Estallido social: Corte ordena reabrir investigación en caso de escolar que resultó gravemente herido por lacrimógena en la boca

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La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de guisa conforme, acogió un medio de apelación y ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación y realizar diligencias en el caso de la beocio de iniciales S.O.V., quien recibió el impacto de una lacrimógena de Carabineros en su boca, hecho ocurrido en noviembre de 2019, en la comuna de La Cisterna, en el situación del estallido social.

De esta guisa la Sala, presidida por la ministra Sylvia Pizarro Barahona e integrada por la ministra Claudia Lazen Manzur y el abogado elemento Carlos Castro Vargas, acogió el procedimiento interpuesto por la parte querellante y revocó la osadía del Undécimo Chancillería de Seguro de Santiago que había decidido no perseverar en el procedimiento, dejando inconclusa la investigación.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Judicial Caucoto Abogados, valoró la osadía del tribunal ya que por un flanco  “expresa que la judicatura sí puede tener un control jurisdiccional relevante ante el ejercicio incorrecto o inapropiado de la decisión de no perseverar en el procedimiento que ejerce el Ministerio Público, puesto que si una investigación está incompleta, la justicia sí puede asegurar, en este caso concreto, una investigación justa, racional y adecuada”, sostuvo.

Y por otro flanco, prosigue Ugás, “marca una senda que debe ser observada por la justicia y el Ministerio Público, que en estos casos relacionados por crímenes contra la integridad o la vida de personas cometidos por agentes del Estado, en contexto como el existente en la época en que ocurrieron estos hechos, deben ser cabalmente indagadas, haciendo todo lo humanamente posible para su esclarecimiento”.

El abogado encima destacó negativamente que en este caso la valentía del fiscal adjunto de no perseverar fue avalada por la Fiscalía Regional, lo que a su causa asimismo denota una ligera evaluación y revisión de un caso de esta pesantez, por parte del víscera de control interno de la institución”.

En la apelación que fue acogida por el tribunal se argumentó acerca de lo incompleta que estaba esta indagatoria, en orden a que no se habían individualizado los mandos ni los integrantes de todos los grupos operativos de Carabineros de Pimiento que concurrieron al procedimiento, no se les había tomado afirmación y en singular al comisario de la referida comisaría. Siquiera se había interrogado a 3 de los funcionarios de los 6 que ese día portaban la escopeta garrocha gases mencionada; no se había recabado la sueldo de los funcionarios de sanidad que asistieron a la víctima en los dos centros de atención sanitaria a que concurrió ni siquiera estos habían sido interrogados, por mencionar algunas deficiencias.

Los hechos que afectaron a la víctima se remontan al 26 de noviembre de 2019, y ocurrieron en la comuna de La Cisterna. Ese día, aproximadamente a las 13 hrs., y en circunstancias en que la víctima, quien salía de su etapa escolar y se encontraba esperando a su hermana viejo en un paradero de autobuses, sito en la intersección de Avda. Américo Vespucio y calle Goycolea, adaptado frente de las dependencias de la Décima Comisaría de Carabineros de La Cisterna, recibió el impacto de una lacrimógena desde una escopeta venablo gases de 37 mm., percutada por un funcionario institucional. Ello, en el contexto de una manifestación pública que acaecía al exógeno de la misma dispositivo de Carabineros. Dicho impacto causó lesiones graves a la víctima, según lo constató el SML.

Esta resolución de la Corte se encuentra en consonancia con lo dictaminado por el fiscal doméstico Jorge Abbott quien días antes entregó pautas a los fiscales acerca del interés que deben poner en estas causas de derechos humanos.

  • Revise la resolución de la Corte de San Miguel acá