Héctor Espinosa, ex director general de la PDI, sigue los pasos de Fuente-Alba: Fiscalía pide su formalización por malversación y lavado de dinero

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En la misma senda que Juan Miguel Fuente-Alba, el ex comandante en cabecilla del Ejército formalizado por lavado de parné a partir de mal uso de gastos reservados, ahora el turno es del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa. Esto, porque el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó un escrito frente a el Séptimo Judicatura de Señal de Santiago para formalizar al exjefe de la policía civil como autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de útil notorio y lavado de plata.

La causa contra el ex director de la PDI inició el 31 de diciembre del 2020, cuando la Dispositivo de Examen Financiero (UAF) reportó operaciones financieras sospechosas de Espinosa y de su señora, María Neira Cabrera, quien es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) y que asimismo será formalizada como autora de lavado de fortuna.

Según reporta el diario La Tercera, el refrendo esencia es el del subcomisario de la PDI, Eduardo Inostroza, quien era ayudante de Espinosa. Éste le «ordenaba», como aseguró en su prueba, rellenar documentos de millonarios depósitos en efectivo que hacía a las cuentas de Espinosa y de su cónyuge en las sucursales del Bandada Estado, de calle Rosas, y Lado de Pimiento, en calle Bandera.

El ex ayudante asimismo será formalizado por su décimo como autor de lavado y cómplice del desvío de las arcas fiscales, a pesar de que decidido colaborar para esclarecer los hechos que según él asegura fueron más correctamente “órdenes” que debió cumplir.

En la investigación, se detectaron, al menos, 53 depósitos en patrimonio en efectivo que en total suman cerca de $140 millones que fueron a detener a las cuentas corrientes del Faja de Pimiento de Espinosa y todavía su esposa por montos iguales o superiores a $1 millón mensualmente y a otra que el policía tenía en el Asiento Estado, hechos por los que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló.

La querella del CDE

El organismo fiscal presentó un expediente el pasado lunes contra Espinosa por tres delitos vinculados a hechos de corrupción: malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

La querella contra el subcomisario Eduardo Villablanca y lavado de activos, y por este postrer ilícito el Consejo acusa igualmente a la cónyuge del exjefe PDI, María Neira Cabrera.

“Los antecedentes reunidos en la investigación del Ministerio Público permiten fundadamente deducir que, con ocasión de la asignación y posterior rendición de los gastos reservados otorgados por Ley de Presupuestos de la Nación a la Policía de Investigaciones de Chile –que entre junio de 2015 y diciembre de 2018 ascendieron a 1.306.033.000 de pesos, el querellado Héctor Espinosa Valenzuela, entonces director general de la PDI, concertado con el subcomisario Eduardo Villablanca, su ayudante al momento de los hechos, sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados, los que este último depositó en efectivo  en cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, así como en cuentas propias”, señala el CDE.

El consejo añade que la argumento penal interpuesta describe la forma en que se falsificaron y/o utilizaron declaraciones juradas falsas para argumentar el uso y destino de los referidos gastos reservados, “presentadas entre 2015 y 2017 ante la Contraloría General de la República por el ex director general, así como ante la propia PDI, mediante certificados dolosos firmados por Espinosa para justificar egresos periódicos de fondos que, en promedio, ascendían a 30 millones de pesos mensuales”.

“Conforme con ello y como una forma de ocultar las sustracciones, en el proceso de rendición genérica y anual de los gastos reservados ante la Contraloría General de la República, el querellado falsificó y/o utilizó declaraciones juradas mendaces de buena inversión, mediante las cuales sostenía, bajo juramento, que estos se emplearon en los fines propios de la Policía de Investigaciones de Chile y en las misiones que le son inherentes, relativas al orden público y seguridad interior y exterior del país, señala la querella del CDE”, añade.

“El Consejo sostiene que, con los dineros sustraídos, los imputados, a sabiendas del origen ilícito de estos fondos, realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y adquiriendo bienes muebles o inmuebles. A la fecha, la indagatoria ha determinado la adquisición por parte de los imputados de vehículos, un departamento en la comuna de Las Condes, entre otros bienes”, finaliza el organismo.