Estado de Chile admite internacionalmente que negó derecho a la salud a un paciente que falleció en el sistema público

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El 21 de abril pasado, el Estado de Pimiento envió un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un gratitud parcial de responsabilidad internacional. Era la forma de replicar frente a una demanda por un caso que les había sido notificado en octubre del año pasado y que ese organismo internacional relacionaba con una “presunta secuencia de violaciones de Derechos Humanos”.

El caso de Vinicio Poblete Vilches es el único trámite que ve ese organismo internacional procedente de Pimiento. El año 2001, la homicidio de Poblete desmembró a una clan completa, que a posteriori de una serie de hechos se hundió en su casa de La Pintana. A Vinicio lo dieron de ingreso del Hospital Sótero del Río sin hablarle a su comunidad de la alcance de sus heridas. Le entregaron seis diagnósticos distintos, y según su grupo existió una desidia de provisión del tratamiento intensivo que requería en su segundo ingreso al hospital. Siquiera las investigaciones a nivel interno fueron realizadas con diligencia ni en los plazos razonables.

En su contestación a la demanda, el Estado de Pimiento reconoció que resulta internacionalmente responsable de la “afectación del derecho a la integridad personal y derecho a la salud del Sr. Vinicio Poblete”. El Estado lo señaló así:

“La decisión del alta médica del señor Vinicio Poblete constituyó un obstáculo en el acceso a condiciones que le garantizaran su derecho a la integridad corporal y, además a su salud. En efecto, esto fue así dado que el alta tuvo lugar aun cuando de la información que constaba se desprendía que no era una medida pertinente. A lo anterior se suma el hecho de que cuando el Sr. Vinicio Poblete reingresó al hospital, no fue tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a pesar que la misma ficha médica indicaba que era la unidad adecuada para su debido tratamiento”, señaló el documento que remitió el Estado.

El caso ha pasado por las manos de distintos abogados. El año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso y en junio de 2015 la CIDH hizo tres recomendaciones al Estado de Pimiento –la contraparte es la Cancillería–, donde pedían reparar integralmente a los familiares de Vinicio Poblete Vilches por las violaciones de Derechos Humanos a las que pudieron ser sometidos, incluyendo una debida compensación por el daño material y pudoroso. Otra de las recomendaciones era realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de Derechos Humanos, a fin de que los familiares cuenten con claridad respecto a lo sucedido y se impongan las sanciones correspondientes.

En esa misma columna argumentativa el Estado reconoció, encima, las precarias condiciones que incidieron en la desliz antecedente. “El Estado de Chile entiende que, dadas las circunstancias fácticas del presente caso, en especial la hospitalización en el Hospital Sótero del Río, en una unidad de cuidado distinta de la recomendada en la ficha clínica, debido a la ausencia de camas y la falta de diligencias por parte del estado para gestionar su traslado a otro centro de salud, implican vulneraciones al derecho a la integridad corporal en relación al derecho a la salud, en concordancia con los estándares de Derechos Humanos fijados por esa ilustrísima Corte”.

Adjunto con lo mencionado, el Estado incluso reconoció la quebrantamiento del derecho al paso a la Información en materia de Salubridad, en conexión con los derechos a la vida, integridad personal y vigor. Todavía reconoce, con respecto a Vinicio Poblete Vilches, la violación del derecho a la dignidad y autodeterminación y a tomar decisiones libres.

Una cruz en La Pintana

Vinicio Poblete Vilches y su clan, llegaron a mediados de enero de 2001 hasta el Hospital Sótero del Río. El patriarca de la clan tenía un problema respiratorio. Lo operaron, sin incautación la clan insiste en que nunca aceptaron el procedimiento porque la diabetes que padecía Vinicio hacía que fuera una intervención riesgosa. En los registros quedó constancia de que sí hubo una autorización, supuestamente firmada por su esposa, Blanca Tapia, aunque ella no sabía repasar ni escribir.

Lo dieron de entrada y dos días a posteriori debió ser ingresado nuevamente. De esa segunda oportunidad no salió con vida. Murió el 7 de febrero de ese mismo año, pero la comunidad recibió seis causas distintas: un paro cardíaco, pulmonía, shock séptico, edema pulmonar, entre otros. Cada persona a la que le pidieron una explicación sobre la homicidio de su padre, tuvo una respuesta diferente.

Desde entonces, que algún responda por la homicidio del padre, transformó la vida de la clan que se sumió en un dolor del que no han podido salir. Se sintieron maltratados e ignorados. El año 2003, Blanca Tapia murió de cáncer al estómago. El año 2011 murió el hermano último de la grupo, Gonzalito, por una paraplejia que cargó desde que nació. Un año antaño de eso, el 2010, la única hermana de la grupo, Leyla, intentó suicidarse con un disparo que finalmente sólo le hirió el estómago y le dejó una deuda abultada en Clínica Dávila.

El caso ha pasado por las manos de distintos abogados. El año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso y en junio de 2015

la CIDH hizo tres recomendaciones al Estado de Pimiento –la contraparte es la Cancillería–, donde pedían reparar integralmente a los familiares de Vinicio Poblete Vilches por las violaciones de Derechos Humanos a las que pudieron ser sometidos, incluyendo una debida compensación por el daño material y íntegro. Otra de las recomendaciones era realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de Derechos Humanos, a fin de que los familiares cuenten con claridad respecto a lo sucedido y se impongan las sanciones correspondientes.

La CIDH dio dos meses de plazo al Estado chileno para contestar a las recomendaciones; sin bloqueo, no hubo una respuesta satisfactoria. Por eso llegó hasta la Corte Interamericana que notificó el nuevo caso al Estado por nota de data 12 de octubre 2016.

Posteriormente de esta respuesta por parte de Pimiento, continuará la tramitación del proceso conforme a las normas reglamentarias y convencionales respectivas, incluyendo una audiencia verbal delante la Corte IDH.

“Acá por más de 15 años nadie investigó la muerte de mi padre”, dice Vinicio Poblete, hijo de la víctima. “Nosotros recurrimos a los tribunales internacionales porque aquí nunca encontramos justicia. Espero que la Corte obligue al Estado a darle más dignidad a la salud pública y un trato humano y digno, no como lo que estamos viviendo”, dice Vinicio.

En Cancillería señalaron que no se referirán al tema.