Estado de Excepción en La Araucanía: votaron casi 145 mil personas y el 81,5 % aprobó militarización en consulta ciudadana convocada por gobernador y alcaldes

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Poco más del 81 % de los habitantes de la región de La Araucanía se mostró a gracia, en una consulta ciudadana convocada por el jefe y alcaldes, de permanecer el estado de excepción que decretó el Gobierno para militarizar la zona, epicentro del llamado conflicto mapuche y círculo de múltiples episodios de violencia rural.

El objetivo de la consulta fue guardar la percepción de la población frente a la eventual extensión del estado de excepción constitucional que rige actualmente las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía, y la de Arauco en el Biobío hasta el 11 de noviembre, debate que se dará en el Congreso a inicios de la próxima semana, a más tardar el martes.

Finalizada durante horas de la tarde, la votación, que no tiene carácter vinculante, contó con la décimo de casi 145.000 personas que habitan interiormente de las 32 comunas involucradas en el proceso. Según el sitio oficial de la consulta, votaron 144.994 personas.

La consulta, que se realizó vía electrónica, fue impulsada por el jefe Luciano Rivas, militante del partido oficialista Evópoli, y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA).

«Le pedimos a los políticos, en peculiar a todos los diputados y senadores de Pimiento, que se escuche nuestra voz, no se hagan los sordos», señaló Rivas una vez publicados los resultados.

El regidor señaló adicionalmente que desde su cargo búsqueda impulsar un «pacto doméstico» que considere extender el estado de emergencia en la zona para asegurar la seguridad, así como establece diálogos con «todos los quieran, sin armas ni fusiles en la mesa».

El Presidente Piñera decretó a mediados de octubre pasado el estado de excepción constitucional en el comarca, que en la actos implica el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden sabido.

Durante las últimas semanas, el sur de Pimiento ha experimentado una ola de violencia que se enmarca en el denominado conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal peña indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora «pertenecen» en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.

La situación flagrante ha despertado diversas reacciones, como la de la Oficina para América del Sur del Detención Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en la haber chilena, que lamentó la nuevo asesinato de un comunero mapuche en un eficaz de seguridad y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno. Durante esta trayecto asimismo se realizó el funeral del comunero mapuche Jordan Llempi Machacan fallecido violentamente el pasado miércoles.

La medida ha sido criticada desde el principio por organizaciones indígenas y por la concurso, que sostienen que es una forma de tensionar todavía más el enconado conflicto, y diversos diputados opositores ya anunciaron que votarán en contra de la prórroga.