Justicia española ordenó al Estado de Chile el pago de millonaria indemnización a dueños de diario confiscado en dictadura

Tras un pugilato iniciado por el fallecido propietario de El Clarín, Víctor Pey, la probidad de España ordenó al Estado de Pimiento acreditar la suma de 520 millones de euros a los accionistas del diario que fue confiscado durante la dictadura de Pinochet.

El temprano fue clausurado por los militares el mismo día del Conmoción, posteriormente de 19 abriles de existencia. Sus fortuna fueron confiscados, y sus periodistas y editores perseguidos y encarcelados. Ese día el diario no salió, los militares llegaron a las 04:00 a detener las prensas para impedir su circulación. Según su dueño, Víctor Pey, las máquinas fueron regaladas a El Mercurio.

Encima, según consignó El País, «los activos del circular en Pimiento siguen ocupados por los militares casi medio siglo a posteriori». Y es que El Clarín fue el diario chileno de veterano patrimonio y ventas de la época, con una columna editorial de apoyo al gobierno de la Pelotón Popular (UP) encabezado por el Presidente Salvador Más allá.

“El CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al reiterar que los dueños de El Clarín tienen el derecho a ser compensados ‘de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer’ y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. Este derecho tiene autoridad de ‘cosa juzgada’ desde 2008 en los 155 países que han ratificado el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile”, añadió el medio antaño mencionado apuntando a la audacia del tribunal.

El falta de la probidad española sucede a otros donde el Estado chileno ha adecuado desembolsar altas sumas de patrimonio por concepto de indemnización por los actos cometidos por la dictadura de Pinochet, que van de la mano con lo metódico por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Cárcel Mundial; un tribunal al que acuden los inversores extranjeros para demandar por sus derechos no respetados.

La indemnización recae en las arcas fiscales del gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que la antedicho distribución de Sebastián Piñera, y de Michelle Bachelet, dilataran el suscripción de esta resolución, que data desde el año 2008, con una aplicación de 5% anual por concepto de intereses en retraso.

“Al comunicar el auto el pasado 20 de diciembre a la representación del Estado chileno en Madrid y a su Procurador ante el juzgado, el Gobierno de Sebastián Piñera se negó a recibirlo y pidió remitirlo a Santiago, lo que el juzgado hizo. Sin embargo, cuando aún está por resolverse si la comunicación surtió en diciembre los efectos jurídicos que establece la ley procesal, es sobre el gobierno de Boric que caen las consecuencias que Piñera en sus dos mandatos al frente del país no haya cumplido la obligación de indemnizar, a pesar de que públicamente se comprometió a hacerlo”, aseguró el medio castellano.

Cerca de mencionar que la primera batalla de los militares sublevados fue silenciar a los medios partidarios del régimen constitucional. El Clarín era uno de ellos, si no el principal, en virtud de los casi 250 mil ejemplares vendidos diariamente. El propietario del temprano, el patrón chileno-español Víctor Pey Casado, sostuvo que los efectivos del Ejército irrumpieron rodeando de las 4:00 horas en oficinas y talleres del diario El Clarín, situadas por entonces en calle Dieciocho 263. Con la clausura de este medio impreso, la incipiente Comité Marcial infligía un shock demoledor a la excarcelación de expresión y al pluralismo informativo.

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