Justicia española envía a prisión a dos líderes separatistas de Cataluña

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La árbitro de la Audiencia Doméstico de España Carmen Lamela envió hoy a prisión sin fianza a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Doméstico Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de sedición.

La magistrada los acusa de “promover” el 20 de septiembre el asedio por el que varios agentes de la Patrulla Civil (en calidad de policía procesal) permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Pertenencias catalana en un registro vinculado a los preparativos de la consulta ilegal.

Lamela adoptó esta valentía en un coche a petición de la Fiscalía tras rehusar su solicitud de remitir a prisión por estos mismos hechos al patriarca de la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluis Trapero, al que impuso medidas cautelares leves.

Sánchez y Cuixart, a los que la enjuiciador asigna el papel de “promotores y directores” de las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Bienes, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación con ese asedio que ingresan en prisión, tras proponerlo la Fiscalía.

En ese papel de promotores, los dos se mantuvieron al frente de las concentraciones “durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes”, agrega el coche.

Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el automóvil peligro de reiteración delictiva, “ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas”, y todavía observa “alta probabilidad” de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.

Adicionalmente de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca incluso que las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio frente a la Consejería, todavía se usaron el 1 de octubre, vencimiento de la celebración del referéndum ilegal independentista.

Desde ellas, “realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales”.

Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata cómo desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la “protección” de sus gobernantes con consignas como “parar a la Guardia Civil”.

Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un transporte, añade.

“Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (…) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones”, destaca el coche.

Con ello, según la enjuiciador, pretendían “impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución”.

La sentenciador apunta a Cuixart y Sánchez como los “interlocutores” de las movilizaciones, pero sin aceptar las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni tratar de desconvocar o diluir esas concentraciones.

El portavoz del Gobierno regional, Jordi Turull, dijo que el encarcelamiento de los dos dirigentes es “un escarmiento al independentismo y una venganza” por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En una entrevista con una televisión catalana, Turull se refirió a los dos dirigentes catalanes como “presos políticos” y agregó que “el Estado está jugando no solo a reprimir, sino a provocar”.

Con antelación, el presidente catalán, Carles Puigdemont, denunció que con el giro a prisión de Sánchez y Cuixart “pretenden encarcelar ideas pero nos hace más fuerte la necesidad de libertad”.

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