Diputada Nuyado presenta proyecto que “obliga” a reconocer la comercialización de la producción de los Pueblos Originarios como una práctica tradicional

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Este jueves, la diputada PS, Emilia Nuyado, presentó un plan que ley que averiguación el examen de las prácticas de comercialización de la producción de los Pueblos Originarios.

De acuerdo a la parlamentaria mapuche, “nuestra idea surge debido a la persecución y represión que hemos visto por parte de los municipios, las policías y las autoridades a las familias y comunidades indígenas que intentan vender los productos que cosechan en los centros urbanos”.

“El más claro ejemplo es lo que ha pasado en Temuco con las ‘hortaliceras’ y en Osorno con los pequeños agricultores indígenas. Hemos visto como la policía se ha dedicado a reprimir a las comunidades, que solo buscan sobrevivir, yendo en contra de todo lo que son nuestras prácticas ancestrales y contraviniendo el Convenio 169 de la OIT”, agregó.

En ese sentido, Nuyado explicó que “nuestro desarrollo económico indígena constituye un derecho colectivo y se ejerce bajo el criterio de la libre determinación. El Estado y las autoridades deben entender que la clásica política de entrega de bonos y materiales no se ajustan a la visión sobre el buen vivir de los pueblos originarios”.

“Con este esquema queremos que cuando se aplique la constitución doméstico se tome en cuenta nuestra costumbres y derechos consuetudinarios, delimitando claramente los aspectos en los cuales queremos que se nos respete como la producción de Riqueza Descendiente Campesina de Pueblos Originarios, vale proponer, actividades que realizan personas indígenas, tales como las artesanías, las industrias rurales y comunitarias, las actividades tradicionales y relacionadas con la caudal agraria, así como la resultante de la caza, la pesca, la caza con trampas y la cosecha, y cuyo resultado sea la cantidad necesaria para satisfacer el consumo de la persona que la realiza, de su grupo y estructura y cuyo remanente se comercializa sin intermediación”, finalizó.

El plan

La iniciativa presentada por la diputada Nuyado establece que no se podrá “sancionar la comercialización de la producción procedente de la economía familiar campesina de los Pueblos Originarios y se exceptuará de toda medida administrativa y no estará sometida a la obligación de inscripción en registro alguno para su ejercicio”.

Encima, se especifica que “las instituciones públicas, comunales o regionales y sus autoridades, no podrán limitar en ninguna forma sus derechos a la comercialización sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas, familias u organizaciones indígenas afectadas”.

Por extremo, el texto aclara que “cuando se encuentren las comunas o regiones en Estado de Excepción Constitucional, las autoridades públicas a cargo, deberán proveer de los espacios y facilitar el acceso a las personas, familias, comunidades y asociaciones indígenas para la comercialización de la producción de los Pueblos Originarios, respetando y resguardando el ejercicio de sus prácticas consuetudinarias”.