El Gobierno de Pimiento no reconoció la legalidad de las elecciones presidenciales desarrolladas este domingo en Nicaragua, las que dejaron a Daniel Ortega como presidente, continuando su mandato. Esto, porque acusan de que carecieron «de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente».
«La viaje se realizó en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución sistemática a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, partida de observadores internacionales y asedio a los medios de comunicación», señalaron en un comunicado emitido por Cancillería.
Dichos hechos «han sido denunciados por organismos que cautelan los derechos humanos, la Unión Europea y diversos países de la comunidad internacional», añaden.
Por tal motivo, el Gobierno chileno «rechaza y no reconoce la legalidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a alargar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial».
«Las autoridades nicaragüenses deben liberar sin condiciones a los presos políticos, restaurar la vigencia de los derechos civiles y políticos, autorizar el ingreso de organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos y terminar con el acoso a la concurso», emplazan.
En la parte final del comunicado, el Gobierno solidariza con el pueblo nicaragüense y «hace presente su disposición a trabajar en el ámbito multilateral —especialmente en el situación de la Estructura de Estados Americanos— y en toda otra instancia internacional para alcanzar el restablecimiento de la democracia en Nicaragua».
