El gobierno de Colombia confirma la llegada de la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega

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El gobierno de Colombia confirmó este viernes la arribada a ese país de la ex fiscal caudillo de Venezuela Luisa Ortega Díaz y de su consorte, el diputado oficialista Germán Ferrer.

“Migración Colombia se permite informar que el día de hoy en horas de la tarde ingresó al país proveniente de Aruba, la señora Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz”, señala el comunicado.

El documento agrega que Ortega “arribó en un vuelo privado al Aeropuerto de Bogotá e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas”.

Fuentes del gobierno Colombiano le dijeron a BBC Mundo que Ortega Díaz no ha pedido hospicio hasta el momento pero que tiene tres meses para detallar su situación migratoria.

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El anunció de la salida de Ortega de Venezuela llega dos días posteriormente de que el Tribunal Supremo de Ecuanimidad (TSJ) ordenara la detención de Ferrer por supuesta perjuicio y allanara la vivienda de entreambos en Caracas.

Ortega, una chavista que en los últimos meses se convirtió en una de las principales críticas del gobierno de Nicolás Adulto, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto, en lo que fue la primera medida de la Asamblea Constituyente que cuenta en Venezuela con poderes absolutos.

Con anticipación, el TSJ había dictado la prohibición de la salida del país de Ortega y la congelación de sus intereses.

Natalio Cosoy, corresponsal de BBC Mundo en Colombia, comentó sobre el impacto que la presencia en ese país de la exfiscal venezolana podía tener en las relaciones bilaterales.

“Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido más explícito en su crítica hacia Venezuela recientemente, ha intentado históricamente evitar escalar las tensiones, así que si el país vecino pidiera a Ortega Díaz en extradición pondría a las autoridades aquí en una situación difícil”, dijo.

Una figura incómoda

Ortega se convirtió en fiscal caudillo de Venezuela en al año 2007, cuando fue designada por una Asamblea Doméstico en la que el chavismo tenía mayoría absoluta.

Sesión en la Asamblea Nacional en 2014.

Sin requisa, en los últimos meses se convirtió en la la principal voz crítica contra el gobierno desde el Estado y sobre todo, desde el chavismo crítico.

A finales de marzo pasado, Ortega comenzó a desmarcarse abiertamente del oficialismo venezolano cuando cuestionó una polémica sentencia mediante las cuales el Tribunal Supremo de Ecuanimidad asumía todos los poderes de la Asamblea Doméstico, controlada ahora por la concurso.

Entonces dijo que esa osadía jurídico implicaba la ruptura del orden constitucional.

Después, igualmente criticó la convocatoria hecha por el presidente de Venezuela, Nicolás Formado, de una Asamblea Doméstico Constituyente (ANC) por considerar que no se ajustaba a lo previsto en la Constitución venezolana.

Al mismo tiempo, Ortega denunció los supuestos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en la represión de las manifestaciones antigubernamentales ocurridas en el país desde abril de este año.

Estas acciones le valieron numerosas críticas de parte de dirigentes del oficialismo, al punto que Diosdado Trenza, considerado como el número dos del chavismo, anunció que uno de los primeros objetivos de la Constituyente era cambiar la Fiscalía.

Así se hizo. En su primera sesión de trabajo, la ANC destituyó a Ortega de su cargo.

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Su sustituto, el exdefensor del Pueblo Tarek William Saab, calificó este jueves a Ortega como “autora intelectual” del más de centenar de muertes ocurridas durante la ola de protestas desatada en Venezuela.

Tarek William Saab

Saab asimismo acusó al cónyuge de Ortega, el diputado Germán Ferrer, quien en las últimas semanas se convirtió en un disidente del oficialismo, de liderar una red de trastorno en la Fiscalía por lo que solicitó a la Asamblea Constituyente que le despojara de la inmunidad parlamentaria y ordenó que fuera capturado.

Ortega, por su parte, ha dicho que su destitución y las acusaciones que han surgido en su contra buscan detener las investigaciones que realizaba la Fiscalía acerca del caso de sobornos millonarios realizados por la empresa Odebrecht.

La propia constructora brasileña afirmó que había sobornado con millones de dólares a diferentes gobiernos de la región, incluido US$98 millones al de Venezuela y a sus intermediarios para conseguir contratos de obras públicas en el país.

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