El maldito dinero: la debilidad del Presidente que reinstala la amenaza de la acusación constitucional por el caso Dominga

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La controversia ética entre el Presidente Sebastián Piñera y sus negocios no es nueva, y ha sido una especie de sombra constante en sus dos periodos presidenciales: el caso Enjoy, sus lazos con inmobiliarias cuyos edificios resultaron dañados en el terremoto del 2010, su resistor a traicionar Latam y Chilevisión, sus fideicomisos incompletos, el escándalo de Exalmar y  minera Dominga, son algunos ejemplos. Esta última ha sido una de las piedras en el zapato del Mandatario en sus dos administraciones, tanto por sus lazos económicos con la minera, que deshizo el 2010, como por la posible influencia que pudo tener en su Gobierno en el proceso de aprobación del esquema minero.

El nuevo impulso que volvió a poner en sospecha al Presidente lo dio Pandora Papers, una verdadera caja de pandora de información referente a negocios en paraísos fiscales británicos realizados por artistas y líderes mundiales, entre los que está el Superior de Estado y su grupo. Según Ciper y LaBot, que ventilaron los detalles de los movimientos de la comunidad presidencial con la saldo de acciones de Minera Dominga a uno de sus amigos cercanos, Carlos Alberto Délano, fue en diciembre del 2010 cuando la comunidad Délano compró la décimo de todos los otros socios de Minera Dominga por la suma de US$ 152 millones, que incluyó las acciones de la comunidad Piñera Morel. Parte de dicha operación se realizó en Pimiento (US$14 millones), pero la transacción decano fue en las Islas Vírgenes Británicas por US$138 millones, que se pagarían en 3 cuotas, estando la última sujeta a que no se cambiaran las reglas del distracción para el esquema. De ahí es que resurgieron las dudas de cuánto pudo influir el Mandatario en el camino de aprobación de este esquema.

El caso evocó un puntapié original que se dio el 2017, cuando Biobiochile dio las primeras luces de esta relación económica entre el Presidente Piñera y la empresa minera, y que dio paso a que en marzo del 2017 se instalara en la Cámara de Diputadas y Diputados la «Comisión Singular Investigadora de eventuales irregularidades, errores o vicios en actuaciones de funcionarios públicos en relación al esquema minero Dominga, en la Región de Coquimbo», cuyas conclusiones se entregaron en septiembre del mismo año. Estuvo presidida por el diputado socialista Raúl Saldívar (PS) y entre sus integrantes estaban todavía los actuales candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric. El portaestandarte de Apruebo Dignidad no acudió a ninguna de las sesiones, mientras que otros parlamentarios tuvieron una escasa presencia todavía en el espacio.

La empresa que se le dio a esa instancia fue «conseguir informes sobre las actuaciones del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, la Subsecretaría de Minería y el Servicio de Impuestos Internos, en relación con las inversiones realizadas por el categoría crematístico Mediterráneo Fondos de Inversión Privado en la empresa Minera Activa Uno SpA, en la época en que era socia en Minera Andes IronSpA, para el plan Dominga, así como incluso respecto de eventuales irregularidades en la fiscalización de las operaciones y autorizaciones respectivas, y de los impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Pimiento».

La conclusión tajante de la comisión, adicionalmente de descartar presiones políticas en el rechazo del esquema Dominga en el Gobierno de Michelle Bachelet, fue que «la información vertida frente a esta comisión por el Director del S.I.I. permite, a lo menos, fundar presunciones, de que Sebastián Piñera buscó ayudar a Dominga en agosto de 2010, cuando de forma arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”.

«Una lucecita pestañeando»

Si perfectamente la idea de la comisión peculiar investigadora incluía, en sus inicios, la idea de despejar los lazos de la clan Piñera con Dominga, posterior a la traspaso de acciones, la instancia debió centrarse más aceptablemente en la arista medioambiental. Y así lo recordó el presidente de dicha comisión, Raúl Saldívar (PS), quien acusó desliz de informes para aguantar delante esa arista.

«El tema quedó ahí pero dejó una lucecita pestañeando respecto a que poco extraño había, y si esto lo asociábamos a Barrancones y el trayecto que traía del conjunto de transacciones, nos hacía pensar que poco no estaba perfectamente. Nos daba la impresión de que el Presidente a través de su grupo seguía teniendo acciones y, en consecuencia, seguía teniendo intereses. Esa era nuestra principal inquietud a despejar, pero no logramos tener a la mano suficientes referencias. Tuvimos que concentrarnos y poner el foco esencialmente en el tema ambiental y especialmente en la comisión de Evaluación Ambiental que denegó la posibilidad de que el esquema continuara».

Si es que se hubiesen incorporado estos datos, el parlamentario cree que se habría creado una comisión derivada centrada en esta arista en distinto, o «si fueran tan concluyentes los historial serían derivados directamente al Fiscal Doméstico, y al mismo tiempo puestas en conocimiento en un documentación en la Cámara de Diputadas y Diputados para ver qué camino seguir».

Las sospechas de un ocultamiento de información estuvieron presentes en varios parlamentarios de ese espacio, lo que pudo impedir mayores acciones derivadas de dicha comisión. El diputado Daniel Núñez (PC) enfatizó que «hubo una batalla deliberada por esconder información para que no pudiéramos conocer toda la verdad cuando se constituyó la comisión investigadora por este caso. No es sólo el Presidente el que ocultó información, es todo el clan Piñera y sus operadores de negocios quienes ocultaron la información. Perfectamente el administrador de Bancard, Noguera, que no quiso ir a la comisión, nos pudo suceder dicho que esto se hizo en paraísos fiscales. El problema es que Piñera mueve sus negocios en esta zona plomizo, donde es casi ficticio retener quién hizo las ventas, quién hizo el negocio».

La equivocación de respuestas es lo que incluso destacó la entonces diputada y hoy senadora y abanderada presidencial, Yasna Provoste (DC), quien apuntó a que de favor tenido estos referencias habrían sido distintas las conclusiones de esa comisión. «Claramente, de suceder sabido que un gran negocio de la clan Piñera dependía del crecimiento del Esquema Dominga, incompatible con Barrancones, las conclusiones habrían sido muy distintas, yendo más allá que solo determinar que hubo un proceder injustificado».

Entre sus intervenciones, Provoste recordó haberle preguntado al exsubsecretario de Medioambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera por qué hubo diferencias entre los proyectos Barrancones y Punta Corregidor, rechazándose uno y aprobándose el otro. «Esas preguntas nunca fueron respondidas. Claramente faltaba una cuarto del puzzle, que eran los intereses del Family Office del Presidente Piñera y la cláusula de que Dominga debía ser viable bajo la comportamiento administrativa de los órganos encargados de la protección Medio Ambiental. Estos historial, que son nuevos al menos en el contexto de la Comisión Investigadora de la cual fui parte, dejan de manifiesto que acá existían dos prismas distintos a la hora de evaluar los proyectos con impacto ambiental evidente por parte del Presidente y su Consejo de Ministros», agregó la senadora.

La eterna trampa opositora de la recriminación constitucional

Ha sido una espada de doble filo para la examen y al menos en el final periodo no ha tenido buenos resultados. Hasta ahora el amplio espectro de la centroizquierda e izquierda no han acabado alinearse tras el mecanismo de la imputación constitucional que estos días resurgió con fuerza en el Congreso, como una forma de replicar delante el escándalo que generó el Pandora Papers, y en singular la cláusula que en parte condicionaba el tercer suscripción de las acciones vendidas por la comunidad Piñera a Carlos Alberto Délano.

Ayer, los comités de diputados de la examen se reunieron y acordaron instalar una comisión de expertos para evaluar los argumentos jurídicos para aplicar esta medida. Acudieron desde el Frente Amplio, el PC, a Nuevo Pacto Social. La bancada DC en principio no asistía, pero llegó a la reunión el subjefe de bancada, Gabriel Silber, quien abiertamente está por aprobar una incriminación constitucional. El parlamentario dijo que «los hechos son de tal peligro que estamos estudiando el mérito, pero queremos que este comité de expertos que va a convocar la examen nos precise si estos hechos alcanzan los términos del articulo 52 de nuestra Constitución». Entre los puntos que se estarían evaluando está la prescripción y por ser hechos anteriores a su mandato.

Pero adicionalmente hay un argumento esgrimido por el diputado Núñez, en términos de un asunto ocurrido en la contemporáneo suministro del Presidente Piñera: durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, el 2018, el Consejo de Ministros aprobó establecer un Ámbito Cuadro Protegida en La Higuera, donde el punto irresoluto fue determinar el plano, por lo que su decreto final pasó a manos del flagrante Gobierno, el que finalmente concretó. «Acá hay una omisión negligente, absolutamente liderada, que es una infracción abierta a la Constitución y las leyes, porque para ayudar negocios privados de sus amigos y de los cuales igualmente se han presbítero sus hijos y él mismo, no firmó el decreto para establecer poco que ya había sido admitido por el Consejo de Ministros, como era el Radio Acuarela Protegida. Esa es una situación gravísima», dijo el parlamentario.

El punto ciego hasta ahora para dar luz verde a la incriminación estaría en la Democracia Cristiana, que se reunió durante las últimas horas para tomar posición sobre las acciones de la concurso en la materia. En la previa, el diputado Matías Walker se mostró partidario de no apurar el uso de este mecanismo y concentrarse en la instalación de una nueva comisión distinto investigadora. «Si correctamente hay reportajes de la época del año 2017 que efectivamente mencionan las circunstancias de esta cláusula, yo creo que es fundamental crear una nueva comisión singular investigadora que pueda indagar 3 cosas: primero, si el Presidente conocía las circunstancias de este acuerdo de compraventas; si efectivamente estos activos formaban parte de este fideicomiso ciego que administraba sus capital; y en tercer sitio si hubo alguna acto de su Gobierno antiguamente de que se concretara el cuota de esa tercera cuota».

«Soy partidario de un escalamiento de los medios de fiscalización. La recriminación constitucional es siempre la última ratio interiormente de nuestro ordenamiento forense, para ver si una vez acreditadas responsabilidades en alguno de estos aspectos hay historial para reanudar con las otras facultades fiscalizadoras. No hay que apresurarse”, dijo Walker, quien recordó que se puede asistir a una denuncia constitucional hasta 6 meses a posteriori de que el Mandatario deje el cargo.

Las recomendaciones de Pimiento Transparente

Con una aprobación bajísima y una desaprobación muy suscripción, el Presidente Sebastián Piñera atraviesa una cuerda floja. La complejidad es política y de imagen, según el director de Pimiento Transparente, Alberto Precht, quien apuntó a una afectación del discurso sabido, a las instituciones y en distinto porque el tema Dominga es uno que aún no está completamente zanjado.

«Le pediríamos al gobierno que retomara el esquema que le presentamos posteriormente del estallido social en cuanto a producir un registro notorio de beneficiarios finales y dar señales importantes de la independencia de los órganos de resolución ambiental, quitándole estas capas políticas que pueden ser complejas, y en el caso del SII dotándolo de longevo autonomía para que su director no sea dependiente del gobierno de turno», dijo respecto a las medidas que se pudieran tomar para hacer frente a estas situaciones. Sumó, adicionalmente, el llamado a terminar con los paraísos fiscales, cubo que «por muy lícitos que puedan ser algunos de los negocios que ahí ocurran, conveniente a la facilidad que dan para negocios ilícitos, estas jurisdicciones deberían desaparecer».