La “caja negra” de las municipalidades del sector oriente: Las Condes y Lo Barnechea han transferido más de $14 mil millones para seguridad a entidades privadas sin fiscalización

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El “Vitagate”, la denuncia de irregularidades en cuota de subvenciones que tiene en sus manos la Fiscalía de Inscripción Complejidad Metropolitana Oriente, y que ha incluido entre sus diligencias el  igualación de la casa del histórico ex corregidor RN Raúl Torrealba, no es el único caso que ha puesto en el tapete el manejo de las platas en las comunas del sector oriente de la haber, controladas por la derecha.

Esto, porque un reportaje publicado en el sitio web de América Transparente reveló que más de $14 mil millones han transferido en los últimos 3 abriles los municipios de Las Condes y Lo Barnechea a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas, un mecanismo que conlleva riesgos de potenciales sobreprecios y sobresueldos. Se trata de otra “caja negra” en estas administraciones comunales.

En el caso de Lo Barnechea, el mecanismo data de la época de la alcaldía de Felipe Guevara –flagrante delegado presidencial de la Región Metropolitana- y en Las Condes se remonta al período del exalcalde y derrotado candidato presidencial Joaquín Lavín.

Esa es la denuncia realizada en un reportaje de María Fernanda Leiva y Tamara Silva, del Taller de Periodismo Liberal de la Prerrogativa de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Pimiento, que en síntesis deja en evidencia que para hacer estos traspasos de bienes a la seguridad comunal, cuyos montos constan en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades (Registro 19.862), ambas administraciones locales implementaron un sistema que no permite la competencia ni el investigación conocido. Esto, porque se realizan mediante entidades privadas que no están obligadas a informar sus operaciones ni contrataciones: “Lo Barnechea Seguridad” y la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”.

Lea el reportaje completo en este link. 

“Descargamos las actas de los Concejos Municipales de ambas comunas desde el año 2014 hasta julio de 2021, las filtramos con las menciones de estos organismos, y así pudimos llegar a información valiosa. Los registros de colaboradores de la municipalidad nos permitieron llegar a los montos, y pudimos conocer que era mucho el dinero que se le transfiere a estas organizaciones privadas”, explicaron a El Mostrador sus autoras. Agregaron que estas organizaciones funcionales debieran ser fiscalizadas, y tienen que cumplir su objetivo de servir para el bienestar de los vecinos, no como «entes empresariales que conllevan vacíos legales».

Entreambos organismos son financiados por sus respectivos municipios, pero actúan como entes independientes que compran fuera del sistema de adquisiciones públicas. Estas entidades pagan las remuneraciones de los patrulleros, sus uniformes, la adquisición/arriendo de vehículos y motos, la adquisición de tecnologías como cámaras corporales y servicios de asesorías y capacitaciones. Sin requisa, los guardias de seguridad en Las Condes y en Lo Barnechea son empleados de un organismo privado, y la municipalidad no tiene responsabilidades contractuales sobre estos ni eventuales faltas al Código del Trabajo. Encima, ni la Unión Comunal ni Lo Barnechea Seguridad transparentan sus nóminas de trabajadores ni proveedores, señala el reportaje.

“Los montos que los municipios le transfieren a estos entes privados deben ser previamente aprobados en las sesiones de sus respectivos concejos municipales en forma de subvenciones. Aunque utilizan recursos municipales, estas entidades no están sujetas a las normas de transparencia y acceso a información que permiten conocer cifras y documentos de gastos ejecutados en reparticiones públicas Pero la Contraloría General de la República no tiene la facultad de fiscalizar la contabilidad ni el patrimonio de Lo Barnechea Seguridad ni de la Unión Comunal de Las Condes. Los recursos de estos dos organismos funcionales pueden provenir de otras fuentes además del municipio, tales como rifas u otros eventos sociales, por lo que no pueden ser totalmente fiscalizados”, señala el reportaje.

Según Juan José Lyon, esto tiene ribetes similares a lo ocurrido en Vitacura. “Lo normal sería que Las Condes hiciera una licitación pública para la compra de uniformes, se hace esto para hacerlo más rápido, sería interesante saber cuál fue la empresa que participó, que precios pagó, pero eso no hay cómo saberlo. En el caso de Vitacura, la alcaldesa (Camila Merino) hizo una denuncia a la Fiscalía para saber en qué se están gastando las platas, porque Contraloría no se puede meter, y mandó a investigar las figuras de estas organizaciones funcionales de la comuna, porque se hacen para facilitar la adquisición en gastos de seguridad, para poder contratar más gente, pero no hay control. Este no es el caso de Las Condes y Lo Barnechea porque continúan alcaldes del mismo partido, entonces no envían a fiscalizar”.

Peligro de sobreprecios y sobresueldos

Se trata de un mecanismo que conlleva riesgos de potenciales sobreprecios y sobresueldos. “No sabemos si trabajan familiares o ex alcaldes, se sabe que las plantas municipales no pueden pagar mucha plata y perfectamente un funcionario podría estar contratado por la Unión Comunal, y pagarle un sobresueldo por ahí”, explica a El Mostrador Juan José Lyon, director ejecutor de América Transparente.

De hecho, un referencia del Observatorio Fiscal ya puso el tema en el tapete, criticando que este tipo de entidades no tengan las mismas regulaciones que los municipios, ya que “ejercen funciones de interés público y administran patrimonio de igual naturaleza que las del Gobierno Central y los organismos públicos definidos por ley, los que merecen ser conocidos y rendidos frente a la ciudadanía”, lo que abre “claros riesgos en materia de probidad y conflictos de interés, puesto que sin la debida transparencia y disponibilidad de información clave”.

El corregidor de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, explicó en el reportaje que el mecanismo se emplea cedido que “las dotaciones de los municipios deben ajustarse a sus plantas” y que su municipio sólo considera 357 cargos, por lo que el sistema les permite externalizar las contrataciones. Adicionalmente, sostiene que “no es posible publicar las listas de remuneraciones de personal y proveedores, ya que afectaría la privacidad y derecho a la intimidad de éstos, sin que una ley lo faculte”. En los últimos cinco abriles, el municipio de Lo Barnechea le ha traspasado $5.800 millones a Lo Barnechea Seguridad.

En cuanto a las aristas que se abren esta denuncia, Juan José Lyon señaló que “se debería regular que los municipios no tengan estas organizaciones o que estas organizaciones pasen a poder ser fiscalizadas por la Contraloría o que el Consejo para la Transparencia lo fiscalice. Los municipios del sector oriente encontraron esta figura que les permite gastar sin control, contratar a quién quieran, y eso no está bien, porque hoy en día la democracia pide que existan mecanismos de control y de transparencia, que se pueda ver en qué se gasta la plata. Estas organizaciones permiten que se contraten a dedo”.