Especialistas apuntan a modernizar la ley de protección de datos en workshop del CPLT y El Mostrador

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Especialistas de diversas disciplinas que participaron en un workshop organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) y El Mostrador abordaron algunos de los desafíos que ha impuesto la pandemia por Covid-19 en materia de privacidad y paso a información, como una ley que permita hacerse cargo de temas urgentes asociados al uso de datos personales y más transparencia respecto de su tratamiento.

En el panel, donde participó el editor genérico de El Mostrador, Héctor Cossio, la consejera del CPLT, Prestigio de la Fuente, abordó los vacíos en materia de reglamento en protección de datos personales a nivel doméstico, los que permiten contraponer de mejor forma la implementación de una “gobernanza de datos”.

Según explicó, las brechas se generan a partir de la caducidad de una ley que data de 1999 y que no permite hacerse cargo de situaciones que afectan directamente a la ciudadanía en el contexto de la crisis por Coronavirus.

“Si hay algo que hemos aprendido a propósito del debate que se está dando en el mundo en el contexto de la pandemia es que quienes pierden son los ciudadanos, porque no se pueden garantizar derechos fundamentales”, como es el caso del derecho de la persona a que se protejan sus datos personales y evitar así que puedan ser objeto de discriminación”, indicó.

Por ello, explicó la representante del Consejo, fue que el CPLT planteó al Ejecutor la posibilidad de tramitar una Ley Corta que permita asaltar, entre otras materias, el tratamiento de datos biométricos o el establecimiento de una autoridad que controle, fiscalice y aplique un régimen de sanciones en caso de brechas o vulneraciones a la seguridad de los datos.

En tanto, para el ingeniero de la UC, Eduardo Undurraga, quien integró el panel de expertos, una de las cuestiones que evidenció esta emergencia sanitaria fue que “estamos desnudos” en el ámbito del paso a datos. “Lo que ha hecho esta pandemia es decirnos que nos faltan datos y una infraestructura de datos integrada que permita trabajar con mejores datos”, planteó Undurraga, agregando que “ha habido avances en materia de acceso a datos, pero en uso y tratamiento es muy precario”.

Por su parte, la abogada María Paz Canales, directora ejecutiva de la fundación Derechos Digitales, planteó que el hecho de no contar con información clara respecto de la finalidad con la que se levanta gran cantidad de datos de las personas, no sólo impide enterarse si se hará un adecuado tratamiento de la información sino adicionalmente si las tecnologías que se plantean son las más adecuadas para el objetivo que se rebusca alcanzar con una determinada medida.

Asimismo, Canales apuntó a la aprieto de transparentar los criterios de cómo “anonimizar” los datos –es sostener, que no sea posible identificar o hacer identificable a la persona- que se están aplicando. “El tema de la anonimización no puede ser un compromiso de buena voluntad de parte de la autoridad, tiene que haber algún criterio de transparencia que permita a externos, a terceros, a la sociedad civil, a otros grupos auditar que los procedimientos que se siguen son lo suficientemente fuertes para evitar la reidentificación de la información”, apuntó la abogada.

El director del Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Pimiento, Pablo Contreras, planteó que las decisiones que tomen las autoridades en términos de tratamiento de datos pueden ser dinámicas y cambiar coincidente a las deyección de la contingencia, lo que requiere de un “ecosistema de garantías” que asegure la punición delante abusos, que cuente con un monstruo encargado de respaldar el cumplimiento de la ley.

En el caso del tratamiento de datos personales por parte de privados, como ocurre en el caso de las empresas de telecomunicaciones y la Universidad del Mejora que está apoyando el monitoreo de la movilidad en cuarentena, apuntó a la indigencia de establecer garantías que permitan fiscalizar lo que hacen estas y otras instituciones.

Advirtió por ejemplo en el caso de transferencia de información entre entidades que  “hay que asumir el acto de fe de que un privado –empresa de telecomunicaciones- le da acceso a otro privado –en este caso una universidad- a cierta información y que se está protegiendo los datos personales”. Delante este tipo de situaciones, el abogado planteó que las posibilidades de corroborar que esto sea así para los usuarios son bajas, poliedro que no existe una agencia que pueda fiscalizar este traspaso de información.

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