodaron para enfrentar la licitación, el director que era subrogante, fue elegido por Alta Dirección Pública, pero ya tenía claro que iba a ganar”, dice un funcionario al interior de la institución. 

Interiormente de estos ajustes está la presencia de Gonzalo Torres Ferrari, presidente de salita del director del servicio, quien ha sido el serio pirquinero para poner en cobro las inquietudes de las empresas y sacar delante la compleja concurso. Torres, que está contratado a honorarios por $5.029.000 mensuales brutos, es un militante RN cercano a Mario Desbordes. Torres es hermano de Marcelo Torres Ferrari, exconcejal de Maipú, vinculado al caso Basura, como funcionario de la Municipalidad de Cerro Navia.

“La pelea estaba muy circunscrita a Idemia y Sonda hasta que, sorpresivamente, irrumpieron los chinos y, dada la relación comercial con China, al Gobierno no le molesta que ganen”, afirma una traducción de un cercano a la dirección caudillo del Registro Civil, aunque otra traducción recuerda los vínculos de Andrés Navarro, compensador de Sonda, con el Presidente Piñera y la presencia estratégica de Juan Bennett, exsocio de la misma empresa, entre quienes siguen de cerca el proceso de oferta.