En su peor hora de evaluación ciudadana, Ministerio Público arremete contra el Congreso por Caso Asesorías

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Cuando el Congreso está en su peor momento en la evaluación ciudadana, el Empleo Conocido volvió a poner sus luceros en el Poder Constituyente en el denominado caso Asesorías.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la Fiscalía de Inscripción Complejidad Oriente ingresó dos requerimientos, uno a la Cámara de Diputados y otro al Senado, pidiendo información por el cuota de 27 asesorías con contenidos duplicado de 19 congresistas, 10 de ellos aún en examen.

El requerimiento  ingresado por fiscal presidente de Reincorporación Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda –que debería ser respondido por el Parlamento antiguamente del desvío de febrero- pide “remitir toda la documentación que acredite fehacientemente el pago de asesorías parlamentarias que más adelante se individualizan, en especial se solicita remitir al menos los siguientes antecedentes: comprobante contable del egreso por el pago del informe, instrumento de pago (cheque, transferencia, vale vista, etc.), cargo en la cuenta corriente respectiva que de cuenta del pago, visto bueno del congresista mediante el cual aprobó el informe requerido, factura o boleta del prestador del servicio, comprobante de solicitud del informe, copia del informe”.

La solicitud fue ingresada por el fiscal presidente de Reincorporación Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, a posteriori que el Congreso rechazara que detectives de la Policía de Investigaciones accedieran al Parlamento para conseguir dicha información personalmente.

“Siempre vamos a entregar todo en la medida que ellos digan qué se necesita, tienen que ser específicos. Aquí hay una investigación que es desformalizada, no hay nadie formalizado dentro de estos tres años (…) la Fiscalía conoce el procedimiento legal para eso”, dijo a La Tercera el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, para explicar la negativa a esa diligencia.

Testimonios de parlamentarios

La indagatoria tiene otra arista, la de los sueldos excesivos que tiene a cerca de 40 funcionarios en la mira. Incluso, de acuerdo a La Segunda, la Fiscalía citará a personal de apoyo tras detectar “sueldos que se escapan del promedio”. Según este medio, los asesores declararían el próximo 3 de febrero.

En tanto, los parlamentarios –por tener fuero –podrían ser “invitados a declarar”. Al respecto, la senadora Adriana Muñoz (PPD), futura presidenta del Senado de concretarse el acuerdo de la examen que tiene la mayoría en dicha Corporación, dijo a La Segunda “si citan a senadores tendremos que conocer las razones y causas fundadas, no al bofetón”, aunque ratificó que se accederá a “la entrega de toda los informes y la información que se requiera”.

La aviso llega en momentos en que el Poder Constituyente enfrenta una paupérrima evaluación ciudadana, reflejada en las cifras de la averiguación del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde sólo obtuvo un 3% de aprobación. Este noticia se suma al del sonsaca Barómetro del Trabajo difundido este viernes por Mori-Fiel, donde en una pregunta sobre confianza en instituciones democráticas un 8% dijo tener confianza en el Parlamento, aunque en la consulta sobre quien representa mejor a la muchedumbre casi nada un 1% indica a “los parlamentarios”.

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