Fiscal Chong realizó peticiones a organismos públicos por investigación de eventual corrupción en el TC

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La fiscal encargada de la investigación por eventual corrupción en el Tribunal Constitucional (TC), Ximena Chong hizo una serie de peticiones a organismos públicos relacionados con la supuesta dilación al interior de este víscera en causas de derechos humanos.

De acuerdo a información de La Tercera, una de esas solicitudes fue enviada al Poder Legal el 23 de abril pasado. En ella, se piden “las suspensiones dispuestas por el Tribunal Constitucional durante 2018 en los requerimientos de inaplicabilidad recaídos en causas de derechos humanos, el número de las mismas, el resultado del requerimiento formulado, y el número de días de la suspensión”.

Para ello, se les otorgó un plazo de 10 días para replicar. Fue el 20 de mayo que desde la Corte Suprema le indicaron a Chong que le entregarían la información solicitada.

Así, la resolución N°490-2020 dice que “se deja constancia que el ministro señor (Sergio) Muñoz G. estuvo por remitir a la señora fiscal, además, todos los antecedentes relacionados con el acuerdo del Tribunal Pleno de 4 de octubre de 2017 (AD 1212-2017) sobre los efectos de las suspensiones de procedimiento dispuestas por el Tribunal Constitucional y el oficio enviado a dicha institución mediante el cual se hizo presente nuestra preocupación, especialmente por cuanto la suspensión decía relación con causas en que se investigaba la posible violación a derechos humanos y sobre recurso de protección, en las que la referida medida se prolongó por años”.

Por otra parte, un estudio de la Dirección de Estudios de la judicatura del 7 de febrero de 2019, desde febrero de 2015 hasta esa momento se ingresaron al TC 39 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (INA) “respecto de diferentes normas susceptibles de aplicarse en causas judiciales sobre graves vulneraciones a los derechos humanos acaecidos en dictadura y que tramitan ministros en visita extraordinaria”.

De esos 39 requerimientos, 36 fueron declarados admisibles, 22 fueron rechazados y 13 estaban en tramitación. Solo uno había sido acogido. Adicionalmente, se indica que dichos procesos, en los que persigue la responsabilidad penal por violaciones a los derechos humanos, han estado paralizados por 251 días en promedio. Incluso, el documentación destaca que “21 requerimientos cuyos procesos fueron paralizados por el TC y que en definitiva fueron rechazados. Uno de ellos estuvo paralizado a la espera de la sentencia del TC 662 días”.

La fiscal Chong incluso ofició al propio Tribunal Constitucional para que, entre otros puntos, le informen el número de casos que haya terminado en igualada y en que el voto del presidente haya sido esencial, desde el 1 de enero de 2017 hasta la momento.