Formalizan por delito de prevaricación a funcionarios de la Dirección General de Aguas por favorecer a minera chileno-japonesa

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La Fiscalía de Atacama formalizó a Luis Ulloa, cabecilla de la División Lícito de la Dirección Universal de Aguas (DGA), y a la directora regional de la división, Macarena Fernández Leiva, en una compleja causa de delitos de carácter penal chupatintas que indaga en Copiapó y que tuvo su origen en el año 2017, cuando comenzaron distintas solicitudes de parte de la sociedad chileno-japonesa, Minera Atacama Kozan, por obtener las autorizaciones ambientales que permitieran iniciar su esquema de ampliación de su vida útil y que contemplaba relaves filtrados.

En concreto, frente a las solicitudes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama solicitó pronunciamientos a la Dirección Común de Aguas (DGA) y al patrón regional de Fiscalización y Medio Círculo. En uno de estos informes, emanado en el año 2018, el director (s) de la DGA informaba que dicho esquema generaría pertenencias adversos significativos sobre la cantidad de medios renovables, en particular el agua, por lo que su vía de ingreso debía ser un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una simple Exposición de Impacto Ambiental (DIA), como pretendía la empresa (revise el oficio acá).

Según la investigación, que terminó con la formalización, en mayo del año 2018 se designó a contrata a uno de los imputados –Ulloa–, quien comenzó a desempeñarse como asesor judicial de la DGA, mientras que, en junio del mismo año, sin mediar proceso de quinta y selección, fue designada en el cargo de directora regional de la Dirección Universal de Aguas la segunda imputada en esta investigación –Fernández–. De la misma guisa, en julio de ese año, el hasta entonces director militar de Atacama Kozan, Francisco Sánchez, fue designado intendente de la Región de Atacama, cargo en el que se desempeñó desde julio de ese año hasta su renuncia en febrero de 2019.

Ya instalados en sus puestos, se desvinculó a Rodrigo Sáez, funcionario que suscribió los oficios de la DGA que se oponían a la DIA del esquema minero, por lo que se elaboró un nuevo oficio dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental completamente diverso al mencionado.

Meses posteriormente, Ulloa envió un correo a Fernández, remitiendo el plan de oficio con sus observaciones y señalando que el Servicio (DGA) expresaba su conformidad con el DIA, con lo que incorporó autorizaciones sectoriales al esquema minero, modificando la opinión técnica que indicaba que era necesario un Estudio de Impacto Ambiental.

Fernández, luego, suscribió un nuevo oficio, en que informaba en lo particular que este Servicio “se pronuncia conforme en la Declaración de Impacto Ambiental y se pronuncia conforme sobre los permisos ambientales sectoriales”. Esto lo hizo sin tener autorización de la Dispositivo de Conservación y Mantenimiento de la DGA.

Conveniente a esto, la Fiscalía de Atacama argumentó que los hechos descritos configuran el tipo penal de prevaricación administrativa previsto y sancionado en el artículo 228 del Código Penal. Sin bloqueo, los formalizados quedaron sin medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación, la que durará 6 meses.

La diligencia que terminó con la formalización de Ulloa y Fernández está enmarcada en una investigación por prevaricación administrativa y, eventualmente, tráfico de influencias, relacionada con el plan de continuidad operacional de la trajín minera Atacama Kozan, una compañía formada por la empresa japonesa Nittetsu Mining Co. y el liga Errázuriz. La investigación apunta a develar la concierto de la DGA en este caso y el libramiento cedido por el corporación manifiesto respecto a la tramitación ambiental del plan.