Incendio revela el rostro más cruel de la explotación laboral en Perú

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En medio del evidente progreso crematístico que alcanzó en los últimos abriles, en Perú igualmente se mantienen condiciones que revelan el rostro más cruel de la explotación gremial e incluso se acercan a formas modernas de esclavitud, según puso en evidencia un gran incendio que se desató hace un semana en Limatón.

El siniestro comenzó el jueves pasado en un antiguo edificio del centro de la hacienda peruana que era usado por galerías de productos de ferretería y solo pudo ser extinguido totalmente cinco días a posteriori.

El miércoles, las autoridades ingresaron para rescatar los restos de dos jóvenes que trabajaban en unos contenedores colocados en la torrado sin permisos oficiales y a pesar de que se creía que servían para juntar productos eran, en efectividad, destinados para que trabajadores de escasos medios económicos falsifiquen las marcas de focos fluorescentes.

En medio de todos estos delitos e ilegalidades, los trabajadores eran encerrados con candado durante su etapa gremial para, supuestamente, evitar que fueran a sustraer algún producto.

La revelación de esta forma de explotación ha generado críticas tanto a la visión del país como un futuro miembro de la Estructura para la Cooperación y el Explicación Crematístico (OCDE), a la que aspira sumarse en 2021, así como a la efectividad de los organismos de supervisión sindical del Estado.

La Confederación Militar de Trabajadores del Perú (CGTP), la veterano central sindical del Perú, aseguró que los fallecidos “no son producto de errores, casualidades, destino o mala suerte”, sino víctimas de “un modelo de explotación que privilegia las ganancias por cualquier medio posible”.

En el caso de la obligatoria fiscalización estatal, el propio ministro de Trabajo, Alfonso Grados, admitió esta semana frente a una comisión del Congreso que esta solo llega al 10 % de las 494.000 empresas constituidas formalmente en el país.

Grados igualmente reveló que el organismo supervisor solo cuentan con 459 inspectores laborales a nivel doméstico.

Esta semana, la Procuraduría Pública del Tarea de Trabajo presentó una denuncia penal delante el Tarea Conocido contra los responsables del incendio, por la presunta comisión del delito contra las condiciones de seguridad y sanidad en el trabajo.

Estos delitos sancionan la inobservancia de las reglas de seguridad y sanidad en el trabajo con resultado de homicidio y igualmente implican el delito de trabajo forzoso.

La situación llevó incluso al pronunciamiento de la Estructura Internacional del Trabajo (OIT), que denunció que se había puesto en evidencia que en Perú se presentan condiciones que aproximan “a formas modernas de esclavitud como el trabajo forzoso, que afecta a millones de personas en todo el mundo”.

La OIT agregó que el trabajo en condiciones de toril es “una clara y manifiesta afectación a derechos fundamentales en el trabajo y a la dignidad humana” y consideró que “esta situación es totalmente intolerable en una sociedad moderna y justa”.

El organismo internacional dejó en claro que, para contender contra estos delitos, se debe sujetar la informalidad, vigorizar las inspecciones laborales, cumplir y hacer cumplir la ley y mejorar la seguridad de los trabajadores.

Precisamente, estas condiciones son agravadas por la altísima informalidad sindical en el país, que alcanza el 70 % de las empresas e incluso llega a un 25 % de las consideradas formales, según un documentación de enero pasado de la Superintendencia Doméstico de Fiscalización Gremial (Sunafil).

La Sunafil aseguró en ese momento que la informalidad implica vulneraciones y pone en peligro la integridad física de los trabajadores, quienes denuncian la equivocación de pagos por tiempo de servicios, remuneraciones bajas y vulneraciones a la viaje gremial y los tiempos de refrigerio.

La atención ahora se mantiene sobre las medidas que tomará el Gobierno, ya que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que “los responsables han cometido un acto criminal”, mientras que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, agregó que “ha sido claramente responsabilidad de quienes actuaron violando todas las leyes”.

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