El estudio que denuncia obstrucción a la prensa y censura en redes sociales durante el estallido social

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Una serie de episodios de obstrucción a la prensa y censura en redes sociales durante el estallido social documentó el estudio “Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019” realizado por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, con el apoyo de académicas del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Pimiento.

El crónica documenta distintas vulneraciones al derecho de facilidad de expresión, tanto en el ámbito online como offline, sucedidas en el contexto del estado de excepción y toque de queda decretados desde el 18 y hasta el 27 de octubre en la mayoría de las regiones del país. Asimismo señala que, con posterioridad al 27 de octubre, una vez concluido el Estado de Emergencia, las vulneraciones a la confianza de expresión continuaron.

El documento revela que 283 usuarios sufrieron el filtrado necesario de sus datos o cerco de sus cuentas en redes sociales tales como Instagram, Facebook, Twitter y Youtube. Así todavía registra 138 casos de ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación, de los cuales 32 afectaron a mujeres.

En este sentido, hubo 90 casos de lesiones por armamento disuasorio, incluyendo un caso de trauma presencial, 21 denuncias de golpizas y hostigamientos, 19 detenidos y dos casos de mujeres periodistas obligadas a desnudarse en comisarías.

“El presente informe muestra que todo aquello alertado hace dos años respecto de vulneraciones al derecho de acceso a la información pública, el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación, lo hemos visto exacerbado estos días. El respeto a la libertad de expresión no se encuentra asegurado” dijo durante la presentación del documento Javier García del Observatorio a la Comunicación.

Otras formas de violación del derecho a la franqueza de expresión, según el documento, fueron la obstrucción en el acercamiento a la información pública, incluyendo restricciones de paso a la información sobre detenciones y heridos, reuniones “secretas” del Gobierno con empresarios y principales canales de TV y medios escritos, conferencias de prensa sin derecho a preguntas por parte de los periodistas y marcha de publicación de los derechos de toque de queda.

Encima el documentación denuncia otros hechos como la interferencia o presión directa o indirecta sobre medios de comunicación; periodistas despedidos o apartados de sus funciones; cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los canales de efecto doméstico; restricción de tránsito a periodistas en contexto de toque de queda; restricciones a la sinceridad de expresión de empleados públicos; aplicación del derecho penal a las opiniones vertidas contra representantes del gobierno; y seguimiento a comunicadores por parte de servicios de inteligencia.

  • Revise el estudio “Dispensa de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Pimiento” acá
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