Juan Díaz: pieza clave de la trenza que armó la UDI en caso Caval y que ayer se convirtió en el primer condenado

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El enjuiciador del Tribunal de Seguro de Rancagua, Luis Barría, dictó este lunes sentencia condenatoria en contra del ex cirujano político de la UDI y gerente inmobiliario de la empresa Caval, Juan Díaz, por soborno reiterado y delitos tributarios.

En esta causa, la Fiscalía Regional de O’higgins pidió una pena por soborno de tres abriles, más 61 días por delitos tributarios y otros 61 días por infracción a la Ley de quiebras, adicionalmente de una multa de $116 millones y 10 UTA por los delitos tributarios.

“Eso nos da la razón desde el momento mismo en que formalizamos y comunicamos los hechos”, sostuvo el jerarca fiscal de Rancagua, Sergio Moya, agregando que en el caso del ex militante de la UDI, “nos dejan conforme toda vez que es producto de una larga investigación y del trabajo de Carabineros”.

Se trata del primer condenado por el caso Caval y su condena es inédita, por cuanto no existe ninguna sentencia condenatoria respecto de cierto que haya intervenido conforme al artículo 38 de la Ley de quiebras,, explicó el persecutor.

La sentencia definitiva se dará a conocer el próximo sábado 25 de noviembre a las 12:00 horas. En tanto, el 4 de diciembre se realizará el procedimiento abreviado del síndico Herman Chadwick, y para el 5 de diciembre la audiencia de preparación del razón hablado.

Trenza con muchos UDIs

La trama de Caval está repleta de personeros que son o fueron cercanos (o derechamente militantes) de la UDI. Es el caso Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon en Caval, quien se vinculó con gremialistas para ir detrás de su sueño: emprender.

Ellos, los del otro costado político, tenían los contactos y aparición al gobierno para abrirle las puertas a la sociedad creada en noviembre de 2011, con $6 millones de caudal.

Se trataba de hombres ligados al núcleo duro del partido fundado por Jaime Guzmán –algunos de primera partidura, otros de segunda– que fueron apareciendo en la investigación.

Patricio Cordero –histórico militante de la UDI– era un promisorio abre puertas. Amigo y perpetuo colaborador de Joaquín Lavín, fue uno de los samuráis o estrechos colaboradores en sus dos campañas presidenciales y su administrador municipal en las alcaldías de Las Condes y Santiago.

Cuando Lavín asumió como ministro de Mejora Social, en 2011, por primera vez no se lo llevó con él, pero lo dejó a cargo de su gran obra: la Fundación Banigualdad, que entrega microcréditos a pequeños empresarios y en la que Cordero se mantiene como director ejecutor.

Cordero conoció a Valero como director militar de Tech Data, de la cual fue despedido por graves irregularidades. Se reunieron por primera vez en 2009, cuando Cordero acompañó a Isaac Givovich –yerno de Lavín–, quien quería desarrollar proyectos de salas de clases computarizadas, y la estadounidense Tech Data –mayorista que vende computadores de marcas como Microsoft, Lenovo, HP, Toshiba a distribuidores– podía aportar con tecnologías más económicas.

“La vida nos volvió a reunir una vez que Valero dejó la empresa Tech Data, ya que según él había jubilado. El proyecto de Isaac Givovich nunca funcionó. No obstante, igual nos mantuvimos en contacto”, declaró Cordero frente a el Empleo Notorio.

Entregado el interés, Cordero pensó que Valero lo veía “como un objeto de contacto en relación a la gente con la cual me relacionaba profesionalmente y es por eso que se interesó en mantener el contacto conmigo”, según dice en su refrendo jurídico.

En Caval, fue Juan Díaz quien le llevó el negocio de Machalí a Valero.

“Escucho que Valero sabía que Díaz estaba a cargo de gestionar la venta de unos terrenos en Machalí para el síndico (Herman) Chadwick (…). Juan Díaz le explica a Valero las condiciones del síndico. Yo estuve presente. Fue en un café. Que tenían que tener respaldo, no pidió nada especial, sino lo mismo que para todos (…). Todo el negocio lo llevaron adelante Valero y Díaz”, declaró Cordero.

Sin incautación, Caval obtuvo trato preferencial del síndico, ya que no dejó una libranza de fianza por el 10% del negocio, es proponer, $650 millones, sino un cheque por $100 millones. Quienes ayudaron a la sociedad de Compagnon y Valero a tener esa facilidad con el síndico fueron Juan Díaz y Patricio Cordero, los que asimismo habrían conseguido que no cobrara el cheque cuando venció el plazo de la promesa de compraventa.

Grupo Lavín

En octubre del presente año, una “bomba” explota en las manos del corregidor de Las Condes, Joaquín Lavín: su yerno, Isaac Givovich, y su hija, Aceptación Lavín, denunciaron al patrón comunal frente a el Servicio de Impuestos Internos (SII) en una trama que atraviesa el caso Caval.

Un reportaje de Radiodifusión Bío Bío dio cuenta de una cita a la que asistió Joaquín Lavín, Isaac Givovich y Aceptación Lavín en el café Starbucks de Isidora Goyenechea, el miércoles 28 de junio.

Los acompañaban un abogado y un contador.

En la ocasión, se le presentó al corregidor de Las Condes una serie de documentos tributarios. Uno de ellos, tenía relación con una ganga de impuestos de noviembre de 2015 por $189 millones contra la empresa GES Consultores, de propiedad de Isaac y Admisión Lavín.

El Servicio de Impuestos Internos les estaba cursando un cobro por los servicios que le prestaron para su fallida campaña senatorial por la V Región Costa en 2009. La firma había operado como intermediario de los proveedores, por lo que recibió facturas por los servicios prestados.

“GES debía facturar dichos montos a la campaña, lo que habría disparado el gasto electoral de Lavín por sobre el límite legal de casi $600 millones. Pero GES Consultores no facturó de vuelta. Tampoco realizó sus declaraciones de impuestos ante el SII y el resto de la familia Lavín no cree que los cobros que el SII le está haciendo a GES Consultores tengan que ver con la campaña de 2009”, afirma la investigación hecha por la emisora.

Frente a la negativa de su padre, Aceptación le sacó en cara que los dineros para los proveedores fueron depósitados en su cuenta bancaria personal y que, incluso, él mismo había solicitado que no fuera a fallar frente a el SII cuando la llamaron a testimoniar.

Lavín no quiso escuchar más y les contestó que para eso estaba su abogado: Cristóbal Bonacic.

El yerno e hija de Joaquín Lavín sabían que poco andaba mal. ¿Qué es lo que escondía Lavín?

Habían dos facturas por $300 millones emitidas por GES Consultores a la empresa Wiesner S.A. Esta firma había vendido tres predios en Machalí a Caval, en $6.500 millones.

Cerca de memorar que el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, formalizó a Isaac Givovich por la facilitación de hechura falsa a Juan Díaz.

“El Ministerio Público cree que con dicha factura ambos se concertaron para extraer dinero de Wiesner, la quebrada sociedad que vendió los terrenos en Machalí. La misma factura, además, es la que aparece en la liquidación que Lavín no quiso leer en el Starbucks de Isidora Goyenechea”, consigna el reportaje de radiodifusión Bío Bío.

Lo cierto es que el 18 de septiembre pasado Givovich ingresó una denuncia frente a el SII, donde menciona a todas las personas que participaron en la campaña de 2009. Entre ellas, Cristina Bitar y Lorena Espinosa, secretaria personal del Lavín. Ambas -según Givovich- fueron quienes le habrían entregado el metálico para avalar a los proveedores.

De acuerdo al dueño de GES Consultores, su suegro le instruyó “ocultar” la información de esa campaña con el fin de evitar su vinculación con “otro caso de connotación pública”: el caso Caval.

Su traducción se encuentra respaldada con correos electrónicos, mensajes de texto y WhatsApp.

“He recibido instrucciones precisas del señor Lavín Infante de ocultar constantemente esta situación. Se me avisa que si hago esta denuncia se me vincularía a otro caso de conmoción pública y se me imputarían multas por parte de este servicio (SII) a causa de ese caso (Caval)”, dice el documento presentado frente a el SII.

En medio de la investigación a Givovich por este caso faltaba esta alcoba esencia: la baratura que Lavín no quiso ojear en el Starbucks de Isidora Goyenechea.

Tal como advierte el artículo divulgado por la emisora, los impuestos que el SII está cobrando a GES Consultores corresponden a los abriles comerciales 2011, 2012 y 2013, por lo que no coincide con la campaña senatorial de Lavín de 2009 ni con las facturas que emitió GES Consultores en julio y octubre de 2014 a Wiesner S.A.

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